EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de 30 de diciembre de 1944 introdujo modificaciones considerables
en el ordenamiento legislativo anterior, referentes no sólo a las normas
sustantivas del régimen inmobiliario, sino también al Estatuto orgánico de los
Registradores, a la organización territorial de los Registros y a la
simplificación de sus asientos. Tales reformas fueron escrupulosamente
recogidas en el Texto Refundido de 8 de febrero de 1946, el cual, además de
armonizar las Leyes de 1909 y de 1944, introdujo una nueva ordenación de
materias, distribuyendo sistemáticamente los títulos de la Ley, y utilizó con
ponderada mesura las autorizaciones concedidas por las Cortes al Ministerio
de Justicia en orden a la organización territorial de los Registros y al
Estatuto personal de los Registradores.
Mas al promulgarse el vigente Texto Refundido, con innovación y reformas
tan acusadas, surgió inmediata y urgente la necesidad de un Reglamento que
desarrollase los preceptos nuevos de la Ley, regulase las materias atribuidas
por ésta a la facultad reglamentaria, pusiese término, al mismo tiempo a las
dificultades prácticas que forzosamente había de ofrecer la coexistencia de
un texto legal novísimo y de un Reglamento ajustado a la Ley anterior y que,
por añadidura, estaba ya anticuado y había sido objeto de numerosas reformas
fragmentarias.
A tan patente necesidad acudió el Ministerio de Justicia, designando al
efecto una Comisión de Juristas que, siguiendo el ejemplo de la que redactó
el texto legal refundido, ha dado cima en breve tiempo, y con el esfuerzo que
su obra pone de relieve, al adjunto Reglamento.
En él se ha mantenido el plan utilizado en el que rigió en las antiguas
provincias españolas de Ultramar y que siguió después el 5 de agosto de 1915,
o sea, el de contener los mismos títulos que la Ley, con idéntica denominación
y por el mismo orden con que en aquélla se exponen, pues así se facilita en
grado extraordinario, la confrontación del texto legal con el reglamentario
correspondiente. En este aspecto, puramente formal, se ha introducido la
novedad, empleada ya en otros Reglamentos de la Administración, de acotar los
artículos relativos a una misma materia con rúbricas o epígrafes marginales,
que sirven para simplificar la consulta de aquellos.
Se ha incluido un Anexo, que ya figuraba en los anteriores Reglamentos,
comprensivo de los modelos a que, por regla general, y dejando a salvo las
particularidades de cada caso, deben ajustarse los asientos, certificaciones,
índices y estadísticas de los Registros, con la finalidad no sólo de uniformar
la práctica de estas oficinas, sino también la de abreviar y simplificar las
fórmulas de sus asientos y operaciones, conforme al deseo expresado de modo
taxativo por el legislador, al satisfacer en esta materia una necesidad
acreditada por la experiencia.
Fuera del aspecto puramente formal, y dentro del terreno sustantivo,
resultaría prolija en demasía la exposición de todas y cada una de las
innovaciones y modificaciones que el nuevo- Reglamento introduce en el
anterior, que son múltiples y algunas profundas, toda vez que en él se han
recogido no sólo las normas de desenvolvimiento de las nuevas instituciones
jurídicas sancionadas en el texto legal refundido y las contenidas en
numerosas disposiciones dispersas posteriores a 1915, sino también las
dimanantes de la doctrina establecida por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Bastará
para destacar su importancia enumerar algunas de las de mayor relieve. Se ha
procurado simplificar y sistematizar en el nuevo Reglamento la regulación
registral de las concesiones administrativas, sobre la base de la inscripción
de la unidad de la obra pública, incluyéndose también en la regulación las
explotaciones industriales destinadas a la producción o distribución de
energía eléctrica que hayan sido objeto de la correspondiente concesión
administrativa.
Y es novedad importante la de haberse arbitrado un procedimiento idóneo
para la inscripción de los aprovechamientos de aguas públicas adquiridos por
prescripción, dando satisfacción a una necesidad apremiante de la
Administración pública y de los propietarios interesados desde que fueron
suprimidas las informaciones posesorias, que antes servían de título de los
referidos aprovechamientos, conforme al Real Decreto-ley de 7 de enero de
1927.
 

En el orden privado, de las relaciones patrimoniales familiares en cuanto
repercuten en el Registro de la Propiedad, se han consignado reglas claras y
precisas para la inscripción de los inmuebles y derechos reales adquiridos por
mujeres casadas a título oneroso durante el matrimonio, así como para la
inscripción de los actos y contratos dispositivos de tales bienes y derechos,
procurando con las nuevas normas, que se ajustan rigurosamente a los
principios básicos de la legislación civil, resolver las frecuentes dudas y
dificultades que una copiosa jurisprudencia, no siempre concorde, había puesto
de relieve.
Dentro del orden procesal, tan íntimamente relacionado con el régimen de
Registro, se han dictado normas minuciosas para el procedimiento especial de
ejecución de los derechos reales inscritos, establecido por el artículo 41 del
texto legal refundido, conforme a la trascendental innovación introducida por
la Ley de 1944, encaminada a favorecer el prestigio y eficacia de la
institución jurídica del Registro, y se ha reformado, de acuerdo con las
enseñanzas experimentales, la tramitación de los recursos gubernativos contra
la calificación de los Registradores, a fin de abreviarla y de conceder
formalidad para interponer el recurso, en todo caso, al funcionario
autorizante del documento rechazado por la calificación registral. Asimismo,
cumpliendo inexcusable mandato legal, se ha desarrollado, con la perfección
posible, el procedimiento extrajudicial para ejecución del crédito
hipotecario, teniendo presente las enseñanzas derivadas del procedimiento
regulado «ad exemplum» en el artículo 201 del Reglamento anterior. En orden
al derecho de hipoteca, se han dictado normas complementarias para la
regulación de las nuevas modalidades introducidas por el texto legal, como son
la que garantiza rentas o prestaciones periódicas, la constituida por acto
unilateral y la de responsabilidad limitada, tendiendo en su reglamentación
a facilitar su constitución y su régimen para que lleguen a adquirir realidad
práctica según se propuso el legislador al darlas carta de naturaleza en
nuestra legislación.
Asimismo se ha facilitado, en armonía con la pauta iniciada por la Ley
de 1944, y reflejada en el Texto Refundido, el acceso de la propiedad no
inscrita en el Registro, regulando minuciosamente los diferentes medios de
inmatriculación admitidos por la Ley, a fin de que puedan utilizarse por la
pequeña y la mediana propiedad, si bien con las garantías necesarias para
evitar posibles fraudes y para que, en ningún caso, los resortes del sistema
puedan actuar en favor de los usurpadores del patrimonio común, especialmente
del forestal del Estado.
Y, finalmente, se han dictado las oportunas normas relativas a la
inadmisión de documentos no inscritos en Juzgados, Tribunales y Oficinas, con
sujeción estricta a lo prevenido en el artículo 313 de la Ley, y con el
saludable propósito de que la prohibición ordenada por el legislador llegue
ahora a ser eficaz y no se convierta en letra muerta, según sucedió
anteriormente con preceptos análogos.
Todas estas disposiciones, y otras muchas que se omiten, aconsejan que
el nuevo Reglamento se publique con carácter definitivo no sólo para evitar,
como ocurrió con el anterior que, promulgado como provisional, ha regido más
de treinta años, sino también porque en esa forma ha de robustecerse su
autoridad con el dictamen previo del más Alto Cuerpo Consultivo del Estado,
que si siempre sería conveniente al regular institución tan importante como
es el Registro de la Propiedad Inmueble, resulta inexcusable para corroborar
que el nuevo ordenamiento no ha rebasado el estricto marco legal dentro del
cual debe desenvolver la Administración su facultad reglamentaria.
TITULO PRIMERO
Del Registro de la Propiedad
y de los títulos sujetos a inscripción
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Artículo 1
Los Registros de la Propiedad tendrán la circunscripción territorial,
capitalidad y denominación actuales, las cuales podrán modificarse, cuando el
interés público lo aconseje, de acuerdo con lo establecido en las Leyes y en
este Reglamento. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de
1982).
 
 

Artículo 2
Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley,
las inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya
circunscripción territorial radiquen los inmuebles.
Si alguna finca radicase en territorio perteneciente a dos o más
Registros, Ayuntamientos o Secciones, se hará la descripción de la totalidad
en todos ellos, especificando la cabida correspondiente a cada Sección o
Ayuntamiento. Se consignará también, si constare, la descripción especial de
cada porción.
 
 

Artículo 3
Cuando, indebidamente, una finca figurase inscrita en un Ayuntamiento
o Sección distinto del que le correspondiere, dentro del mismo Registro, el
interesado podrá solicitar del Registrador la traslación del asiento o
asientos, acompañando a la petición el título inscrito y certificación
administrativa que acredite el hecho. Si el Registrador estimar justificada
la traslación, la efectuará sin más trámites que comunicar la solicitud a los
restantes interesados a quienes pueda afectar la traslación, si los hubiere,
consignando las oportunas notas de referencia en los asientos trasladados y
en los que nuevamente practique.
La traslación se efectuará copiando íntegramente los asientos y notas de
la finca en el folio y bajo el nuevo número que le corresponda, clausurándose
su historial antiguo y expresándose en el libro y folio el motivo de la
traslación, mediante las oportunas notas marginales.
Cuando la Sección o Ayuntamiento en que deba inscribirse la finca
perteneciera a otro Registro, será necesaria, además, la conformidad de ambos
Registradores, y se acompañará a la solicitud certificación literal de todos
los asientos y notas de la finca indebidamente inscrita, que se copiará
íntegramente en el folio que corresponda, previa la oportuna calificación,
extendiéndose igualmente las diligencias prevenidas en el párrafo anterior
En todos los casos se practicarán las operaciones que fueren pertinentes
en los Indices.
En cualquier supuesto de negativa o disconformidad, podrá el interesado
recurrir a la Dirección General, la cual, con los informes de las personas o
Entidades que estime necesarios, resolverá lo procedente y dictará, en su
caso, las reglas precisas para que la traslación se practique.
BIENES Y DERECHOS INSCRIBIBLES Y TITULOS SUJETOS A INSCRIPCION
Artículo 4
Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los
mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y
por tanto, los de las Administraciones públicas y los de las entidades civiles
o eclesiásticas. (Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
 
 

Artículo 5
Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de
inscripción, conforme a su legislación especial. 
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)
 
 

Artículo 6
Si un inmueble de propiedad privada adquiere la naturaleza de bien de
dominio público, se hará constar esta circunstancia en la inscripción del
título de expropiación, deslinde, cesión obligatoria o cualquier otro del que
resulte tal condición.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre) 
Declarado nulo por Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001 
 

Artículo 7 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley, no sólo deberán
inscribirse los títulos en que se declare, constituya, reconozca, transmita,
modifique o extinga el dominio o los derechos reales que en dichos párrafos
se mencionan, sino cualesquiera otros relativos a derechos de la misma
naturaleza, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real que, sin
tener nombre propio en derecho, modifique, desde luego, o en lo futuro,
algunas de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a
derechos reales.
 
 

Artículo 8 
Los actos y contratos que con diferentes nombres se conocen en las
provincias en que rigen fueros especiales, y producen, respecto a los bienes
inmuebles o derechos reales, cualquiera de los efectos indicados en el
artículo anterior, estarán también sujetos a inscripción.
Para inscribir dichos actos y contratos se presentarán en el Registro los
documentos necesarios, según las disposiciones forales, y, en su caso, los que
acrediten haberse empleado los medios que establece la legislación supletoria.
 

Artículo 9
No son inscribibles la obligación de constituir, transmitir, modificar
o extinguir el dominio o un derecho real sobre cualquier inmueble, o la de
celebrar en lo futuro cualquiera de los contratos comprendidos en los
artículos anteriores, ni en general cualesquiera otras obligaciones o derechos
personales, sin perjuicio de que en cada uno de estos casos se inscriba la
garantía real constituida para asegurar su cumplimiento, o se tome anotación,
cuando proceda, de conformidad con el artículo 42 de la Ley.
 
 

Artículo 10
Las resoluciones judiciales que deben inscribirse conforme a lo
dispuesto en el número 4.º del artículo 2 de la Ley, no son sólo las que
expresamente declaren la incapacidad de alguna persona para administrar sus
bienes o modifiquen con igual expresión su capacidad civil en cuanto a la
libre disposición de su caudal, sino también todas aquellas que produzcan
legalmente una u otra incapacidad, aunque no la declaren de un modo
terminante.
 
 

Artículo 11
No serán inscribibles los bienes inmuebles y derechos reales a favor
de entidades sin personalidad jurídica.
Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de
empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad siempre que se
acredite, conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria, la composición de las
mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes,
practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las integran
con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido.
Podrán inscribirse cesiones y adjudicaciones de bienes inmuebles y
derechos reales a favor de las comisiones de acreedores, sin necesidad de
expresar su composición, acordadas en convenios que pongan fin a suspensiones
de pagos, concursos o quiebras, identificándose en el asiento el auto judicial
de homologación del convenio. Tales inscripciones no serán oponibles a los
acreedores que acrediten haber ejercitado su derecho de abstención mediante
certificación judicial.
Serán susceptibles de inscripción los bienes inmuebles y derechos reales
pertenecientes a fondos, sean fondos de pensiones, de inversión interior o
exterior, de titulización hipotecaria, o de titulización de activos. El acta
de inscripción se practicará a favor de dichos fondos como bienes del
patrimonio de los mismos.
También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo
a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 3 de enero del 2001)
 

Artículo 12 
Serán igualmente inscribibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 20, y al amparo, en su caso, del 205 de la Ley:
1.º Las copias notariales de las actas judiciales protocolizadas de
deslinde y amojonamiento de fincas, cuando hayan sido citados en el expediente
los propietarios colindantes.
2.º Los deslindes administrativos debidamente aprobados.
 
 

Artículo 13 
En las cesiones de suelo por obra futura, en las que se estipule que
la contraprestación a la cesión consiste en la transmisión actual de pisos o
locales del edificio a construir, que aparezcan descritos en el propio título
de permuta conforme a la Ley de Propiedad Horizontal y con fijación de la
cuota que les corresponderá en los elementos comunes, al practicarse la
inscripción se hará constar la especial comunidad constituida entre cedente
y cesionario, siempre que se fije un plazo para realizar la edificación, que
no podrá exceder de diez años.
Salvo que en el título de cesión se pacte otra cosa, el cesionario podrá
por sí solo otorgar las escrituras correspondientes de obra nueva y propiedad
horizontal, siempre que coincida exactamente la descripción que se haga en
ellas de los elementos independientes a que se refiere el párrafo anterior.
La inscripción de la propiedad horizontal determinará que tales elementos
queden inscritos a favor del cedente, sin necesidad de formalizar acta
notarial de entrega.

Salvo pacto en contrario, el cesionario no podrá enajenar ni gravar, sin
consentimiento del cedente, los elementos independientes que constituyen la
contraprestación.
El régimen previsto en este artículo no será aplicable cuando los
contratantes hayan configurado la contraprestación a la cesión de forma
distinta a lo contemplado en el párrafo primero o como meramente obligacional.
En este caso se expresará de forma escueta en el cuerpo del asiento que la
contraprestación a la cesión es la obra futura, pero sin detallar ésta. En el
acta de inscripción y en la nota al pie del documento se hará constar que el
derecho a la obra futura no es objeto de inscripción.
No obstante, si se hubiera garantizado la contraprestación con condición
resolutoria u otra garantía real, se inscribirán estas garantías conforme al
artículo 11 de la Ley Hipotecaria.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 3 de enero del 2001)
 

Artículo 14 
Será inscribible el contrato de opción de compra o el pacto o
estipulación expresa que lo determine en algún otro contrato inscribible,
siempre que además de las circunstancias necesarias para la inscripción reúnan
las siguientes:
1.ª Convenio expreso de las partes para que se inscriba.
2.ª Precio estipulado para la adquisición de la finca y, en su caso, el
que se hubiere convenido para conceder la opción.
3.ª Plazo para el ejercicio de la opción, que no podrá exceder de cuatro
años.
En el arriendo con opción de compra, la duración de la opción podrá
alcanzar la totalidad del plazo de aquél, pero caducará necesariamente en caso
de prórroga, tácita o legal, del contrato de arrendamiento.
 
 

Artículo 15 
Los inquilinos y arrendatarios que tengan derecho de retorno al piso
o local arrendado, ya sea por disposición legal o por convenio con el
arrendador, podrán hacerlo constar en el Registro de la Propiedad mediante
nota al margen de la inscripción de dominio de la finca que se reedifique. Sin
esta constancia no perjudicará a terceros adquirentes el expresado derecho.
Para extender la nota bastará solicitud del interesado, acompañada del
contrato de inquilinato o arriendo y el título contractual, judicial o
administrativo del que resulte el derecho de retorno. Transcurridos cinco años
desde su fecha, las expresadas notas se cancelarán por caducidad. (Artículo
redactado por Decreto de 17 de marzo de 1959).
 
 

Artículo 16 
1. Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del
superficiario el derecho de construir edificios en suelo ajeno y el de
levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo de
fundos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de
superficie deberán reunir, además de las circunstancias necesarias para la
inscripción, las siguientes:
a) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de
setenta y cinco años en el concedido por los Ayuntamientos y demás personas
públicas, ni de noventa y nueve en el convenido entre particulares.
Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del
suelo, salvo que se hubiese pactado que el superficiario habría de conservar
parte de la edificación, fijándose la cuota que le corresponde y las normas
de comunidad por las que se rige el inmueble una vez extinguido el derecho de
superficie.
No obstante, antes de su vencimiento, podrá prorrogarse la situación
superficiaria por otro período no superior al máximo legal.
b) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el
superficiario, si el derecho se constituyere a título oneroso.
c) Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder de
cinco años; sus características generales y destino de la construcción. El
transcurso del plazo no impedirá, sin embargo, la inscripción de la
declaración de la obra nueva, siempre que el régimen del derecho de superficie
esté aún vigente e inscrito.
d) Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el
superficiario.
e) Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimiento de
los pactos del contrato.
No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de
superficie a comiso.
2. El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de
realizar construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones
resultantes, que, sin constituir derecho de superficie, se reserve el
propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita a
un tercero, será inscribible conforme a las normas del apartado 3.º del
artículo 8 de la Ley y sus concordantes. En la inscripción se hará constar:
a) Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los
elementos y gastos comunes o las normas para su establecimiento.
b) Determinación concreta del número máximo de plantas a construir.
c) El plazo máximo para el ejercicio del derecho de vuelo, que no podrá
exceder de diez años.
d) Las normas de régimen de comunidad, si se señalaren, para el caso de
hacer la construcción.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 3 de enero del 2001)
 

Artículo 17 Los bienes inmuebles y los derechos reales que pertenezcan a los
Administraciones Públicas se inscribirán en las Registros de la Propiedad de
los partidos en que radiquen aquéllos.
Las Administraciones públicas adoptarán las órdenes necesarias para la
inscripción de sus bienes, con arreglo a su legislación especial.
En las inscripciones podrán hacerse constar el organismo o servicio al
que se hallaren adscritos los bienes. Si aquéllos tienen personalidad jurídica
y los bienes pertenecen a su patrimonio independiente, se inscribirán a favor
de los mismos.
Con posterioridad a la inscripción de los bienes, podrá también hacerse
constar por nota marginal los cambios de adscripción de los bienes de las
Administraciones públicas a los diversos órganos de las mismas, por
reorganización, alteración administrativa o por cualquier otra causa, mediante
el traslado de la disposición administrativa correspondiente.
La previa división horizontal del edificio no será necesaria, si está
inscrito a favor de la misma Administración pública, siempre que se
identifiquen claramente las partes del inmueble objeto de adscripción.
Las transferencias de bienes entre distintas Administraciones públicas
se harán constar por inscripción, en virtud de la disposición administrativa
que las haya acordado.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 3 de enero del 2001)
 

Artículo 18
Siempre que exista título inscribible de la propiedad de las
Administraciones públicas sobre los bienes que deban ser inscritos con arreglo
a los artículos 4, 6 y 17 de este Reglamento, se presentará en el Registro
respectivo, y se extenderá, en su virtud, una inscripción de dominio a favor
del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujeción a las reglas
establecidas para la de los particulares y a las normas del artículo anterior.
Cuando no exista título inscribible para practicar la inscripción, se
estará a lo dispuesto en los artículos 206 de la Ley y concordantes de este
Reglamento.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)
 

Artículo 19
En la misma forma se inscribirán los bienes que pertenezcan a la
Iglesia o a las Entidades eclesiásticas, o se les devuelvan, y deban quedar
amortizados en su poder.
 
 

Artículo 20
Los bienes inmuebles o derechos reales que pertenezcan al Estado o a
las Corporaciones civiles o eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo a la
legislación desamortizadora no se inscribirán en el Registro de la Propiedad
hasta que llegue el caso de su venta o redención a favor de los particulares,
aunque entretanto se transfiera al Estado la propiedad de ellos por efecto de
la permutación acordada con la Santa Sede.
 
 

Artículo 21
Cuando haya de ponerse en venta alguno de los bienes a que se refiere
el artículo anterior, o redimirse alguno de los derechos comprendidos en el
mismo, el funcionario a cuyo cargo esté la Administración de Propiedades y
Derechos del Estado en la provincia donde radiquen los bienes buscará y unirá
al expediente de venta o redención los respectivos títulos de dominio.
Si éstos no existieren o no pudieren ser hallados se procederá en la
forma establecida en los artículos 206 de la Ley y concordantes de este
Reglamento.
 
 

Artículo 22 
Al otorgarse la escritura de venta o redención se entregarán al
comprador o redimente los títulos de propiedad o documentos que hubieran
originado la inscripción.
 
 

Artículo 23
Los compradores de bienes desamortizados y los redimentes de censos
también desamortizados podrán inscribir su derecho conforme al artículo 205
de la Ley, a cuyo efecto tendrán derecho a exigir los correspondientes titulas
de los mismos y, en defecto de ellos, la certificación expresada en el
artículo 206 de la misma Ley, con la nota del Registrador de haberse
practicado la inscripción correspondiente. En su consecuencia, los
funcionarios a cuyo cargo esté la Administración de Propiedades y Derechos del
Estado harán inscribir, desde luego, todos los bienes o derechos que se
encuentren en tal caso, remitiendo al Registro los títulos respectivos o las
certificaciones correspondientes, a los cuales será aplicable, en su caso, lo
dispuesto en el artículo 306.
 
 

Artículo 24
Siempre que el Estado o las Corporaciones civiles adquieran algún
inmueble o derecho real, los Delegados de Hacienda, Autoridades o Directores
generales de los ramos bajo cuya dependencia hayan de administrarse, cuidarán
de que se recojan los títulos de propiedad, si los hubiere, y de que en todo
caso se verifique su inscripción.
 
 

Artículo 25
Las autoridades que decreten embargos o adjudicaciones de bienes
inmuebles o derechos reales en expedientes gubernativos procurarán su
inscripción o anotación a favor del Estado o de las Corporaciones civiles, con
arreglo a las disposiciones vigentes sobre recaudación de contribuciones e
impuestos y apremios administrativos que no contradigan a la Ley Hipotecaria.
 
 

Artículo 26
Las inscripciones derivadas de procedimientos de apremio de carácter
fiscal se practicarán en virtud de escritura pública que en favor del
adjudicatario otorgará el deudor o el Agente ejecutivo que lo sustituya por
rebeldía, y en la que se consignaran los trámites o incidencias más esenciales
del expediente de apremio, especialmente la citación al deudor y las
notificaciones a terceros poseedores o acreedores hipotecarios, si los
hubiere, así como también que queda extinguida la anotación preventiva de
embargo practicada a favor de la Hacienda.
Cuando por haber quedado desierta la subasta se adjudicase la finca del
Estado, Provincia, Municipio o Entidad a la que se hubiere concedido la
facultad de utilizar el procedimiento administrativo de apremio, será título
bastante la certificación expedida por el Tesorero de Hacienda, Presidente de
la Diputación, Alcalde o funcionario a quien corresponda, según los casos, y
en la que se hará constar: la providencia integra de adjudicación, el nombre
y apellidos del deudor y la naturaleza, situación, linderos, cabida y
gravámenes que pesaren sobre la finca adjudicada.
Cuando la Hacienda pública ceda los inmuebles que le hubieran sido
adjudicados será título inscribible, y, en su caso inmatriculable, a favor del
adquirente, la certificación del acuerdo de cesión expedida por duplicado por
el Administrador de Propiedades y Contribución Territorial o funcionario a
quien corresponda, en la que consten, conforme a lo prevenido en los párrafos
anteriores, los particulares de la previa adjudicación por débitos fiscales
y los de la cesión. (Párrafo introducido por la reforma de 1959, Decreto de
17 de marzo).
Los títulos a que se refieren lo tres párrafos anteriores contendrán las
circunstancias generales exigidas por la Ley y las inscripciones, además,
sucintamente las singulares que consten en los documentos.
Los expedientes a que se refieren este artículo y el anterior deberán ser
examinados por el Abogado del Estado a quien corresponda antes de la
presentación de los títulos en el Registro.
 

Artículo 27
Si después de enajenada una finca o redimido un censo y de otorgada la
correspondiente escritura se incoare expediente para que se rescinda o anule
la venta o la redención, la autoridad o funcionario que instruya el expediente
pedirá anotación preventiva, presentando por duplicado una certificación en
que conste aquella circunstancia y las necesarias para la anotación, según el
artículo 72 de la Ley.
Si la resolución en que se rescinda o anule la venta o redención adquiere
el carácter de firme, la autoridad a quien corresponda dispondrá la
inscripción de dominio a favor del Estado o la cancelación de la inscripción,
según los casos. Si se tratare de bienes de las Corporaciones locales, la
certificación del acuerdo deberá expedirse por el Secretario, con el visto
bueno del Presidente. En las certificaciones expedidas para la inscripción o
cancelación se consignará literalmente la resolución firme respectiva en la
que conste la citación al adquirente, los demás trámites esenciales del
procedimiento y, si se trata de bienes del Estado, el informe a que se refiere
el último párrafo del artículo anterior. Cuando los bienes o derechos se
hallen inscritos a favor del tercero se estará a lo dispuesto en el artículo
82 de la Ley. (Artículo redactado por la reforma de 1959, Decreto de 17 de
marzo de 1959).
 
 

Artículo 28
Declarada la quiebra de una subasta por no haber pagado el comprador
de una finca o derecho su precio en los plazos correspondientes, se anotará
preventivamente esta declaración, procediéndose para ello del modo establecido
en el artículo anterior.
La cancelación del asiento principal respectivo podrá verificarse
mediante la certificación de la oficina de Hacienda competente en que conste
el acuerdo firme de nulidad.
 
 

Artículo 29
Para inscribir el retracto administrativo, cuando sea ejercitado por
el contribuyente deudor, o por sus representantes legítimos, bastará la
certificación librada por la Administración en que se inserte literal el
acuerdo o resolución fiscal.
En los demás casos será necesaria escritura pública otorgada por los
Delegados de Hacienda o funcionarios administrativos en quienes dicha
Autoridad delegue expresamente.
 
 

Artículo 30 
1.º El dominio de los montes de utilidad pública se inscribirá en el
Registro a favor del Estado, de los entes públicos territoriales o de los
establecimientos a que pertenezcan. La inscripción principal se practicará en
el libro del Ayuntamiento donde radique la finca o en el que se halle su mayor
extensión si perteneciere a varios, y en ella se harán constar las
particularidades del monte, indicando el organismo o servicio a que estuviere
adscrito; en su caso, se practicarán inscripciones de referencia en los demás
Registros, Ayuntamientos o Secciones. De igual modo deberán inscribirse las
actas de deslinde de dichos montes.
2.º Las roturaciones legitimadas, los títulos de concentración parcelaria
y las concesiones de fincas o derechos reales otorgadas por la Administración
para colonización u otros fines análogos de carácter social se inscribirán en
el Registro.
3.º El derecho real de vuelo sobre fincas rústicas ajenas se inscribirán
en el folio de aquella sobre la que se constituya; en la inscripción se harán
constar: su duración, la plantación o siembra en que consista, as' como el
destino de éstas y el de las mejoras en el momento de la extinción del
derecho, los convenios y prestaciones estipulados, y, si las hubiere, las
garantías pactadas con carácter real. Iguales circunstancias deberán constar
en las inscripciones de consorcios a favor de la Administración Forestal o de
los partículores. (Artículo redactado por Decreto de 17 de marzo de 1959).
Los títulos a que se refiere este artículo se inscribirán conforme a los
preceptos de este Reglamento, en relación con las disposiciones vigentes sobre
la materia.
 
 

Artículo 31
Las concesiones administrativas que afectan o recaigan sobre bienes
inmuebles, se inscribirán a favor del concesionario con la extensión y
condiciones que resulten del título correspondiente. (Artículo redactado por
Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
La adquisición por expropiación forzosa o por cualquier otro título de
fincas o derechos inscritos que hayan quedado afectos a la concesión se
inscribirá a favor del concesionario, haciéndose constar en las inscripciones
respectivas su afectación, y en la inscripción de la concesión la
incorporación de aquéllos, por nota marginal. También se hará constar en las
inscripciones y notas marginales respectivas que las fincas incorporadas
quedan gravadas con las cargas a que esté sujeta o se sujete en el futuro la
concesión.
Sobre las fincas o derechos inscritos afectos a una concesión, no se
podrán inscribir otras cargas o gravámenes que los que recaigan sobre ésta y
hayan sido autorizados por la Administración concedente.
Extinguida la concesión, si las fincas deben revertir a la Administración
concedente, se inscribirá a favor de ésta, cancelándose los asientos
contradictorios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175.
Cuando resultasen parcelas o fincas sobrantes de una concesión y no deban
revertir al concedente, el concesionario podrá hacer constar en el Registro
aquella circunstancia y su desafectación de la concesión mediante
certificación librada por el Organismo que otorgó la concesión, en la que se
exprese la fecha de la resolución que haya declarado la desafectación, la
circunstancia de no haber lugar a la reversión y el derecho del concesionario
a disponer libremente de la finca. Si la parcela o finca hubiese sido
adquirida en virtud de expropiación forzosa, la constancia registral de la
desafectación no perjudicará al derecho de reversión que asista al propietario
expropiado, y en caso de practicarse segregación, se hará constar en la nueva
inscripción la adquisición originaria por expropiación.
 
 

Artículo 32
Los asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa se
practicarán conforme a las normas establecidas en la legislación especial y
a las siguientes. (Artículo redactado por Decreto de 17 de marzo de 1959):
1.ª Los Registradores harán constar, en su caso, por nota al margen de
las inscripciones correspondientes, que han expedido la certificación de
dominio y cargas a efectos de la expropiación e indicarán su fecha y el
procedimiento de que trate. Estas notas se cancelarán por caducidad
transcurridos tres años desde su fecha, si en el Registro no consta algún
nuevo asiento relacionado con el mismo expediente.
2.ª Para que los títulos de expropiación puedan inscribirse, si se trata
de fincas o derechos inscritos, el expediente deberá entenderse con el titular
registras o quien justifique ser su causahabiente; por sí o debidamente
representado, en la forma prevenida por la legislación especial, sin perjuicio
de la intervención de otros interesados, si los hubiere.
3.ª Podrá extenderse anotación preventiva a favor del expropiante o
beneficiario mediante el acta previa a la ocupación y el resguardo de depósito
provisional. La anotación tendrá la duración señalada en el artículo 86 de la
Ley y se convertirá en inscripción mediante el documento que acredite el pago
o la consignación del justo precio, con el acta de ocupación.
4.ª Será titulo inscribible a favor del expropiante o beneficiario el
acta en que consten el pago y la ocupación, o solamente el acta de ocupación,
acompañada en este caso del documento que acredite la consignación del justo
precio o del correspondiente resguardo de depósito del mismo. En virtud de
dichos titulas se practicará, en su caso, la inmatriculación.
A los efectos de la inscripción, se entenderá fijado definitivamente el
justo precio cuando, por no haber acuerdo, haya sido determinado aquél por el
Jurado Provincial de Expropiación o el organismo competente con arreglo a las
disposiciones especiales.
5.ª El dominio y las cargas, gravámenes, derechos reales y limitaciones
de toda clase, inscritos con posterioridad a la fecha de la nota marginal a
que se refiere este artículo, se cancelarán al practicarse la inscripción a
favor del expropiante o beneficiario y en virtud del mismo titulo, aunque los
interesados no hayan sido parte en el expediente, para cuya cancelación
bastará su expresión genérica.
Para que puedan cancelarse los asientos de fecha anterior a dicha nota
deberá constar que los interesados han sido citados en forma legal y que
concurrieron por si o debidamente representados al pago, o que se consignó el
precio o la parte necesaria del mismo, según los casos. En el titulo se
determinarán los asientos que deban cancelarse y subsistir con referencia a
los datos registrales.
6.ª Los asientos contendrán las circunstancias prevenidas para la
inscripción en la legislación hipotecaria y las necesarias según la
legislación especial. Si no pudiera hacerse constar alguna circunstancia se
expresará así en el título, y, en su caso y en la inscripción.
 
 

Artículo 33
Se entenderá por título para los efectos de la inscripción, el
documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la
persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al
contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros
complementarios o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite.
 
 

DOCUMENTOS AUTENTICOS
Artículo 34
Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la Ley los
que, sirviendo de títulos al dominio o derecho real o al asiento practicable,
estén expedidos por el Gobierno o por Autoridad o funcionario competente para
darlos y deban hacer fe por sí solos.
 
 

Artículo 35
Los documentos pontificios expedidos con el fin de acreditar el
cumplimiento de requisitos prescritos en el Derecho Canónico para el
otorgamiento de actos y contratos en que esté interesada la Iglesia,
traducidos y testimoniados por los Ordinarios Diocesanos, son documentos
auténticos, sin necesidad de estar legalizados.
 
 

Artículo 36
Los documentos otorgados en territorio extranjero podrán ser inscritos
si reúnen los requisitos exigidos por las normas de Derecho Internacional
Privado, siempre que contengan la legalización y demás requisitos necesarios
para su autenticidad en España. (Artículo redactado por Real Decreto de 27 de
agosto de 1977).
La observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y
capacidad legal necesarias para el acto podrán acreditarse, entre otros
medios, mediante aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de
Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la legislación que
sea aplicable. Por los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de
los extranjeros que otorguen en territorio español documentos inscribibles.
El Registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir de dichos
medios si conociera suficientemente la legislación extranjera de que se trate,
haciéndolo así constar en el asiento correspondiente.
 
 

Artículo 37
Los documentos no redactados en idioma español podrán ser traducidos,
para los efectos del Registro, por la Oficina de interpretación de Lenguas o
por funcionarios competentes autorizados en virtud de leyes o convenios
internacionales, y, en su caso, por un Notario, quien responderá de la
fidelidad de la traducción.
Los extendidos en latín y dialectos de España o en letra antigua, o que
sean ininteligibles para el Registrador, se presentarán acompañados de su
traducción o copia suficiente hecha por un titular del Cuerpo de Archiveros
y Bibliotecarios o por funcionario competente, salve lo dispuesto en el
artículo 35. El Registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir del
documento oficial de traducción cuando conociere el idioma, el dialecto o la
letra antigua de que se trate.
 
 

Artículo 38
Las resoluciones judiciales o laudos arbitrales dados en el extranjero
serán inscribibles cuando hayan sido reconocidos por Tribunal o Autoridad
competente, con arreglo a las leyes y convenios internacionales.
 
 

TITULO II
De la forma y efectos de la inscripción
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Artículo 39
Se considerará comprendido en el apartado d) del artículo 6 de la Ley
a quien presente los documentos correspondientes en el Registro con objeto de
solicitar la inscripción.
 
 

Artículo 40
Los Oficiales, Auxiliares y dependientes del Registro de la Propiedad
no podrán presentar ningún documento para su inscripción en el Registro, salvo
cuando estén comprendidos en los tres primeros apartados del artículo 6 de la
Ley.
 
 

CLASES Y ORDEN DE LOS ASIENTOS
Artículo 41
En los libros de los Registros de la Propiedad se practicarán las
siguientes clases de asientos o inscripciones: Asientos de presentación,
inscripciones propiamente dichas, extensas o concisas, principales y de
referencia; anotaciones preventivas, cancelaciones y notas marginales.
 
 

Artículo 42
Para numerar las fincas que se inscriban conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley, se señalará con el número uno la primera que se inscriba
en cada Ayuntamiento o Sección, y con los números siguientes, por orden
riguroso de fechas, las que sucesivamente se vayan inscribiendo.
Dicha numeración se hará siempre en guarismos.
 
 

Artículo 43
Las inscripciones propiamente dichas y las cancelaciones relativas a
cada finca se numerarán también por el orden en que se hicieren.
Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones se señalarán al margen
con letras en lugar de números, guardándose un orden rigurosamente alfabético.
Si se agotasen las letras del alfabeto se volverá a empezar por la primera
duplicada, siguiendo en esta forma todas las demás. En el margen destinado a
la numeración de las inscripciones se escribirá en estos casos: «Anotación (o
cancelación) letra...».
 
 

INSCRIPCION, AGRUPACION, DIVISION
Y SEGREGACION DE FINCAS
Artículo 44
Se inscribirán bajo un solo número, si los interesados lo solicitaren,
considerándose como una sola finca con arreglo al artículo 8 de la Ley y para
los efectos que el mismo expresa, siempre que pertenezca a un solo dueño o a
varios pro indiviso: (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre
de 1982).
1.º Las fincas rústicas y los solares colindantes, aunque no tengan
edificación alguna, y las urbanas, también colindantes, que físicamente
constituyan un solo edificio o casa-habitación.
2.º Los cortijos, haciendas, labores, masías, dehesas, cercados, torres,
caseríos, granjas, lugares, casales, cabañas y otras propiedades análogas que
formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos con uno o más edificios y una
o varias piezas de terreno, con arbolado o sin él, aunque no linden entre sí
ni con el edificio, y con tal de que en este caso haya unidad orgánica de
explotación o se trate de un edificio de importancia al cual estén
subordinadas las fincas o construcciones.
3.º Las explotaciones agrícolas, aunque no tengan casa de labor y estén
constituidas por predios no colindantes, siempre que formen una unidad
orgánica, con nombre propio, que sirva para diferenciarlas y una organización
económica que no sea la puramente individual, así como las explotaciones
familiares agrarias.
4.º Toda explotación industrial situada dentro de un perímetro
determinado o que forme un cuerpo de bienes unidos o dependientes entre sí.
5.º Todo edificio o albergue situado fuera de poblado con todas sus
dependencias y anejos, como corrales, tinados o cobertizos, paneras,
palomares, etc..
6.º Las concesiones administrativas, excepto las que sean accesorias de
otras fincas o concesiones.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando las propiedades
se hallen enclavadas en diferentes Secciones, Ayuntamientos o Registros.
 
 

Artículo 45 
Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se reúnan
dos o más fincas inscritas para formar una sola, con su nueva descripción, se
inscribirá con número diferente, haciéndose mención de ella al margen de cada
una de las inscripciones de propiedad de las fincas reunidas.
Si las fincas agrupadas no fueren colindantes, se describirán
individualmente las parcelas que las constituyan y, con la mayor precisión
posible, las características de la agrupación o causas que den lugar a ella.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán agruparse fincas
pertenecientes a distintos propietarios, siempre que se determine, de acuerdo
con lo que resulte del título, la participación indivisa que a cada uno de
ellos corresponda en la finca resultante de la agrupación. (Párrafo
introducido por la reforma de 1982).
 
 

Artículo 46
En el caso de que la totalidad de una finca inscrita se divida en dos
o más suertes o porciones, se inscribirá cada una de éstas como finca nueva
y bajo número diferente, haciéndose breve mención de esta circunstancia al
margen de la inscripción de propiedad de la finca que se divida. En las nuevas
inscripciones se expresará la procedencia de las fincas, asi como los
gravámenes que tuvieran antes de la división.
 
 

Artículo 47
Siempre que se segregue parte de una finca inscrita para formar una
nueva, se inscribirá la porción segregada con número diferente, expresándose
esta circunstancia al margen de la inscripción de propiedad de la finca
matriz, asi como la descripción de la porción restante, cuando este fuere
posible o, por lo menos, las modificaciones en la extensión y lindero o
linderos por donde se haya efectuado la segregación. En la inscripción de la
nueva finca se expresará la procedencia de ésta y los gravámenes vigentes de
la finca matriz.
No será obstáculo para la inscripción de cualquier segregación, el que
no hayan tenido acceso al Registro otras previamente realizadas. En estos
casos, en la nota al margen de la finca matriz se expresará la superficie del
resto según el Registro. (Párrafo introducido por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
Los actos o contratos que afecten al resto de una finca, cuando no hayan
accedido al Registro todas las segregaciones escrituradas, se practicarán en
el folio de la finca matriz, haciéndose constar en la inscripción la
superficie sobre que aquéllos recaigan. Al margen de la inscripción de
propiedad precedente se pondrá nota indicativa de la inscripción del resto,
asi como de la superficie pendiente de segregación. (Párrafo introducido por
Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 48
La agregación de una o varias fincas inscritas o de una o varias partes
que se segreguen, a otra también inscrita, podrá realizarse siempre que ésta
tenga una extensión que represente, por lo menos, el quíntuplo de la suma de
las que se agreguen.
La inscripción correspondiente se practicará en el folio de la finca
mayor, sin alterar su numeración, pero expresándose en ella la nueva
descripción resultante y la procedencia de las unidas, con las cargos que las
afecten. Se harán, además, las oportunas notas marginales de referencia.
(Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 49
Cuando en el título presentado se forme una finca de dos o más, o se
segregue parte de alguna con objeto de enajenarla, se practicará una sola
inscripción en la que se comprendan la agrupación o segregación y su
enajenación. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 50
Todas las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación
se practicarán en el Registro en virtud de escritura pública en que se
describan las fincas a que afecten, así como las resultantes de cualquiera de
dichas operaciones y las porciones restantes, cuando fuere posible, o, por lo
menos, las modificaciones en la extensión y los linderos por donde se haya
efectuado la segregación. Si no constare en el Registro la cabida total de las
fincas, deberá expresarse en las notas marginales en que se indique la
operación realizada. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre
de 1982).
 
 

CIRCUNSTANCIAS DE LAS INSCRIPCIONES
Artículo 51
Las inscripciones extensas a que se refiere el artículo 9 de la Ley
contendrán los requisitos especiales que para cada una de ellas determina este
Reglamento, y se practicarán con sujeción a las reglas siguientes: (Artículo
redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
1.ª La naturaleza de la finca se determinará expresando si es rústica o
urbana, el nombre con las que las de su clase sean conocidas en la localidad,
y en aquéllas, si se dedican a cultivo de secano o de regadío y, en su caso,
la superficie aproximada destinada a uno y a otro.
Si se aporta cédula, certificación o licencia administrativa que lo
acredite se hará constar, además, la calificación urbanística de la finca.
2.ª La situación de las fincas rústicas se determinará expresando el
término municipal, pago o partido o cualquier otro nombre con que sea conocido
el lugar en que se hallaren; sus linderos por los cuatro puntos cardinales;
la naturaleza de las fincas colindantes; y cualquier circunstancia que impida
confundir con otra la finca que se inscriba, como el nombre propio si lo
tuviere. En los supuestos legalmente exigibles se hará constar la referencia
catastral del inmueble.
3.ª La situación de las fincas urbanas se determinará expresando el
término municipal y pueblo en que se hallaren; el nombre de la calle o sitio;
el número si lo tuvieren, y los que hayan tenido antes; el nombre del edificio
si fuere conocido por alguno propio; sus linderos por la izquierda (entrando),
derecha y fondo; la referencia catastral en los supuestos legalmente
exigibles; y cualquier otra circunstancia que sirva para distinguir de otra
la finca descrita. Lo dispuesto en este número no se opone a que las fincas
urbanas cuyos linderos no pudieran determinarse en la forma expresada se
designen por los cuatro puntos cardinales.
4.ª La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al
sistema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la
equivalencia a las medidas del país.
La descripción de las fincas rústicas y urbanas será preferentemente
perimetral, sobre la base de datos físicos referidos a las fincas colindantes
o datos catastrales de las mismas tomados de plano oficial.
Podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación
al título inscribible de una base gráfica, conforme a lo dispuesto en el
artículo 398.b) de este Reglamento o mediante su definición topográfica con
arreglo a un sistema de coordenadas geográficas referido a las Redes
Nacionales Geodésica y de Nivelación en proyecto expedido por técnico
competente.
La base gráfica catastral o urbanística y el plano topográfico, si se
utilizasen, deberán acompañarse al título en ejemplar duplicado. Uno de sus
ejemplares se retendrá por el Registrador para su archivo en el legajo abierto
a este efecto, sin perjuicio de su traslado o incorporación directa a soportes
informáticos. Del archivo del duplicado se tomará nota al margen del asiento
correspondiente a la operación practicada y en el ejemplar archivado el
Registrador hará constar el folio, tomo y número de finca a que corresponde.
También podrá obtenerse el archivo de la base gráfica como operación
registral independiente, a cuyo efecto se incorporará al acta notarial
autorizada a requerimiento del titular registral, en la que describirá la
finca en los términos previstos en las reglas anteriores.
También servirán a los efectos identificadores previstos en esta regla
los planos expedidos conformes a la normativa específica, en particular en los
siguientes casos:
a) Cuando se trate de fincas edificadas cuya declaración de obra nueva
se haya formalizado con las exigencias previstas en la legislación
urbanística.
b) Cuando se trate de fincas resultantes de proyecto de expropiación,
compensación o reparcelación o cualquier otro de contenido similar previsto
por la legislación urbanística.
c) Cuando se trate de fincas resultantes de procedimientos de
concentración parcelaria.
d) Cuando el títulos se refiera a fincas correspondientes a Distritos
Hipotecarios o a términos municipales en los que sean de aplicación las normas
vigentes sobre coordinación planiométrica entre el Registro y el Catastro.
e) Cuando se trate de fincas que hayan sido objeto de tasación a efectos
de garantía hipotecaria de préstamos que forman parte de la cartera de
cobertura de títulos emitidos al amparo de la legislación del mercado
hipotecario o de cobertura de las previsiones técnicas de las entidades
aseguradoras o de determinación del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva.
f) Cuando se trate de montes o fincas colindantes con el demanio público
marítimo terrestre y se aporten planos conforme a la legislación de montes o
costas.
También podrá aportarse acta notarial de deslinde con citación de
colindantes.
Una vez aportado al Registro la base gráfica, el plano o acta notarial
relacionados, bastará con que los otorgantes manifiesten que la descripción
no ha variado.
Los Registradores dispondrán de aplicaciones informáticas para el
tratamiento de bases gráficas que permitan su coordinación con las fincas
registrales y la incorporación a éstas de la calificación urbanística o
administrativa correspondiente.
(Reglas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª de nueva redacción por Real Decreto
1867/1998, de 4 de septiembre)
5.ª La naturaleza del derecho que se inscriba se expresará con el nombre
que se le dé en el título, y si no se le diere ninguno, no se designará
tampoco en la inscripción.
6.ª Para dar a conocer la extensión del derecho que se inscriba se hará
expresión circunstanciada de todo lo que, según el título, determine el mismo
derecho o limite las facultades del adquirente, copiándose literalmente las
condiciones suspensivas resolutorias, o de otro orden, establecidas en aquél.
No se expresarán, en ningún caso, las estipulaciones, cláusulas o pactos que
carezcan de trascendencia real.
7.ª Las cargas y limitaciones de la finca o derecho que se inscriba se
expresarán indicando brevemente las que consten inscritas o anotadas con
referencia al asiento donde aparezcan. En ningún caso se indicarán los
derechos expresados en el artículo 98 de la Ley, ni los aplazamientos de
precio no asegurados especialmente.
Las cargas relacionadas en el titulo que no resulten inscritas o anotadas
no se harán constar en la inscripción. Si no existieran cargas se expresará
asi.
8.ª El valor de la finca o derecho inscrita se designará, si constare en
el título, en la misma forma que apareciere en él.
9.ª La persona a cuyo favor se practique la inscripción y aquélla de
quien proceda el bien o derecho que se inscriba se determinarán conforme a las
siguientes normas:
a) Si se trata de personas físicas, se expresarán el nombre y apellidos;
el documento nacional de identidad; si es mayor de edad o, en otro caso, la
edad que tuviera, precisando, de ester emancipado, la causa; si el sujeto es
soltero, casado, viudo, separado o divorciado y, de ser casado y afectar el
acto o contrato que se inscriba a los derechos presentes o futuros de la
sociedad conyugal, el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos
y domicilio del otro cónyuge; la nacionalidad y la vecindad civil del sujeto
si se acreditan o manifiestan; y el domicilio con las circunstancias que lo
concreten. (Regla redactada por Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviembre).
b) Si se trata de personas jurídicas, se consignarán su clase; su
denominación; el número de identificación fiscal; la inscripción, en su caso,
en el Registro correspondiente; la nacionalidad, si fuere una entidad
extranjera, y el domicilio con las circunstancias que lo concreten.
c) Se expresarán también, en su caso, las circunstancias de la
representación legal o voluntaria, las personales que identifiquen al
representante el poder o nombramiento que confieran la representación y,
cuando proceda, su inscripción en el Registro correspondiente.
d) Cuando las circunstancias de la persona constaren en otro asiento del
mismo folio registral, podrá consignarse en el nuevo asiento sólo el nombre
y apellidos si se trata de persona física o la clase y denominación si es
persona jurídica y, en uno y otro caso, la referencia, para las demás
circunstancias, al asiento anterior, expresando las variaciones que resulten
de los documentos presentados.
e) En cualquier momento, el titular inscrito podrá instar directamente
del Registrador que por nota marginal se hagan constar las circunstancias de
un domicilio a efectos de recibir comunicaciones relativas al derecho
inscrito.
10. En todo caso se hará constar el acta de inscripción, que expresará:
El hecho de practicarse la inscripción, la persona a cuyo favor se practica,
el titulo genérico de su adquisición y el derecho que se inscribe. (Apartado
introducido por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
11. Se hará constar la clase del titulo en cuya virtud se practique la
inscripción, la fecha de su otorgamiento, autorización o expedición, y el
Juez, Tribunal, Notario o funcionario que lo autorice y el Notario en cuyo
protocolo se encuentre o Juzgado o Tribunal del que proceda, cuando no sea el
mismo que la autorizó. Tratándose de documentos complementarios no notariales
bastará consignar el funcionario que lo autorice y su residencia. Cuando
proceda se indicará que el documento se archiva.
12. Al día y la hora de la presentación del titulo en el Registro se
añadirán el número del asiento y el tomo del «Diario» correspondiente.
13. Cuando los actos o contratos sujetos a inscripción hayan devengado
derechos a favor del Estado se expresará esta circunstancia y que la carta de
pago ha quedado archivada en el legajo. Si estuvieren exentos del pago o
hubiere prescrito la acción administrativa se consignará dicha circunstancia.
14. Al final de toda inscripción se consignará la fecha de la misma. La
inscripción será autorizada por el Registrador con su firme, que implicará la
conformidad de aquélla con el titulo presentado y documentos complementarios,
sin que sea necesario hacer constar expresamente tal conformidad.

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 52
El artículo 30 de la Ley es aplicable en general a las inscripciones
extensas, pero no a las concisas ni a las que por su índole hubieran sido
objeto de alguna excepción legal o reglamentaria.
Las inscripciones y anotaciones concisas que deberán hacerse en
cumplimiento de lo que ordena el artículo 245 de la Ley sólo contendrán las
circunstancias siguientes:
1.ª Descripción y cargas de la finca.
2.ª Nombre y apellidos del transferente y título de su adquisición e
inscripción de la misma.
3.ª Circunstancias especiales relativas a la finca y responsabilidades
con que en su caso queda gravada por hipoteca u otros conceptos.
4.ª Acta de inscripción.
5.ª Referencia a la extenso, fecha y firma.
 
 

Artículo 53
Declarada la nulidad de un asiento, mandará el Juez o Tribunal
cancelarlo y, en su caso, extender otro nuevo en la forma que proceda, según
la Ley.
Este nuevo asiento surtirá efecto desde la fecha en que deba producirlo,
según sus respectivos casos.
 
 

Artículo 54
1. Las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho
precisarán la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos, que
permitan conocerla indudablemente. (Apartado introducido por el Real
Decreto de 12 de noviembre de 1982).
2. Esta regla se aplicará cuando las partes de un mismo bien, aun
perteneciendo a un solo titular, tengan distinto carácter, o distinto régimen.
3. No se considerará cumplido este requisito si la determinación se
hiciere solamente con referencia a unidades de moneda, de medida superficial
u otra forma análoga.
 
 

Artículo 55
Para los efectos del número 4 del artículo 2 de la Ley, la inscripción
de las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad se ajustará
a las reglas generales que sean aplicables y además contendrá las
circunstancias siguientes:
1.ª Nombre, apellidos y vecindad del incapacitado.
2.ª Declaración de la incapacidad, especie y extensión de la misma, y
designación de la persona a quien se haya autorizado para administrar si la
resolución la determinare.
3.ª Parte dispositiva de la resolución judicial, con expresión de su
clase, Juzgado o Tribunal que la hubiere dictado y su fecha.
 
 

Artículo 56
Las notas marginales a que se refiere el artículo 23 de la Ley
expresarán el hecho que se trate de acreditar, el nombre y apellidos de la
persona o personas que lo hubieren realizado, el documento en virtud del cual
se extiendan, el pago o la exención del impuesto, y contendrán referencia al
asiento de presentación del indicado documento, fecha y media firma.
 
 

Artículo 57
Cuando mediante hipoteca se asegure el cumplimiento de las
prohibiciones de disponer a que se refiere el artículo 27 de la Ley, se
inscribirán en un solo asiento el acto o contrato que las contenga y la
hipoteca que se constituya, y se hará constar que se deniega la inscripción
de la prohibición de disponer.
 
 

DEL PRECIO APLAZADO
Artículo 58
1. Se hará constar por medio de una nota marginal, siempre que los
interesados lo reclamen o el Juez o el Tribunal lo mande, el pago de cualquier
cantidad que haga el adquirente después de la inscripción por cuenta o saldo
del precio en la venta o de abono de diferencias en la permuta o adjudicación
en pago. Igualmente bastará la extensión de una nota marginal cuando así
especialmente lo establezca alguna Ley.
2. Bastará el consentimiento de un solo cónyuge para la extensión de la
nota marginal a que se refiere el párrafo anterior, cuando el inmueble
ganancial transmitido se hubiera inscrito en su día solamente a nombre de
aquél. (Apartado introducido por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 59
Si en la venta de bienes inmuebles o derechos reales se hubiere
estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tenga lugar
de pleno derecho la resolución del contrato, será necesario para verificar la
nueva inscripción a favor del vendedor o de su causahabiente que se haga
constar la notificación judicial o notarial hacha al comprador por el vendedor
de quedar resuelta la venta y se acompañe el título del vendedor.
 
 

INSCRIPCION DE CONCESIONES
Y OTRAS FINCAS ESPECIALES
Artículo 60
La inscripción de concesiones administrativas se practicará en virtud
de escritura pública, y en los casos en que no se requiera el otorgamiento de
ésta, mediante el título mismo de concesión, y deberá expresar literalmente
el pliego de condiciones generales, el traslado de la Ley o resolución
administrativa de concesión y las condiciones particulares y económicas.
También se inscribirán los títulos que acrediten el replanteo, la
construcción, suspensión o recepción de las obras, las modificaciones de la
concesión y del proyecto, la rescisión de las contratas y cualesquiera otras
resoluciones administrativas o jurisdiccionales que afecten a la existencia
o extensión de la concesión inscrita. (Artículo redactado por Real Decreto de
12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 61
La inscripción de la concesión se practicará en el Registro donde
radique dicha concesión o, en su caso, el punto de arranque designado por la
Administración concedente. Esta inscripción principal expresará singularmente,
además de lo previsto en el artículo anterior, la naturaleza y denominación
de la concesión, su plazo de duración, condiciones sobre reversión y, en su
caso, puntos de arranque y término o términos municipales que atraviese la
obra o servicio público. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
También se practicará inscripción de referencia en los demás Registros,
Ayuntamientos y Secciones a que se extienda la concesión o en los que existan
fincas o derechos afectos a ella. En estos inscripciones se consignará la
naturaleza de la concesión y su denominación, la fecha del titulo con las
particularidades de su autorización y el libre, folio, número y Registro en
que la inscripción principal se haya practicado. Estas inscripciones de
referencia se practicarán en virtud de certificación literal de la inscripción
principal, que quedará archivada en el último Registro, conservándose copia
simple de la misma en los demás donde dicha certificación sea presentada.
Los derechos reales que en cada término municipal graven la concesión se
inscribirán bajo el mismo número que lleve la inscripción principal o de la
referencia.
 

Artículo 62
La inscripción de las minas en el Registro de la Propiedad se extenderá
en el libre del Ayuntamiento o Sección correspondiente al punto de partida de
la demarcación del perímetro de las cuadrículas mineras que las constituyan,
mediante el título de concesión, complementado por la copia certificada del
plano de demarcación, y contendrá, además de las circunstancias generales, en
cuanto sean aplicables, las especies contenidas en el propio título de la
concesión. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
Si el perímetro de la concesión comprendiere territorios de dos o mis
Registros, Ayuntamientos o Secciones se expresará así en la inscripción
principal y en las demás se practicará una inscripción de referencia en la que
conste: Nombre y número de la ruina o concesión, su descripción y extensión,
circunstancias del concesionario, fecha del título y referencia a la
inscripción principal.
Para hacer constar las modificaciones objetivas de las concesiones
mineras se aplicarán las reglas referentes a las fincas normales, en cuanto
sean pertinentes en relación con la legislación minera y, en especial, las
siguientes:
1.ª Si la modificación se produce como consecuencia del otorgarmiento de
una demasía, la inscripción se practicará en el folio abierto a las
concesiones que amplíe o a las que se agregue en virtud de la resolución
administrativa correspondiente, acompañada de copia del plano de demarcación.
2.ª Si se produjese como consecuencia de la transmisión parcial de la
concesión se procederá a la división de la misma, con apertura de nuevo folio
a las concesiones resultantes, mediante escritura pública y resolución
administrativa.
3.ª Los cotos mineros se inscribirán bajo nuevo número en virtud del
titulo administrativa que corresponda, haciéndose constar en la inscripción,
si se constituyese un consorcio de aprovechamiento del coto, los Estatutos por
los que el mismo haya de regirse. En cualquier caso, en el folio de las
concesiones afectadas se harán constar los convenios entre los interesados y
los Estatutos que lo regulen.
Los permisos y autorizaciones de explotación y de investigación podrán
ser objeto de anotación preventiva en virtud del título correspondiente de
otorgamiento acompañado de copia certificada del plano de demarcación.
La cancelación de las inscripciones y anotaciones, en su caso, se
verificará mediante la resolución ministerial en que se acuerde la caducidad
de los mismos.
 
 

Artículo 63
Los actos de transmisión y gravamen de permisos, autorizaciones y
concesiones de derechos mineras a favor del que acredite condiciones para su
titularidad serán objeto de inscripciones o anotaciones preventivas sucesivas,
según los casos, que se practicarán mediante la correspondiente escritura
pública, acompañada de autorización administrativa, si la cesión es parcial,
y acreditando la notificación de la transmisión mortis causa a la
Administración competente. (Artículo redactado por Decreto de 12 de noviembre
de 1982).
 
 

Artículo 64
Las inscripciones de los aprovechamientos de aguas públicas, obtenidos
mediante concesión administrativa, se inscribirán en la forma que determina
el artículo 31, debiéndose acompañar de los respectivos documentos certificado
en que conste hallarse inscrita en el correspondiente Registro administrativo
de los organizados por el Real Decreto de 12 de abril de 1901.
Si no se acompañase el certificado, podrá tomarse anotación preventiva
por defecto subsanable.
Los aprovechamientos colectivos se inscribirán a favor de la comunidad
de regantes en el Registro de la Propiedad a que corresponda la toma de aguas
en cauce público. En la inscripción se harán constar, además de las
circunstancias generales que sean aplicables, los datos del aprovechamiento,
su regulación interna, las bandas, turnos u horas en que se divida la
comunidad; las obras de toma de aguas y las principales y accesorias de
conducción y distribución. Bajo el mismo número, y en sucesivos asientos, se
consignarán los derechos o cuotas de los distintos participes, mediante
certificaciones expedidas en relación a los antecedentes que obren en la
comunidad con los requisitos legales. En los folios de las fincas que
disfruten del riego se inscribirá también el derecho en virtud de los mismos
documentos, extendiéndose las oportunas notas marginales de referencia.
Las mismas normas se aplicarán cuando la adquisición del aprovechamiento
colectivo se acredite conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
 
 

Artículo 65
Los aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, adquiridos
por prescripción, serán inscribibles mediante acta notarial tramitada con
sujeción a las reglas establecidas en la legislación notarial y a lo prescrito
en las siguientes:
1.ª Será Notario hábil para autorizarla el que lo sea para actuar en el
lugar donde exista el aprovechamiento.
2.ª El requerimiento para la autorización del acta se hará al Notario par
persona que demuestre interés en el hecho que se trate de acreditar y que
asevere bajo juramento la certeza del hecho mismo, so pena de falsedad en
documento público.
3.ª Iniciada el acta, el Notario, constituido en el sitio del
aprovechamiento, consignará, en cuanto fuere posible, en la misma, según
resulte de su apreciación directa de las manifestaciones del requirente y de
dos o más testigos, vecinos y propietarios del término municipal a que
corresponda el aprovechamiento, las circunstancias siguientes: Punto donde se
verifica la toma de aguas y situación del mismo, cauce de donde derivan éstas,
volumen del agua aprovechable, horas y minutos y días en que, en su caso, se
utilice el derecho, objeto o destino del aprovechamiento, altura del salto,
si lo hubiere, y tiempo que el interesado llevar en posesión en concepto de
dueño, determinando el día de su comienzo, a ser posible.
Los testigos justificarán tener las cualidades expresadas en el párrafo
anterior presentando los documentos que lo acrediten, a menos que le constaren
directamente al Notario, y serán responsables de los perjuicios que puedan
causar con la inexactitud de sus manifestaciones.
4.ª Por medio de edictos, que se publicarán en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento a cuyo territorio corresponda el aprovechamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia, se notificará genéricamente la pretensión
del requirente a cuantas personas puedan ostentar algún derecho sobre el
aprovechamiento.
5.ª Dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación
de los edictos, los que se consideren perjudicados podrán comparecer ante el
Notario para exponer y justificar sus derechos; y si acreditasen haber
interpuesto demanda ante el Tribunal competente en juicio declarativo, se
suspenderá la tramitación del acta hasta que recaiga ejecutoria.
6.ª El Notario, practicadas estos diligencias y las pruebas que estime
convenientes para la comprobación de los hechos hayan sido o no propuestas por
el requirente, dará por terminada el acto, haciendo constar si a su juicio
están o no suficientemente acreditados.
7.ª En caso afirmativo, la copia total autorizada de dicha acta será
título suficiente para que se extienda anotación preventiva en el Registro de
la Propiedad y se pueda iniciar, después de practicada ésta, el expediente
administrativa. La anotación preventiva caducará en el plazo establecido en
el artículo 86 de la Ley o se convertirá en inscripción cuando se presente el
certificado prevenido en el artículo anterior. Si fuere presentado después de
la vigencia de la anotación, se extenderá la inscripción correspondiente.
 
 

Artículo 66
Las aguas de dominio privado que, conforme a lo dispuesto en el número
8.º del artículo 334 del Código Civil, tengan la consideración de bienes
inmuebles, podrán constituir una finca independiente e inscribirse con
separación de aquella que ocuparen o en que nacieren. En la inscripción se
observarán las reglas generales, expresándose técnicamente la naturaleza de
las aguas y su destino, si fuere conocido; la figura regular o irregular del
perímetro de las mismas, en su caso; la situación por los cuatro puntos
cardinales cuando resultare posible, o, en otro supuesto, con relación a la
finca o fincas que las rodeen o al terreno en que nazcan, y cuantas
circunstancias contribuyan a individualizar las aguas en cada caso.
Sin perjuicio de lo preceptuado en el párrafo anterior, podrá hacerse
constar la existencia de las aguas en la inscripción de la finca de que formen
parte, como una cualidad de la misma.
El derecho de las fincas a beneficiarse de aguas situadas fuera de ellas,
aunque pueda hacerse constar en la inscripción de dichas fincas como una
cualidad determinante de su naturaleza, no surtirá efecto respecto a tercero
mientras no conste en la inscripción de las mismas aguas o, en el supuesto del
párrafo anterior, en la de la finca que las contenga.
Cuando en una finca existan aguas no inscritas, cuya existencia no figure
en la inscripción de propiedad de aquélla o surjan después de practicada ésta,
podrán hacerse constar en la misma finca, si el dueño lo solicitare, por medio
de una nueva inscripción basada en acta notarial de presencia o por
descripción de las aguas en los títulos referentes al inmueble.
Las aguas privadas pertenecientes a heredades, heredamientos, dulas,
acequias u otras comunidades análogas se inscribirán en el Registro de la
Propiedad correspondiente al lugar en que nazcan o se alumbren aquéllas o su
parte principal, a favor de la Entidad correspondiente. En la inscripción se
harán constar, además de las circunstancias generales que sean aplicables: el
volumen del caudal, los elementos inmobiliarios indivisibles y accesorios de
uso común, como los terrenos en que nazcan las aguas, galerías, pozos,
maquinarias, estanques, canales y arquillas de distribución, número de
participaciones o fracciones en que se divida el caudal; las normas o
principios básicos de organización y régimen y los pactos que modifiquen el
contenido o ejercicio de los derechos reales a que la inscripción se refiera.
En los demás Registros, Ayuntamientos o Secciones se practicarán las oportunas
inscripciones de referencia. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada copartícipe
o comunero podrá inscribir a su nombre como finca independiente o, en su caso,
en el folio de la finca que disfrute del riego, la cuota o cuotas que le
correspondan en el agua y demás bienes afectos a la misma con referencia a la
inscripción principal.
Sin embargo, deberá abrirse siempre folio especial cuando se inscriban
las sucesivas transmisiones de cuotas o la constitución de derechos reales
sobre las mismas.
Se extenderán, en todo caso, las notas marginales de referencia.
 
 

Artículo 67 
Las explotaciones industriales destinadas a la producción o
distribución de energía eléctrica que disfruten de la correspondiente
concesión administrativa se inscribirán en hoja especial, y bajo un solo
número, conforme al artículo 31. Bajo el mismo número se expresarán las
concesiones, presas, pantanos o saltos de agua que exploten o les pertenezcan;
las centrales térmicas o hidráulicas de que dispongan; las líneas aéreas o
subterráneas de transmisión o distribución de corriente y sus características;
las casetas distribuidoras o transformadoras y demás elementos de la
explotación, así como las servidumbres de paso de energía establecidas
voluntaria o forzosamente y las autorizaciones, permisos o licencias que se
disfruten para la explotación, con arreglo a las Leyes y Reglamentos
administrativas sobre la materia.
Si las diversas suertes de tierra estuvieren situadas en territorio de
dos o más Registros, se hará una inscripción principal en aquel en que
estuviere situada la central productora y distribuidora, e inscripciones de
referencia en los demás, observándose en cuanto fuera posible lo dispuesto en
el artículo 62.
 
 

Artículo 68
La inscripción de la transmisión de una cuota indivisa de finca
destinada a garaje o estacionamiento de vehículos, podrá practicarse en folio
independiente que se abrirá con el número de la finca matriz y el correlativo
de cada cuota.
La apertura de folio se hará constar por nota al margen de la inscripción
de la finca matriz.
Para hacer constar la adscripción del uso y disfrute exclusivo de una
zona determinada del garaje o estacionamiento, deberá incluirse en el título
la descripción pormenorizada de la misma, con fijación de su número de orden,
linderos, dimensiones perimetrales y superficie útil, así como la descripción
correspondiente a los elementos comunes, la cual deberá hacerse con referencia
a un plano, cuya copia testimoniada se archivará en el Registro.
El régimen expuesto en los párrafos anteriores será aplicable con iguales
requisitos a la transmisión de cuota indivisa de locales del edificio
destinados a trasteros.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)
 

INSCRIPCION DE FOROS, SUBFOROS
Y OTROS DERECHOS ANALOGOS
Artículo 69
El dueño directo o el útil podrán obtener la inscripción de los foros,
subforos y demás derechos reales de igual naturaleza, así como la de su
dominio directa o útil respectivo, mediante la presentación de las escrituras
públicas de constitución o reconocimiento del foro, o de los testimonios de
los actos de conciliación y de los deslindes, apeos y prorrateos realizados
judicialmente, o mediante la de los documentos privados, aprobados por
convenio ante Notario, en los que se establezca o reconozca el foro o consten
los deslindes, apeos y prorrateos extrajudiciales.
En las inscripciones que se practiquen se describirán las fincas tal como
figuren en los títulos, expresándose, por lo menos, la situación de los bienes
del foro, los nombres de los pagadores y la renta que satisfaga cada une, con
expresión genérica de estar gravadas con ella las tierras que éstos poseyeren
afectas al foral.
 
 

Artículo 70
Si los títulos expresados en el artículo anterior fueren antiguos o
defectuosos, podrán describirse las fincas mediante solicitud suscrita por el
dueño directo o el útil que pide la inscripción y que será ratificada ante el
Registrador.
Si las fincas no estuvieren inscritas, dicha solicitud deberá ir firmada,
además, por el otro participe o interesado que no hubiere solicitado la
inscripción; en su defecto, se notificará a éste la petición de inscripción,
bien por el propio Registrador, que le entregará copia literal, bien por acta
notarial, y si no se opusiere a ella en el plazo de treinta días, contados
desde aquel en que la notificación hubiere tenido lugar, se llevará a cabo la
inscripción con todos los efectos legales.
Cuando el notificado acreditase su oposición en forma auténtica, se
denegará la inscripción solicitada y se ventilará aquélla en el juicio
declarativo correspondiente, sin que este juicio deba promoverlo
necesariamente el que se oponga a la inscripción.
 
 

Artículo 71
También podrán inscribirse los derechos expresados en el artículo 73
cuando se careciere del título, por medio de expediente de dominio o acta de
notoriedad tramitados con arreglo a la Ley, en los que se citará a los
titulares que no los promuevan.
 
 

Artículo 72
La inscripción de los títulos en que se transmita la propiedad y parte
del dominio, y se constituya a la vez el canon o renta, se verificará a favor
de ambos otorgantes o interesados en un solo asiento para cada finca, lugar
acasarado o grupo de suerte de tierra que, según el artículo 8 de la Ley,
pueda comprenderse bajo un solo número, surtiendo esta inscripción los
respectivos efectos legales que para cada uno se deriven del contrato.
Las inscripciones sucesivas que motiven los derechos o participaciones
especiales del dominio útil o directo se harán precisamente a continuación o
con referencia a la de constitución del foro o gravamen.
 
 

Artículo 73
Cuando las fincas afectas a la pensión consten inscritas a favor de los
foreros, el dueño perceptor del canon podrá inscribir el título de su derecho
sobre las mismas en la forma, proporción y condiciones correspondientes, sin
que por ello se entienda quebrantada la solidaridad.
Si todas o algunas de las referidas fincas aparecieren inscritas sin
expresar el gravamen, o con diferencias en cuanto a su extensión o
condiciones, se denegará o suspenderá la inscripción, según los casos, a no
ser que se acredite que la persona o personas que la soliciten están conformes
con que no se extienda el derecho inscribible a las fincas que no aparezcan
gravadas en debida forma. Esta circunstancia se hará constar en la inscripción
que se practique. La sujeción de tales fincas al foro se dilucidará, en
defecto de conformidad de los interesados, en el juicio declarativo
correspondiente.
 
 

Artículo 74
La inscripción de las redenciones de foros, subforos y demás derechos
reales de naturaleza análoga se verificará en virtud de los convenios
otorgados por los preceptores y pagadores o de la sentencia dictada por el
Tribunal especial competente. (Artículo reformado por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
 
 

INSCRIPCIONES DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, DE HERENCIA
Y DE CONTRATO SUCESORIO
Artículo 75
De conformidad con el artículo 1.333 del Código Civil, serán
inscribibles en el Registro de la Propiedad las capitulaciones matrimoniales
en cuanto contengan respecto a bienes inmuebles o derechos reales
determinados, alguno de los actos a que se refieren los artículos 2 de la Ley
y 7 de este Reglamento. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
Si, en tal caso, el matrimonio no se hubiere contraído, se suspenderá la
inscripción y podrá tomarse anotación preventiva de suspensión, que se
convertirá en inscripción cuando se acredite la celebración de aquél o se
cancelará a solicitud de cualquiera de los otorgantes si, transcurridos un año
y dos meses desde la fecha de las capitulaciones, no se hubiere acreditado que
el matrimonio se celebró dentro del plazo de un año desde dicha fecha.
 

Artículo 76
En la inscripción de bienes adquiridos por herencia testada se harán
constar las disposiciones testamentarias pertinentes, la fecha del
fallecimiento del causante, tomada de la certificación respectiva, y el
contenido del certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad.
En la inscripción de bienes adquiridos por herencia intestada se
consignarán los particulares de la declaración judicial de herederos.
 

Artículo 77
1. En la inscripción de bienes adquiridos o que hayan de adquirirse en
el futuro en virtud de contrato sucesorio se consignarán, además de la
denominación que en su caso tenga la institución en la respectiva legislación
que la regule o admita, las estipulaciones pertinentes de la escritura
pública, la fecha del matrimonio, si se tratase de capitulaciones
matrimoniales, y, en su caso, la fecha del fallecimiento de la persona o
personas que motiven la transmisión, el contenido de la certificación del
Registro General de Actos de Ultima Voluntad, cuando fuere necesaria su
presentación, y las particularidades de la escritura, testamento o resolución
judicial en que aparezca la designación del heredero. (Artículo redactado por
Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
2. Si se tratase de adquisiciones bajo supuesto de futuro matrimonio y
éste no se hubiese contraído, se suspenderá la inscripción y podrá tomarse
anotación preventiva de suspensión, que se convertirá en inscripción cuando
se acredite la celebración de aquél, o, si fuese aplicable el artículo 1.334
del Código Civil, se estará a lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 75.
3. Cuando, por implicar el contrato sucesorio, heredamiento o institución
de que se trate, la transmisión de presente de bienes inmuebles, se hubiera
practicado la inscripción de éstos antes del fallecimiento del causante o
instituyente, se hará constar en su día tal fallecimiento por media de nota
al margen de la inscripción practicada, si bien habrá de extenderse el
correspondiente asiento principal para la cancelación de las facultades o
derechos reservados por el fallecido, en su caso.
 
 

Artículo 78 
En los casos de los dos artículos anteriores se considerará defecto que
impida la inscripción el no presentar los certificados que se indican en los
mismos, o no relacionarse en el título o resultar contradictorios con éste.
No se considerará contradictorio el certificado del Registro General de Actos
de Ultima Voluntad cuando fuere negativo u omitiere el título sucesorio en que
se base el documento presentado, si este título tuera de fecha posterior a los
consignados en el certificado.
 
 

Artículo 79
Podrán inscribirse a favor del heredero único y a su instancia,
mediante la presentación de los documentos referidos en el artículo 76. Los
bienes y derechos que estuvieren inscritos a nombre del causante, cuando no
exista legitimario ni persona autorizada, según el título sucesorio para
adjudicar la herencia, salve que en este segundo supuesto la única persona
interesada en la herencia resultare ser dicho heredero.
 
 

Artículo 80
1. Para obtener la inscripción de adjudicación de bienes hereditarios
o cuotas indivisas de los mismos se deberán presentar, según los casos:
(Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
a) Escritura de partición; escritura o, en su caso, acta de
protocolización de operaciones particionales formalizadas con arreglo a las
Leyes, o resolución judicial firme en la que se determinen las adjudicaciones
a cada interesado, cuando fuesen varios los herederos.
b) Escritura de manifestación de herencia, cuando en caso de heredero
único sea necesario con arreglo al artículo anterior.
c) Escritura pública, a la cual hayan prestado su consentimiento todos
los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y éste tuera
de su libre disposición.
2. La inscripción de las adjudicaciones de bienes hereditarios a alguno
o algunos de los hijos o descendientes con obligación de pago en metálico de
la porción hereditaria de los demás legitimarios, expresará que las
adjudicaciones se verifican con arreglo al artículo 844 del Código Civil, y
se llevarán a cabo:
a) Si se trata de adjudicación practicada por el testador, en virtud del
testamento de éste si la contuviere, y, en otro caso, se acompañará, además,
la escritura pública en que se contenga.
b) Si se trata de adjudicación practicada por contador-partidor, en
virtud del testamento del causante, de la escritura pública otorgada por aquél
en que se contenga la adjudicación con fijación de la cuantía de los haberes
de los legitimados y, en su caso, del documento público acreditativo de
haberse conferido al contador dativo tal facultad.
En ambos supuestos deberá acompañarse el documento en que conste la
aceptación del adjudicatario o adjudicatarios y el que acredite la
confirmación de los demás hijos o descendientes o la, aprobación judicial.
El pago de la porción hereditaria de los legitimarios se hará constar por
nota marginal mediante el documento público que lo acredite.
 
 

Artículo 81 La inscripción a favor del legatario de inmuebles específicamente
legados se practicará en virtud de: (Artículo redactado por Real Decreto de
12 de noviembre de 1982).
a) Escritura de manifestación de legado otorgada por el propio legatario,
siempre que no existan legitimarios y aquél se encuentre facultado
expresamente por el testador para posesionarse de la cosa legada.
b) Escritura de partición de herencia o de aprobación y protocolización
de operaciones particionales formalizada por el contador-partidor en la que
se asigne al legatario el inmueble o inmuebles legados.
c) Escritura de entrega otorgada por el legatario y contador-partidor o
albacea facultado para hacer la entrega o, en su defecto, por el heredero o
herederos.
d) Solicitud del legatario cuando toda la herencia se hubiere distribuido
en legados y no existiere contador-partidor, ni se hubiere facultado al
albacea para la entrega.
Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los que no sean de
inmuebles determinados se inscribirán mediante escritura de liquidación y
adjudicación otorgada por el contador-partidor o albacea facultado para la
entrega o, en su defecto, por todos los legatarios.
 
 

Artículo 82
En las inscripciones de herencia o legado con sustitución
fideicomisaria que se practiquen a favor de los fiduciarios, se hará constar
la cláusula de sustitución. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
Cuando los bienes pasen al fideicomisario se practicará la inscripción
a favor de éste en virtud del mismo título sucesorio y de los que acrediten
que la transmisión ha tenido lugar.
En las sustituciones hereditarias de cualquier clase, cuando no
estuvieren designados nominativamente los sustitutos, podrán determinarse por
acta de notoriedad tramitada conforme al Reglamento Notarial, siempre que de
las cláusulas de sustitución o de la Ley no resulte la necesidad de otro medio
de prueba.
El acta de notoriedad también será título suficiente para hacer constar
la extinción de la sustitución, o la ineficacia del llamamiento sustitutorio,
por cumplimiento o no cumplimiento de condición, siempre que los hechos que
los produzcan sean susceptibles de acreditarse por medio de ella.
El adquirente de bienes sujetos a sustitución fideicomisaria podrá
obtener, en su caso, a través del expediente de liberación de gravámenes
regulado en los artículos 209 y 210 de la Ley, la cancelación del gravamen
fideicomisario si han transcurrido treinta años desde la muerte del fiduciario
que le transmitió los bienes sin que conste actuación alguna del
fideicomisario o fideicomisarios.
 
 

Artículo 83
No se practicarán las menciones que establece el artículo 15 de la Ley,
relativas a derechos de los legitimarios cuando entes de inscribirse los
bienes a favor de los herederos hubieren aquéllos percibido o renunciado su
legítima o se hubieren declarado satisfechos de la misma.
 
 

Artículo 84
Los derechos de los legitimarios no perjudicarán a terceros que
adquieran a titulo oneroso los bienes hereditarios, sino cuando tales derechos
consten previamente por mención, nota marginal o anotación preventiva no
cancelada, y en los términos resultantes de las mismas.
 
 

Artículo 85
Si se hubieren asignado bienes ciertos para el pago de las legítimas,
se inscribirán a nombre de los respectivos adjudicatarios.
Si la mención legitimaria se hubiere concretado sobre inmuebles
determinados, se hará constar mediante nota al margen de las correspondientes
inscripciones.
En ambos casos, si no mediare la expresa aceptación que previene el
último párrafo de la regla a) del artículo 15 de la Ley, se practicará
asimismo la mención por derechos legitimarios sobre los demás bienes de la
herencia. Dicha mención caducará de derecho y será cancelada después de cinco
años de su fecha, con la única excepción de que esté subsistente anotación de
demanda promovida por algún legitimario impugnando por insuficiente la
asignación de bienes o la concreción de la garantía.
 

Artículo 86 
Las menciones de legítimas y las notas marginales de afectación en
garantía de las mismas se cancelarán, en cualquier tiempo, respecto del
legitimario que expresamente lo consienta, se declare satisfecho de su
legítima, la perciba o la renuncie.
 
 

Artículo 87 
Caducará la mención y será cancelada transcurrido el quinquenio fijado
por la Ley, cuando los bienes especialmente asignados o afectos a la garantía
fueren valores mobiliarios y se acredite su depósito en la forma y a los fines
expresados en el número 2.º de la regla b) del artículo 15 de la Ley. Los
efectos depositados podrán ser retirados por los herederos en las
circunstancias determinadas en el párrafo antepenúltimo del citado artículo.
La aceptación o reclamación de los legitimarios no obligará al
depositario mientras no le haya sido notificada en forma auténtica.
Todos los referidos depósitos podrán ser alzados en cualquier tiempo si
los legitimarios lo consintieren expresamente o si se acreditare que se
declararon satisfechos de su legítima, la percibieron o la renunciaron.
 

Artículo 88
Las cancelaciones de menciones y notas de derechos legitimarios
dimanantes de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley o en sus concordantes
de este Reglamento, se efectuarán par nota marginal a petición del heredero,
de sus causahabientes o representantes o del dueño de la finca o titular del
derecho real a que afecten.
 
 

INSCRIPCION DE BIENES DE AUSENTES, DE LOS CONYUGES
Y DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
Artículo 89
Los documentos inscribibles relativas a actos y contratos en que estén
interesadas personas que hubiesen desaparecido de su domicilio o del lugar de
su última residencia, sin saberse su paradero y sin dejar apoderado con
facultad de administración de todos sus bienes, deberán otorgarse par el
representante nombrado al efecto a instancia de parte legítima o del
Ministerio Fiscal, con arreglo a los artículos 181 y siguientes del Código
Civil.
En la inscripción de bienes que acrezcan a los coherederos o colegatarios
de un ausente o que se practiquen a favor de persona con derecho a reclamar
la parte de aquél, y en las de los bienes del declarado fallecido realizadas
a favor de sus herederos, se hará constar que quedan sujetos a lo que disponen
los artículos 191 y 192 del Código Civil o 196.2 del mismo cuerpo legal, según
proceda. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 90
1. Los bienes que con arreglo al Derecho foral o especial aplicable
correspondan a una comunidad matrimonial, se inscribirán a nombre del cónyuge
o de los cónyuges adquirentes, expresándose, cuando proceda, el carácter común
y, en su caso, la denominación que aquélla tenga. (Artículo redactado por Real
Decreto de 12 de noviembre de 1982).
Si los bienes estuvieren inscritas a favor de uno de los cónyuges y
procediera legalmente, de acuerdo con la naturaleza del régimen matrimonial,
la incorporación o integración de los mismos a la comunidad, podrá hacerse
constar esta circunstancia por nota marginal.
2. Los bienes adquiridos par ambos cónyuges, sujetos a cualquier régimen
de separación o participación, se inscribirán a nombre de uno y otro, en la
proporción indivisa en que adquieran conforme al artículo 54 de este
Reglamento.
3. Si el régimen económico-matrimonial vigente fuera el de participación
se hará constar el consentimiento del cónyuge del disponente si resultare del
titulo y la disposición fuera a título gratuito.
 
 

Artículo 91 
1. Cuando la Ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges
para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia, será
necesario para la inscripción de actos dispositivos sobre una vivienda
perteneciente a uno solo de los cónyuges que el disponente manifieste en la
escritura que la vivienda no tiene aquel carácter. (Apartado redactado por
Real Decreto de 10 de octubre de 1984).
2. El posterior destino a vivienda familiar de la comprada a plazos por
uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, no alterará la inscripción
a favor de éste, si bien, en las notas marginales en las que se hagan constar
con posterioridad, los pagos a cuenta del precio aplazado se especificará el
carácter ganancial o privativo del dinero entregado.
3. La determinación de la cuota indivisa de la vivienda familiar habitual
que haya de tener carácter ganancial, en aplicación del artículo 1.357.2 del
Código Civil, requerirá el consentimiento de ambos cónyuges, y se practicará
mediante nota marginal.
 
 

Artículo 92
Cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes
casados estuviere sometido a legislación extranjera, la inscripción se
practicará a favor de aquél o aquéllos haciéndose constar en ella que se
verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de éste, si
constare.
 
 

Artículo 93
1. Se inscribirán a nombre de marido y mujer, con carácter ganancial,
los bienes adquiridos a título oneroso y a costa del caudal común par ambos
cónyuges para la comunidad o atribuyéndoles de común acuerdo tal condición o
adquiriéndolos en forma conjunta y sin atribución de cuotas. En la misma forma
se inscribirán los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges
conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad,
siempre que la liberalidad fuere aceptada par ambos y el donante o testador
no hubiere dispuesto lo contrario.
2. Para la inscripción de los actos de administración o de disposición,
a título oneroso, de estos bienes será preciso que se hayan realizado
conjuntamente par ambos cónyuges, o par uno cualquiera de ellos con el
consentimiento del otro o con la autorización judicial supletoria.
3. Los actos de disposición a título gratuito de estos bienes se
inscribirán cuando fueren realizados par ambos cónyuges conjuntamente, o por
uno de ellos concurriendo el consentimiento del otro.
4. Los bienes adquiridos a título oneroso por uno solo de los cónyuges
para la sociedad de gananciales se inscribirán, con esta indicación, a nombre
del cónyuge adquirente. Para la inscripción de los actos de disposición de
estas bienes se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo
y para la de los actos enumerados en el apartado 2 del artículo siguiente, se
estará a lo que en él se dispone.
 
 

Artículo 94

1. Los bienes adquiridos a título oneroso por uno solo de los cónyuges,
sin expresar que adquiere para la sociedad de gananciales, se inscribirán a
nombre del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente ganancial.
2. Serán inscribibles las agrupaciones, segregaciones o divisiones de
estos fincas, las declaraciones de obra nueva sobre ellas, la constitución de
sus edificios en régimen de propiedad horizontal y cualesquiera otros actos
análogos realizados por sí solo por el titular registral.
3. Para la inscripción de los actos de disposición a título oneroso de
los bienes inscritas conforme al apartado 1 de este artículo, será necesario
que hayan sido otorgados por el titular registral con el consentimiento de su
consorte o, en su defecto, con autorización judicial.
4. Los actos a título gratuito se regirán por lo dispuesto en el apartado
3 del artículo anterior.
 
 

Artículo 95

1. Se inscribirán como bienes privativos del cónyuge adquirente los
adquiridos durante la sociedad de gananciales que legalmente tengan tal
carácter.
2. El carácter privativo del precio o de la contraprestación del bien
adquirido deberá justificarse mediante prueba documental pública.
3. Todos los actos inscribibles relativos a estos bienes se llevarán a
cabo exclusivamente por el cónyuge adquirente aun antes de proceder a la
liquidación de la sociedad conyugal disuelta.
4. Si la privatividad resultare sólo de la confesión del consorte, se
expresará dicha circunstancia en la inscripción y ésta se practicará a nombre
del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla. Todos los actos inscribibles
relativos a estos bienes se realizarán exclusivamente por el cónyuge a cuyo
favor se haya hecho la confesión, quien no obstante necesitará para los actos
de disposición realizados después del fallecimiento del cónyuge confesante el
consentimiento de los herederos forzosos de éste, si los tuviere, salvo que
el carácter privativo del bien resultare de la partición de la herencia.
5. Si la justificación o confesión de privatividad se refiere solamente
a una parte del precio o contraprestación, la inscripción se practicará a
nombre del cónyuge a cuyo favor se haga aquélla en la participación indivisa
que se indique en el título y a nombre de uno o ambos cónyuges, según proceda,
para su sociedad de gananciales, en la participación indivisa restante del
bien adquirido.
6. La justificación o confesión de la privatividad hechas con
posterioridad a la inscripción se harán constar por nota marginal. No se
consignará la confesión contraria a una aseveración o a otra confesión
previamente registrada de la misma persona.

Artículo 96
1. Lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 95 se entiende sin perjuicio
de lo establecido por la Ley para casos especiales y de lo válidamente pactado
en capitulaciones matrimoniales.
2. Las resoluciones judiciales que afecten a la administración o
disposición de los bienes de los cónyuges se harán constar por nota marginal.
 
 

PLAZO PARA VERIFICAR LA INSCRIPCION
Artículo 97 
Las inscripciones se practicarán, si no mediaren defectos, dentro de
los quince días siguientes a la fecha del asiento de presentación, o de los
treinta si existiese justa causa, y, en todo caso, dentro del plazo de
vigencia de dicho asiento a que se refiere el artículo 17 de la Ley. (Artículo
redactado por Real Decreto de 21 de diciembre de 1983.).
Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, tuviere
defectos subsanables o existiera pendiente de despacho un título presentado
con anterioridad, los plazos de calificación e inscripción se contarán desde
la devolución del título, desde su aportación una vez subsanado, o desde el
despacho del título previo, respectivamente. En tales casos, si los documentos
se aportaran o el despacho del título previo se produjera dentro de los quince
últimos días de vigencia del asiento de presentación, se entenderán
prorrogados dichos plazos y el asiento por un período igual al que falte para
completar los quince días. Dicha prórroga implicará la de los asientos
contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. El plazo de despacho de
los títulos retirados por defectos subsanables, quedará prorrogado nuevamente
por un período igual hasta completar los quince días, en el caso de que la
subsanación hubiera sido aportada dentro del plazo de la prórroga anterior y
fuera suficiente a juicio del Registrador para permitir su inscripción.
(Párrafo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre98)
La devolución o aportación de los títulos o de los documentos
subsanatorios y la prórroga de los asientos de presentación se harán constar
por nota al margen de éstos.
Si se hubiere interpuesto recurso judicial o gubernativo, el plazo para
practicar la inscripción comenzará a contarse desde la fecha en que se
notifique al Registrador la resolución que se dicte.
Si transcurriesen los indicados plazos sin efectuar la inscripción; podrá
el interesado acudir en queja al Juez de Primera Instancia, el cual, si el
Registrador no justificare haber existido algún impedimento material o legal
para practicarla, podrá imponer a éste la corrección correspondiente, sin
perjuicio de que el interesado pueda exigir del Registrador, en el
procedimiento que corresponda, la indemnización de los perjuicios que se
deriven de la falta de inscripción dentro del plazo.
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

CALIFICACION REGISTRAL Y SUS EFECTOS
Artículo 98
El Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18
de la Ley, como faltas de legalidad en las formas extrínsecas de los
documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, las que
afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinan la forma
de los instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o
puedan conocerse por la simple inspección de ellos. (Artículo redactado por
Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
Del mismo modo apreciará la no expresión, o la expresión sin la claridad
suficiente, de cualquiera de las circunstancias que, según la Ley y este
Reglamento, debe contener la inscripción, bajo pena de nulidad.
 
 

Artículo 99
La calificación registral de documentos administrativos se extenderá,
en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución
con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades
extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales
del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los
obstáculos que surjan del Registro. (Artículo redactado por Real Decreto de
12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 100
La calificación por los Registradores de los documentos expedidos por
la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a
la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere
dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los
obstáculos que surjan del Registro.

Artículo 101
La calificación de los documentos presentados en el Registro se
entenderá limitada a los efectos de extender, suspender o denegar la
inscripción, anotación, nota marginal o cancelación solicitada, y no impedirá
el procedimiento que pueda seguirse ante los Tribunales sobre la validez o
nulidad del título sobre la competencia del Juez o Tribunal, ni prejuzgará los
resultados del mismo procedimiento.
Si la ejecutoria que en éste recayera resultare contraria a la
calificaban, el Registrador practicará el asiento solicitado, el cual surtirá
sus efectos desde la fecha del de presentación del título, si se hubiere
tomado la correspondiente anotación preventiva y ésta estuviese vigente.
 
 

Art102
Los Registradores no podrán calificar por sí los documentos de cualquier
clase que se les presenten cuando ellos, sus cónyuges o parientes, dentro del
segundo grado de consanguinidad o afinidad o sus representados o clientes, por
razón del asunto a que tales documentos se refieran, tengan algún interés en
los mismos. A estos efectos se considerará como interesados a los Notarios
autorizantes.
Los citados documentos se calificarán y despacharán por el Registrador
de la Propiedad que corresponda con arreglo al cuadro de sustituciones, a
quien oficiará al efecto el Registrador incompatible. Se exceptúa el caso
previsto en el artículo 485 y cuando existan en el mismo término municipal dos
o más Registros de la Propiedad, en cuyo caso lo verificará un Registrador no
incompatible.
El Registrador que accidentalmente deba calificar los documentos
percibirá por su calificación y despacho solamente los honorarios que señala
el Arancel, sin indemnización alguna por dietas y gastos de viaje y con
deducción de lo que corresponda por razón de gastos de personal y de material.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre; B.O.E.)
 
 

Artículo 103
Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable a la extensión
del asiento de presentación en el Libro Diario, pero sí lo será a la
expedición de certificaciones. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de
noviembre de 1982).
 
 

Artículo 104
Los Registradores no sólo denegarán o suspenderán la inscripción de
todo título cuando así proceda, tomando o no anotación preventiva, sino que,
cuando resultare del mismo título haberse cometido algún delito, darán parte
a la correspondiente autoridad judicial, con remisión del documento respectivo
y harán constar esta circunstancia al margen del asiento de presentación, sin
que ello implique suspensión o prórroga de la vigencia de dicho asiento.
(Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 105
No obstante lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 20 de la Ley,
los Registradores podrán suspender la inscripción de los documentos en los que
se declare, transfiera, grave, modifique o extinga el dominio y demás derechos
reales sobre bienes inmuebles en el caso de que la persona que otorgue el acto
o contrato alegase en el documento presentado ser causahabiente del titular
inscrito o resultare tal circunstancia del Registro y del referido documento,
y a solicitud del presentante extenderá anotación preventiva por defecto
subsanable. (Artículo reformado por el Real Decreto de 12 de noviembre de 1982: antes era el artículo 10)).
 
 

Artículo 106
Si el Registrador no hiciere la inscripción solicitada por defecto
subsanable y el interesado pidiera que en su lugar se tome anotación
preventiva, con arreglo al número 9.º del artículo 42 de la Ley, se hará
constar por nota al margen del asiento de presentación.
 
 

Artículo 107
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley, una,vez
acreditado el pago de la liquidación de los impuestos con la presentación, en
su caso, de la carta de pago, o la exención, no sujeción o prescripción
mediante la nota de la Oficina correspondiente, los Registradores se
abstendrán de calificar cuanto se relaciona con la liquidación o nota
indicadas, sin perjuicio de poner en conocimiento de la Delegación de Hacienda
respectiva los errores o deficiencias que advirtiesen, si lo estimaren
procedente. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 108
Transcurridos los plazos durante los cuales producen sus efectos los
asientos de presentación o las anotaciones preventivas de suspensión, sin
haberse practicado el asiento solicitado y podrán presentarse de nuevo los
títulos correspondientes, los cuales serán objeto de nueva calificación.
También podrán presentarse los mismos títulos antes de haber transcurrido
el plazo de vigencia del asiento de presentación, mediante otro asiento
independiente del anterior, cuando el objeto de la nueva presentación se
refiera a fincas o actos que hubieran sido expresamente excluidos de la
precedente. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

Artículo 109
Los plazos señalados por días en este Reglamento se computarán por
días hábiles, excepto los establecidos para concursar Registros o tomar
posesión de los mismos, que se contarán por días naturales.
Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha
a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al
inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes. Si el
último día del plazo fuese inhábil, su vencimiento tendrá lugar el primer día
hábil siguiente. (Artículo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de
1982).
 
 

Artículo 110
Las faltas subsanables, cualquiera que sea su procedencia, podrán
subsanarse por instancia de los interesados, que se archivará en el Registro,
siempre que no fuere necesario un documento público u otro medio especialmente
adecuado.
 
 

Artículo 111
En los casos del artículo 19 de la Ley, los interesados podrán recoger
el documento y subsanar la falta dentro del plazo de vigencia del asiento de
presentación; pedir la anotación preventiva, que durará el tiempo señalado en
el artículo 96 de dicha Ley; recurrir contra la calificación del Registrador
gubernativamente o formular la correspondiente demanda ante el Tribunal de
Justicia, con arreglo al artículo 66 de la misma Ley.
Cuando la devolución del documento defectuoso, una vez subsanados los
defectos, tenga lugar después de caducado el asiento de presentación o la
anotación preventiva, en su caso, requerirá nueva presentación, que surtirá
sus efectos desde la fecha del nuevo asiento.
La prórroga del plazo de vigencia de los asientos de presentación y, en
su caso, de las anotaciones preventivas, llevará consigo la prórroga del plazo
de vigencia de los asientos de presentación relativos a títulos
contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. El Registrador hará
constar esta circunstancia por nota al margen de los asientos de presentación.
(Párrafo redactado por Real Decreto de 12 de noviembre de 1982).
 
 

DEL RECURSO GUBERNATIVO
Artículo 112 
El recurso gubernativo a que se refiere el artículo anterior podrá ser
entablado:
1.º Por la persona, individual o jurídica, a cuyo favor se hubiera de
practicar la inscripción; por quien tenga interés conocido en asegurar los
efectos de ésta, como transferente o por otro concepto, y por quien ostente
notoriamente o acredite en forma auténtica la representación legal o
voluntaria de unos u otros para tal objeto.
2.º Por el Fiscal de la respectiva Audiencia, cuando se trata de
suspensiones o negativas a inscribir documentos expedidos por las Autoridades
judiciales, pero solamente en los asuntos criminales o civiles en los cuales
deba ser parte con arreglo a las Leyes, e independientemente y sin perjuicio
del derecho de los interesados, a lo dispuesto en el número anterior.
3.º Por el Notario autorizante del título, en todo caso; si se resolviese
que el título es inscribible, el interesado obtendrá la inscripción sin
necesidad de promover nuevo recurso, siempre que no mediaren obstáculos de
distinta naturaleza.
El Notario autorizante podrá igualmente recurrir contra la calificación
del Registrador a efectos exclusivamente doctrinales, aun cuando se hubieren
inscrito los documentos calificados en virtud de subsanación de los defectos
alegados en la nota por el Registrador. Igualmente podrá mantener el recurso
a efectos doctrinales si el interesado en el recurso desistiera de su
tramitación.
( número 3º y párrafo último de nueva redacción por Real Decreto
1867/1998)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 113
El recurso gubernativo se promoverá dentro del plazo de tres meses a
contar de la fecha de la nota contra la cual se recurra, por medio de escrito
dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en cuya demarcación
radique el Registro de la Propiedad. Dicho escrito se presentará en el propio
Registro y en él se expresarán sucintamente los hechos y fundamentos de
Derecho, se determinarán con claridad y precisión los extremos de la nota del
Registrador que van a ser objeto de reclamación y se indicará un domicilio
en territorio de dicho Tribunal Superior en donde deban notificarse las
providencias que recaigan.
Al escrito se acompañarán los documentos calificados por el Registrador
o testimonio bastante de los mismos.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)
 

Artículo 114
En el mismo día de entrada del escrito de interposición del recurso
el Registrador extenderá las notas marginales correspondientes, a los efectos
del artículo 66 de la Ley, siempre que no hubieran caducado los asientos
respectivos. Interpuesto recurso gubernativo dentro del plazo de vigencia del
asiento de presentación, o, en su caso, del de la anotación preventiva por
defecto subsanable, quedarán dichos plazos en suspenso hasta que recayere la
resolución definitiva. Quedarán igualmente en suspenso los asientos de
presentación anteriores o posteriores relativos a títulos contradictorios o
conexos, haciéndose constar esta circunstancia por nota al margen de los
asientos afectados.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)
(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)
 

Artículo 115
El Registrador ante quien se hubiera interpuesto el recurso, sea o no
el mismo que hizo la calificación recurrida, podrá mantenerla o rectificarla
en todo o en parte. Si estuviera totalmente conforme con el recurrente,
practicará los asientos correspondientes y devolverá el título despachado al
presentante. En caso de mantener en todo o en parte su calificación suspensiva
o denegatoria elevará el expediente al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia junto con informe en defensa de la calificación, en el plazo de
quince días desde la interposición del recurso, haciendo constar si ha
practicado las notas marginales previstas en el artículo 66 de la Ley o las
causas que lo hayan impedido.
(Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 116
El Presidente, una vez recibido el expediente, deberá pedir también
informe al Notario autorizante no recurrente, cuando la nota recurrida
atribuyese al instrumento defectos de redacción o autorización, y, en su caso,
al Juez, Tribunal o funcionario que conociere de los autos o del expediente
en que se hubiere acordado el asiento suspendido o denegado. Dicho informe se
remitirá en el plazo de quince días siguientes al que hayan recibido el
expediente.
(Artículo de redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 117
Sólo podrán ser discutidas en el recurso gubernativo las cuestiones
que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del
Registrador, rechazándose de plano las peticiones basadas con otros motivos
o en documentos no presentados en tiempo y forma.
 
 

Artículo 118
La resolución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia se
dictará en forma de auto en expediente de jurisdicción voluntaria.
Dicha resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las
pretensiones deducidas en el procedimiento; ordenará, denegará o suspenderá
la inscripción y, cuando procediere, impondrá las costas al recurrente o al
Registrador con arreglo al artículo 130.
( Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 119
Cuando sin entrar en el fondo del asunto se hubiere alegado por el
Registrador la falta de personalidad del recurrente u otra causa que impida
tramitar el recurso y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia no
hubiere estimado la excepción, acordará que aquél emita dictamen sobre las
cuestiones que hubieren motivado el recurso, fijándole al efecto un plazo que
no exceda de quince días.
Si apreciare la falta de personalidad en el recurrente, limitará a este
punto su resolución, cualesquiera que hubieran sido las peticiones formuladas
en el expediente.
(Artículo de nueva redacción por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 120
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia resolverá el recurso
en el término de treinta días, contados desde que hayan sido unidos al
expediente los documentos en que hubiere de fundar su decisión.
(Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de
septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 121
Los Registradores y los recurrentes podrán apelar, ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, los autos que en los recursos
gubernativos dicten los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
La apelación deberá interponerse por medio de escrito dirigido al Presidente
que la hubiera dictado, cursado directamente o por conducto del Juez de
Primera Instancia, que deberá tener entrada en la Presidencia o en el Juzgado
dentro de los quince días siguientes al que se hubiera notificado la
resolución. En dicho escrito se expresarán con claridad los extremos del auto
contra los cuales se dirija la impugnación.
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el supuesto en que la
materia objeto del recurso sea de Derecho Civil foral, especial o propio de
la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el Registro. En tal caso el auto
será firme.
(Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 122
Interpuesta apelación contra dichos autos en tiempo y forma, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin subsanación alguna la
admitirá en ambos efectos y remitirá el expediente a la Dirección General de
los Registros y del Notariado dentro de los seis días siguientes.
Contra la negativa del Presidente a admitir apelación, el interesado
podrá recurrir en queja ante la misma Dirección General, salvo en el supuesto
del párrafo segundo del artículo anterior.
(Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 123
La resolución de la Dirección General se dictará en el plazo de tres
meses desde la recepción del expediente o desde la recepción de los documentos
a que se refiere el artículo 124 y se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», comunicándose al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, con
devolución del expediente para su archivo.
El Presidente devolverá al Registrador los documentos calificados, si la
resolución considerase procedente su inscripción en todo o en parte, o al
recurrente en caso contrario.
(Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)

(El texto marcado en rojo ha sido declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de febrero, 22 de mayo, 12 de diciembre del 2000 y la de 31 de enero del 2001)

Artículo 124 
El Director General de los Registros y del Notariado o el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia podrán acordar para mejor proveer, que se
unan al expediente los informes y los documentos que contribuyan al mejor
esclarecimiento de las peticiones formuladas y cuya presentación en el
Registro no fuese necesaria para la inscripción denegada o suspendida. También
podrán pedir, si lo estimaren conveniente, informes al Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles y al Consejo General del Notariado
o a los Colegios Notariales. Asimismo podrán pedir informe, en su caso, al
Centro Directivo que tenga atribuida la asistencia jurídica a la
Administración Pública autora del documento objeto de calificación.
Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia podrán,
asimismo, designar una Comisión integrada paritariamente por Notarios y
Registradores de la Propiedad, entre los candidatos presentados por los
respectivos Colegios profesionales, de la que podrán también formar parte
Magistrados pertenecientes al orden jurisdiccional civil, para que les asistan
en la resolución de los expedientes.
La interpretación y aplicación de las normas jurídicas aplicables al
caso, no obstante, corresponderá siempre al órgano decisor, sin que los
dictámenes sean vinculantes.
((Artículo redactado por Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre)