Tanto es así que dicho informe pide ahora una mayor aportación de las administraciones públicas a la enseñanza superior a través de una subida de las becas y de la financiación directa a las universidades, que deberían ir acompañadas de una congelación o bajada de las tasas.
En síntesis, el diagnóstico que hace el informe sobre la situación de la universidad es negativo: el gasto por estudiante y curso en España es de 5.000 dólares, en contraste con los 8.000 dólares de media de los países de la OCDE.
FINANCIACION.- Los rectores creen que hay que ponerse como meta en la próxima década pasar de esos 5.000 dólares a una franja de entre 6.500 y 7.500 dólares.
Para ello, apuestan por que la aportación pública crezca y la privada (tasas sobre todo) disminuyan. Si ahora el porcentaje es de 76% financiación públicao-24% privada, el informe defiende que se llegue a una proporción 80-20.
En cifras globales, el informe aboga por elevar la financiación de la universidad en los próximos diez años hasta un billón de pesetas, con una inyección de 357.000 millones de pesetas respecto a los 600.000 calculados.
BECAS.- Esta aportación extra de 357.000 millones se desglosaría en 174.000 millones más para becas, 139.000 millones más en financiación directa a las universidades y 43.000 millones más en aportación privada (lo que significaría una subida poco relevante de las tasas en un periodo tan largo de diez años, matizan los responsables del informe).
Asimismo, el informe defiende que el número de becarios pase en los dos próximos cursos del 17 por ciento actual al 40%, con una dotación media por ayuda de 400.000 pesetas respecto a las 225.000 de este curso.
De modo paralelo a las becas, el documento propone que se cree un sistema de préstamos-renta a bajo interés, que concedería el Estado a los alumnos de últimos cursos y que éstos devolverían en cuanto empezaran a cobrar un sueldo superior a la renta media "per cápita".
PROFESORADO.- Sobre los docentes, reclama como novedad la puesta en marcha de comisiones externas encargadas de la selección de los profesores y formadas por expertos. Estas comisiones asesorían a los órganos específicos de selección de las propias universidades, que serían las que tendrían la última palabra.
El informe postula, además, un buen uso de los contratos de profesores asociados, de modo que éstos trabajen realmente a tiempo parcial y que su acceso a un puesto de trabajo se haga por convenios o conciertos institucionales, en lugar de por concursos.
También propone que se emplee más las figuras de profesor ayudante y visitante y que se vele por la transparencia del fichaje de profesores eméritos.
GESTION.- En relación con la gestión y gobierno de las universidades, el informe aboga por reducir el número de los miembros de los órganos ejecutivos, pero de manera proporcional.
Sobre la elección del rector, los rectores pretenden que siga siendo elegido por la comunidad universitaria, bien sea directamente o a través del claustro de representantes u otros procedimientos indirectos.
El estudio defiende asimismo una mejora de la evaluación de la calidad de las enseñanzas que se imparten en la universidad y más control en la autorización de nuevos títulos. En este terreno, sugiere la creación de una "Agencia de Acreditación" formada por expertos independientes.
Bricall se defiende de las críticas
Después de un año y medio de trabajo, la comisión de expertos presidida por Josep Maria Bricall ha confeccionado un documento que demuestra, según su director, "que los rumores sobre su contenido eran precipitados, inoportunos y desajustados".
En referencia a las especulaciones de los estudiantes, Bricall ha insistido en que la posición de la comisión de expertos que ha elaborado el informe no ha variado su posición sobre las tasas en estos meses.
En palabras de Josep Maria Bricall, las becas es la parte más "coja" de la financiación pública de la universidad.
