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Notícies
El Supremo vuelve a equiparar el conocimiento de valenciano y catalán para la docencia
Se trata del tercer fallo del Alto Tribunal contra la exclusión
de Filologia Catalana para acreditar los conocimientos de valenciano en
las oposiciones a docentes
01.02.10 - 17:49 -
EUROPA PRESS | VALENCIA
La sección séptima de la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso
interpuesto por la Generalitat contra una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que determinaba
la validez del título de Filologia Catalana para acreditar los
conocimientos de valenciano en oposiciones docentes. Se trata de la
tercera resolución que emite el Alto Tribunal sobre la
cuestión y el decimonoveno fallo --hay que sumar otros 16 del
TSJCV-- contra la exclusión de esa titulación en las
órdenes de convocatoria, según recalcó hoy el
sindicato STEPV-Iv.
La resolución considera que no ha lugar al recurso de
casación presentado por el Gobierno valenciano contra una
sentencia de 12 de mayo de 2005 del TSJCV que estimaba en parte el
recurso interpuesto a su vez por STEPV-Iv contra las convocatorias de
oposiciones a los cuerpos de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas,
Música y Artes Escénicas y FP al declarar "contraria a
derecho cualquier interpretación de las bases que condujera a
considerar que los aspirantes en posesión de la
titulación de Licenciatura en Filologia Catalana están
obligados a someterse a la prueba de valenciano".
El TSJCV recordaba además que "no existe razón
jurídica alguna que permita sostener que Filologia Catalana no
constituya titulación suficiente para eximir la
realización de las prueba de conocimiento de valenciano, pues
esa licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua de
esta Comunitat, denominada oficialmente 'valenciana' en su Estatuto de
Autonomía y en el ámbito académico
'catalán'".
Ante esta decisión judicial, la Generalitat recurrió por
considerar que en la demanda de STEPV únicamente se solicitaba
la nulidad de las órdenes y el fallo fue más allá
de esa pretensión y que, si la sala de Valencia reconoció
que las convocatorias no incidían en vicio de nulidad, el
contenido de su fallo "sólo podía incluir un
pronunciamiento desestimatorio".
No obstante, ahora el Alto Tribunal cree que la sala del TSJCV "no
incurre" en dichas infracciones y "no cabe hablar de incongruencia, ya
que la sala de instancia no se aparta en su sentencia de lo que fue el
tema controvertido; ni es de advertir contradicción, al ser
coherente el fallo de dicha sentencia de instancia con esas ideas antes
expuestas que están presentes en sus fundamentos; ni tampoco ese
fallo rebasó los límites de la pretensión",
señala el fallo consultado por Europa Press.
"La Sala de Valencia lo que hace, aunque tal vez no lo explique con la
suficiente claridad, es considerar equívocas las convocatorias
sobre una determinada cuestión que no podía ser elidida
en ellas: la equivalencia que jurídicamente ha de otorgarse a
las titulaciones sobre valenciano y catalán", explica. Por ello,
se rechaza el recurso de la Generalitat y se le impone el pago de las
costas, por un valor de 1.500 euros.
VOTO PARTICULAR
Se incluye, no obstante, un voto
particular de un magistrado que plantea que si la sentencia del TSJCV
consideraba que la Administración valenciana no estaba obligada
a incluir entre los títulos que eximían del examen
valenciano el de Filologia Catalana "debió limitarse a
desestimar el recurso interpuesto (por STEPV) y al no hacerlo
así y pronunciarse sobre hechos futuros y cuestiones no
planteadas incurre en incongruencia".
Por su parte, desde el sindicato STEPV recalcaron en un comunicado que
el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, firmante de
las convocatorias de oposiciones, "ha hecho caso omiso de las
sentencias de los máximos tribunales, autonómico y
estatal, y se ha negado reiteradamente a acatarlas y cumplirlas".
"Las sentencias, una vez agotada la vía del recurso, se han de
acatar y cumplir obligatoriamente, como hace cualquier ciudadano, y
más todavía si se trata de un cargo político que
gestiona una administración pública", argumentaron desde
la entidad.
Aun así, apuntaron, en la Conselleria de Educación "se
está acusando un déficit democrático grave y
preocupante con la persecución política de profesorado y
cargos directivos, la imposición de normativa, la retirada de
subvenciones a entidades y con el incumplimiento de sentencias".
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