E.E
Madrid
Al concederle la inmunidad al general Pinochet, el Alto Tribunal de Justicia británico decidió, el pasado 28 de octubre, permitir una apelación a la Cámara de los Lores por parte de la Fiscalía de la Corona. La sentencia justifica el recurso porque "la decisión del tribunal contiene un asunto de ley de importancia pública general, esto es, la correcta interpretación y la amplitud de la inmunidad de la que goza un ex jefe de Estado frente al arresto y a la extradición en el Reino Unido respecto a hechos cometidos cuando era jefe de Estado".

Al examinar la cuestión de la inmunidad, los jueces lores han visto un hecho: no hay una convención internacional que, como tal, defina o limite la inmunidad de un jefe de Estado. Por tanto, se trata de definir o limitar la inmunidad de un ex jefe de Estado en casos particulares.

La primera piedra, pues, es la inmunidad. Hay cierto consenso en que un jefe de Estado en ejercicio goza de una inmunidad que se deriva de la inmunidad soberana de su Estado. Tal consenso se rompe al hablar de un ex jefe de Estado. Esto es lo que recogió, por mayoría, la sentencia anulada del 25 de noviembre de 1998.

Para ver la resistencia de esta piedra se puede utilizar otro material. A saber: si en los convenios internacionales, firmados por el Reino Unido, Chile y España, existen obligaciones que permitan restringir la inmunidad de un ex jefe de Estado acusado de delitos en nombre de la ley y de su Estado. Esos tratados, en este caso, son el de la lucha contra la tortura y la desaparición de personas.

Pero esto también se complica. Primero, porque los tratados, al buscar el consenso, no siempre definen con la más absoluta claridad los delitos internacionales ni las facultades jurisdiccionales. Segundo, porque, tras ser firmados, tienen que tener fuerza legal en los países que los han ratificado, lo que establece la fecha de aplicación a partir de ese momento. En Chile, el tratado contra la desaparición de personas sería aplicable desde el 12 de noviembre de 1981, mientras que la convención contra la tortura, desde el 30 de septiembre de 1988.

En Londres se ha barajado la posibilidad de que los jueces lores hayan preparado una pócima mixta. Es decir, que como ex jefe de Estado, Pinochet gozaría de inmunidad, pero ésta se hallaría debilitada por los tratados internacionales. Eso sí: aplicados desde su vigencia. Los casos se verían notablemente reducidos, aunque no por ello serían menos importantes. Pero esta fórmula también admite otro fallo: Pinochet no es inmune, pero sólo podría ser enjuiciado por delitos cometidos después de la vigencia de los tratados en Chile. Tanto la primera como la segunda obligarían a Pinochet a permanecer en Londres y someterse al proceso de extradición. Pero ambas hipótesis, a tres días del veredicto, son una especulación. Y a ellas se añade la de la inmunidad absoluta.