J. M. LARRAYA
Madrid
Frente a la opinión de otros países, tanto europeos como latinoamericanos, el Gobierno español se volvió a declarar ayer "neutral políticamente" ante el procesamiento del general Augusto Pinochet y rehusó fijar una posición política como han hecho los Gobiernos de Francia o Bélgica que también han solicitado la extradición del general golpista.

La mayoría de los países latinoamericanos se han pronunciado públicamente en favor de que Pinochet sea juzgado en Chile, argumento esgrimido, entre otros, por el Ejecutivo español para no plantear la revisión judicial del caso ante una eventual puesta en libertad del general chileno por el ministro británico del Interior, Jack Straw.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, volvió a reiterar que el Ejecutivo español no impugnará ante los tribunales la "decisión política" del ministro británico, pero declinó fijar cualquier posición política del Gobierno ante un caso que ha desatado un debate internacional sobre la aplicación del tratado contra la represión de la tortura.

Piqué, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, reiteró su opinión de que la difusión del documento médico se debió a la "habilidad" de los periodistas.