E.E
Londres
Nico, como llaman a Nicholas Browne-Wilkinson, presidente del tribunal de los lores, tiene una obsesión con la que parece soñar desde que empezó la repetición del juicio hace casi tres semanas. Se trata de la convención internacional contra la tortura, a la que se han adherido, entre muchísimos otros, los tres países en liza: España, Reino Unido y Chile.

Que Nico sea miembro del consejo de gobernadores del British Institute of Human Rights, entidad de beneficencia en temas de educación de derechos humanos, es algo que lógicamente preocupa a la defensa de Pinochet. Porque Nico tiene las manos libres. Entre otras cosas, también presidió el tribunal que canceló la anterior decisión de los jueces lores por la que se echó abajo la inmunidad de Pinochet.

Uno de los abogados chilenos próximos al general y a la defensa, un hombre accesible, lo dice: "El problema que tenemos es Browne-Wilkinson". ¿Por qué? Respuesta: "Está obsesionado con la tortura y uno se pregunta si además no querrá adoptar una resolución revolucionaria, que produzca un salto adelante en el derecho internacional". También preocupa la actitud abierta de lord Millet. "No hay manera de echarle atrás", dijo el mismo abogado.

Si Nico tiene la obsesión de la tortura, que hoy se podrá palpar cuando intervenga sobre ello el abogado Lawrence Collins, por el Gobierno de Chile, hay otros jueces lores que tienen otras. Es el caso de lord Goff, que preside el British Institute of International and Comparative Law. Ayer volvió a preguntar, esta vez a Collins, si existía alguna excepción en el derecho internacional, en la que se haya juzgado a un jefe de Estado sin el consentimiento "expreso" del país afectado por los hechos, sin su renuncia a la jurisdicción. La respuesta fue que, en efecto, no hay ningún caso.

Las nueve sesiones del caso muestran que la búsqueda de algunos lores, como puede ser el caso de lord Browne-Wilkinson, va por el camino de apoyarse en los tratados existentes para confirmar las obligaciones internacionales del Reino Unido.