ERNESTO EKAIZER / ENVIADO ESPECIAL
Londres
El abogado Lawrence Collins lamentó ayer en nombre del Gobierno de Chile, al dirigirse al tribunal de los jueces lores que examinan la inmunidad de Augusto Pinochet, los hechos ocurridos en dicho país durante la dictadura, subrayó que no defiende la protección "personal" del general y a continuación enfatizó que la "fuente de su inmunidad nace de los actos de Estado que realizó en su época de jefe de Estado". Chile prestó ayer un invalorable apoyo jurídico a Pinochet, incluso fuera del tema de la inmunidad, ya que aportó una resolución de la comisión contra la tortura sobre Argentina donde expresamente se prohíbe la retroactividad en la persecusión de dicho delito.

Collins empezó ayer su explicación sobre la posición de Chile en este caso y continuará durante casi toda la jornada del próximo lunes, día 1 de febrero. Tras disculparse bajo la forma de un "lamento" y explicar que Pinochet actuó como jefe de Estado en los actos gubernamentales de los años setenta, el abogado quiso expresar una protesta. "En este juicio se ha dicho que Chile es como la Alemania nazi, y esto tengo la expresa instrucción del Gobierno chileno de formular una aclaración". El presidente, lord Browne-Wilkinson, lo disuadió de entrar en materia, cosa que el letrado aceptó.

Collins, un abogado prestigioso de los grandes bufetes de la City, el de Herbert & Smith, es un hombre que responde al arquetipo de los letrados que el escritor Charles Dickens inmortalizó en su gran novela Casa Desolada, sobre los tribunales de Londres.

"Estado soberano"

Según explicó, la inmunidad de Chile como "Estado soberano" es la fuente de la que emana la inmunidad de Pinochet en el ejercicio del poder y a posteriori. Atacar esta inmunidad, dijo, es atacar la soberanía de Chile, es interferir en su jurisdicción. Esta inmunidad jurisdiccional es la que desarrollará más ampliamente el próximo lunes.

Pero Collins no se limitó a este punto de la inmunidad. No sin cierto orgullo, explicó a los lores que todavía no habían visto documentos de importancia en el caso, lo cual, teniendo en cuenta que han pasado ocho sesiones, pudo parecer una pedantería. Pero Collins probó lo que decía. Aportó un documento, una resolución de la comisión que evalúa la situación de la lucha contra la tortura, tras la convención de 1984, sobre un caso planteado en Argentina, país que firmó la convención en 1989. La reclamación se refería a torturas cometidas en 1976, tras el golpe militar del general Jorge Rafael Videla. La resolución señala expresamente que no es posible aplicar retroactivamente los efectos de la convención.

La revelación de Collins puede ser rebatida, pero no cabe duda que ha introducido un nuevo elemento en el análisis de la convención contra la tortura, que los jueces lores han situado paulatinamente en el centro del debate, ya que los tres países involucrados en la batalla legal sobre Pinochet -Reino Unido, España y Chile- se han adherido, en diferentes años a dicho tratado. La mayoría aplastante de las víctimas de Pinochet pertenecen, lógicamente, a los años setenta. El límite para aplicar esta convención, según la resolución citada, sería la fecha de adhesión de Chile, que tuvo lugar, bajo la dictadura de Pinochet, en noviembre de 1988.

Fuentes diplomáticas de Chile, que pidieron mantener su nombre en reserva, dijeron anoche que si Pinochet, con la importante ayuda gubernamental en el juicio, logra finalmente un fallo de los jueces lores en favor de la inmunidad, el presidente Eduardo Frei habrá contraído, de hecho, un compromiso de honor con el pueblo chileno, el de promover el juicio contra el ex dictador en Chile.