MANUEL DÉLANO, Santiago
Con el sometimiento a proceso y detención del ex vicecomandante en jefe del Ejército, el general retirado Carlos Forestier, hombre del círculo más cercano de confianza de Augusto Pinochet, un total de siete ex miembros del alto mando de esta institución están siendo procesados en los últimos dos años, acusados por diferentes casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.

El juez Juan Guzmán, quien investiga las querellas contra el ex dictador, procesó a Forestier, al ex fiscal militar Mario Acuña y al ex suboficial Miguel Aguirre por el secuestro de 10 personas poco después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Cuatro de las víctimas formaban la directiva regional del Partido Socialista en Iquique, y las otras seis estaban detenidas en el campamento de prisioneros de Pisagua, donde fueron fusilados sin que sus cuerpos hayan aparecido hasta hoy. Uno de estos últimos, Miguel Nash, era un soldado de reemplazo que se negó a participar en ejecuciones de opositores. Fue detenido y luego ejecutado.

Forestier es recordado como uno de los oficiales duros del Ejército. Fue el jefe del campamento de Pisagua, donde más de 500 izquierdistas estuvieron detenidos, siendo sometidos a frecuentes torturas. Pinochet lo nombró en 1977 vicecomandante del Ejército, creando este cargo para delegar las funciones castrenses de mando de la institución, mientras él estaba en la presidencia y en la Junta Militar.

Guzmán recurrió al secuestro calificado, el único delito tipificado por el cual podía procesar a Forestier, debido a que no han aparecido los cuerpos de las víctimas, con lo que este delito no está amparado por la ley de amnistía, dictada por Pinochet, que cubre los atropellos a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1978.

Entretanto, el abogado ecuatoriano Alfonso García presentó ayer la querella número 84 contra Pinochet, por el caso de la desaparición de su hermano, el médico José García, quien siete días después del golpe de Estado se presentó voluntariamente en una comisaría, después que la Junta Militar ordenara que todos los extranjeros debían hacerlo, sin que desde entonces se conozca su paradero.

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Recopilación de: Juan Ángel Conca