EL REGRESO de Pinochet a Chile ha trastocado algunos avances en la transición a la plena democracia que se vieron facilitados por su larga detención en Londres. La credibilidad del proceso democratizador requiere que prosperen iniciativas como la del juez Juan Guzmán, ejemplo de cómo la ausencia de Pinochet animó la situación en Chile, y que ha solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del ex dictador: el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la que goza como senador vitalicio. Guzmán quiere que se le juzgue, dentro de un conjunto de varias decenas de demandas cuyo número sigue creciendo, como autor o inductor de una veintena de casos de desapariciones de personas tras el golpe de 1973 en la llamada caravana de la muerte .

Chile cumpliría así con la palabra dada de juzgar a Pinochet en su propio país. Las circunstancias, sin embargo, no favorecen esta tarea, que en todo caso está sometida a un procedimiento lento y no exento de riesgos. Pues la eventual decisión de la Corte de Apelación es recurrible ante la Corte Suprema, todavía controlada por los pinochetistas. Si se rechazara el desafuero del general, la causa contra Pinochet podría ser sobreseída, y de rebote la de otros militares.

De momento, la actitud desafiante del Ejército hacia el poder civil ha tenido un primer efecto negativo concreto: la interrupción, sin conclusiones, de la Mesa de Diálogo entre militares y abogados de las víctimas de la dictadura, uno de los avances conseguidos en estos meses. Queda, además, claro que, con o sin Pinochet, mientras las Fuerzas Armadas conserven su autonomía política y financiera, con control sobre el poder civil, difícilmente se consolidará una democracia no tutelada en Chile. En todo caso, la mínima decencia y prudencia exigen que Pinochet no acuda el sábado a la toma de posesión como presidente del socialista Ricardo Lagos.

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Recopilación de: Juan Ángel Conca