E. E
Madrid
El ex intendente de la ciudad chilena de Valdivia Sandor Arancibia declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, sobre las circunstancias en que fue condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua en una parodia de juicio. Fue acusado de colaborar con un inexistente desembarco de tropas cubanas mediante lanchas rápidas lanzadas al río Valdivia. Arancibia pasó cuatro años en diversos centros de detención, tras lo cual se le cambio la pena por el exilio. Aún sigue sin poder votar en Chile.

Arancibia, que reside en Montpellier, Francia, en cuya universidad trabaja como académico, fue una de las víctimas de lo que se conoció como el montaje del Plan Zeta, una presunta irrupción en Chile de tropas cubanas con armamento en septiembre de 1973, que fue presentada ante la opinión pública nacional e internacional por la Junta Militar de Augusto Pinochet para justificar el sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de dicho año.

Nunca se acreditó el Plan Zeta. Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, prometió en su primer tomo de memorias, en 1982, aportar pruebas sobre el Plan Zeta en su segunda entrega; sin embargo, su segundo volumen nada dice sobre ello.

Arancibia explicó al juez Garzón que los consejos de guerra amenazaron con torturar a aquellos detenidos que no quisieran firmar una declaración confirmando la existencia del citado plan. Según dijo, Pinochet era entonces, aunque no participase personalmente en el consejo de guerra, el juez militar supremo; dicha posición, además, la compartió con otros miembros de la junta militar.

El testigo, citado a propuesta de la acusación popular en la causa de Chile, explicó que, según la Corte Suprema chilena, tras el golpe de Estado rigió un "estado de guerra" en el país, lo que obligaba a respetar las normas de las convenciones internacionales de guerra (Convención de Ginebra) firmadas por Chile. Éstas señalan que los prisioneros no pueden ser sometidos a proceso o enjuiciados si no cometieron "crímenes de guerra". Según explicó, las sentencias dictadas son nulas, ya que las personas condenadas -muchos de los cuales fueron fusilados- nunca debieron ser sometidas a proceso.