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Villares: "Cuanto más caso nos hagan sobre el gallego, mejor nos irá a todos"
"No se puede tratar igual a los desiguales", dice el Consello da Cultura sobre el decreto
DANIEL SALGADO - Santiago - 03/02/2010
Sobre dos pilares edifica su crítica al borrador del decreto
sobre plurilingüismo de la Xunta el Consello da Cultura Galega: la
necesidad de consenso y de coherencia legislativa y la ilegitimidad de
"tratar igual a los desiguales". Más de 20 folios, elaborados
por una comisión de seis personas, repasan "punto por punto y
aportando propuestas" el documento que la Consellería de
Educación dio a conocer hace ahora un mes. "Se trata de un texto
realizado con extraordinaria responsabilidad pero con una gran
firmeza", expuso el presidente del Consello Ramón Villares,
quien añadió: "Cuanto más caso sobre el gallego
nos haga la Xunta, mejor nos irá a todos".
El informe que aprobó el organismo de alta asesoría
emplea "puntos de vista pedagógicos y
sociolingüísticos, no jurídicos". Y según el
secretario de la institución, sociolingüista y coordinador
del dictamen, Henrique Monteagudo, se basa "en la práctica legal
desarrollada en la Autonomía". "No depende de la voluntad de un
Gobierno promover o no el gallego", adujo, "sino que es un mandato con
origen en la Constitución y el Estatuto".
De concretarse el planteamiento explicitado por el actual secretario de
Política Lingüística en los últimos
días -un equilibrio al 50% entre gallego y castellano mientras
no se introduce el inglés-, el ejecutivo de Núñez
Feijóo será el primero en hacer retroceder el gallego en
la enseñanza pública. "Los cuatro presidentes anteriores
de la comunidad aprobaron medidas para incrementar la lengua en la
educación", recordó Monteagudo, para quien "el fin es la
igualdad de los dos idiomas, y no se resuelve con la paridad". Todo lo
que suponga retroceder del mínimo del 50% de asignaturas en
gallego, que figura en el Plan de Normalización aprobado en 2004
por unanimidad, no resulta aceptable para el Consello da Cultura. Ese
porcentaje sí fue recogido por la normativa de 2007,
todavía vigente y confeccionada por el Gobierno de
coalición entre socialistas y nacionalistas.
Pero la cuestión porcentual no es lo único que preocupa
en el Consello da Cultura. Ni la votación vinculante de los
padres ni la introducción de una lengua extranjera como
vehicular, las otras dos claves de la propuesta de la Xunta, se
encuentran bien articuladas. La institución incide en que la
Administración no debe hacer dejación de
responsabilidades y critica, "por razones prácticas", la
consulta a las familias. Sobre la entrada del inglés en la
enseñanza que, después de las matizaciones de
Educación, se efectuará a diez años vista, el
Consello recuerda que su estatus no puede equipararse al de las lenguas
oficiales. Además, la promoción del gallego forma parte
del Estatuto, mientras que del inglés "deben ocuparse las
políticas públicas".
El dictamen fue sometido a votación en uno de los Plenarios
más concurridos, 23 miembros de 26, del Consello da Cultura, y
registró 20 votos a favor y tres abstenciones. El conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, fue una de ellas, junto a Eduardo Pardo de
Guevara y el magistrado José Antonio García Caridad. Este
último, redactor del informe del Consello Consultivo contra el
decreto del bipartito, participó en la comisión
coordinada por Monteagudo. El órgano asesor remitió el
texto a la consellería el lunes y ayer Educación
aseguró que "no comparte la propuesta de inmersión
lingüística que propone". En realidad, el informe de la
institución se limita a constatar "la legalidad y validez
científica" de la inmersión y cuestiona que el borrador
del decreto incluya "una descalificación" de ese método.
El portavoz del PP de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda,
restó importancia ayer a la decisión del alcalde de la
localidad orensana de Vilariño de Conso, Ventura Sierra (PP), de
apoyar una moción que insta a la retirada del decreto del
gallego. Miranda considera que el regidor "se equivocó,
seguramente por falta de información". "Estamos seguros de que
hay más alcaldes socialistas a favor de las bases que populares
en contra", aventuró, informa Víctor Honorato.
El departamento de Filoloxía Galega de la Universidade de Vigo
también manifestó ayer su rechazo a un decreto que
"agravará" los problemas. El responsable de Política
Lingüística de la Xunta, Anxo Lorenzo, pertenece a ese
departamento.
Las diez conclusiones del órgano asesor de la Xunta
- El nombre del decreto deberá referirse sólo a las dos lenguas oficiales de Galicia.
- El idioma de la administración educativa y de los centros
escolares públicos debe ser, con carácter general, el
gallego.
- La introducción de una lengua extranjera como vehicular
resulta precipitada y extemporánea en una norma destinada a
regular el uso de los idiomas oficiales en el sistema educativo
público. Debe regularse específicamente.
- El uso vehicular de una lengua extranjera debe introducirse gradual y
voluntariamente, y abarcar, además, la formación
profesional y las enseñanzas deportivas y artísticas.
- Debe recogerse la oferta educativa en gallego en el primer ciclo de
la educación infantil (hasta los tres años), como dice el
Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL).
- En el segundo ciclo de educación infantil (hasta los seis
años), debe utilizarse el criterio general de la lengua
predominante entre el alumnado. Pero el Consello manifiesta reservas
ante la elección delegada en los padres.
- En educación infantil debe recogerse las previsiones del PXNL
de habilitar programas voluntarios en gallego para castellanohablantes
y garantizar un tercio en gallego en ambientes castellanohablantes.
- El reparto al 50% entre gallego y castellano en primaria, secundaria
y bachillerato deben tener en cuenta el PXNL: "Como mínimo, el
alumnado recibirá el 50% de su docencia en gallego". El marco
general debe ser flexible.
- La consulta a las familias para decidir el idioma de una serie de
asignaturas en primaria, secundaria y bachillerato debe retirarse de la
propuesta, por razones prácticas y de procedimiento.
- El principio general debe ser el del uso de la lengua en que cada
materia es impartida, una exigencia que será de
aplicación gradual y flexible.
© El País S.L. | Prisacom S.A.
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