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JOSEP PLAYÀ MASET
BARCELONA. - El informe "Universidad 2000", encargado por la Conferencia de Rectores Universitarios Españoles (CRUE) a Josep M. Bricall, no pide un aumento de las tasas como aseguraban los estudiantes y en cambio solicita un aumento considerable de la cuantía y el número de becas. Su presentación ayer en Madrid desveló las incógnitas que han acompañado este documento, que ya antes de ser conocido ha provocado manifestaciones de protesta en toda España.
Aunque se presenta como un documento de reflexión y en su redactado de 480 páginas no hay un capítulo explícito de recomendaciones, todo el contenido es una propuesta de reforma global de la universidad española. El que ya es conocido como informe Bricall supone una llamada de atención para el Gobierno, ya que recomienda un importante aumento del gasto por estudiante, de manera que la aportación a la educación suponga una subida del 0,3 o 0,4% del PIB. Bricall, al presentar el informe ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dijo que sería conveniente que en diez años el gasto educativo pasara de los 600.000 millones de pesetas anuales a un billón, es decir, que debería aumentar un 60%. Si ahora el gasto por estudiante es de 5.000 dólares, debería aumentarse al menos hasta 6.500 o 7.500 para acercarse a la media de 8.000 dólares de la OCDE. Bricall insistió en que la financiación privada (incluidas las tasas) a la universidad española es del 24% y no debe incrementarse.
Una de las novedades es la propuesta de implantar unos préstamos-renta que permitan a los estudiantes financiarse los estudios y devolver el dinero cuando empiecen a trabajar. Pero basándose en la experiencia de Gran Bretaña se considera que sólo deberían existir para los últimos cursos de carrrera.
En el capítulo dedicado a las estructuras de gobierno se recomienda un modelo más profesionalizado que fomente la flexibilidad, la eficacia de la gestión y la rendición de cuentas a la sociedad. La idea es la de simplificar la estructura, composición y competencias de los órganos colegiados, como los claustros, y potenciar la capacidad de gestión de la Junta de Gobierno, que debería incluir representantes de los intereses sociales y económicos designados por los Consejos Sociales. En el caso de que no se opte por esta fórmula debería darse -dice el texto- un mayor control a los Consejos Sociales. En la práctica, el rector tendrá más poder ya que incluso se señala la posibilidad de que pueda nombrar un equipo ejecutivo. Tanto en ese capítulo como en otros se propone fomentar la autonomía de las universidades de manera que puedan ensayar fórmulas propias tanto en ese ámbito como en otros relativos a la gestión de las enseñanzas y de los distintos servicios, a través de fundaciones o consorcios.
El documento (que puede consultarse en la web: www.rue.upm.es) analiza los pros y contras de distintos modelos de universidades extranjeras y se muestra muy cauteloso en aquellos aspectos que de antemano habían levantado ya quejas, especial-mente de los estudiantes. Sobre la reforma de los órganos de gobierno, el texto señala que la forma colegial que impera actualmente "esta muy arraigada" y que una organización más profesionalizada conlleva riesgos. "Así los gestores profesionales de la institución no siempre tienen información suficiente para tomar decisiones acertadas en asuntos de naturaleza académica" y reconoce que este tipo de gestión "puede fracasar si no consigue la aceptación suficiente por parte de los colectivos implicados, profesores y estudiantes, especialmente."
En el tan traído debate sobre las tasas, el informe indica que las cifras de matriculación no se reducen pese a las subidas de matrículas, del mismo modo que tampoco la gratuidad basta para alcanzar la igualdad de oportundiades. Pero a continuación señala que "la participación privada en esta financiación es mayor en España que en otros países del entorno europeo". Por esa razón, "es recomendable que la participación privada a través de las tasas, por lo menos, no supere el porcentaje actual en el conjunto de los fondos de financiación de las instituciones universitarias".
El informe considera que las universidades han de rendir cuenta de lo que hacen, para lo que propone una Comisión de Calidad, un sistema de evaluación y una Agencia de Acreditación que certificaría a los centros para que pudieran impartir una determinada carrera.
En cuanto al personal, crea la figura del profesor contratado, nuevos procedimientos de selección, y sugiere establecer incentivos retributivos. También sugiere aumentar la flexibilidad de los estudios y la movilidad, no sólo territorial, sino también en las carreras, de tal forma que el alumno organice su propio currículo y se les permita ciertos cambios de estudios y el paso de unas fases a otras. Finalmente en el capítulo de la investigación señala que debe darse un paso importante y apostar por el impulso de los grupos de excelencia que puedan dar resultados tangibles.
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