FRANCESC RELEA
El Gobierno chileno ha recomendado a 38 ciudadanos, sobre los que pesan graves cargos de violación de derechos humanos, que no salgan del país. Fueron altos cargos de la dictadura de Augusto Pinochet y el juez Garzón tiene sus biografías. Todos han atendido la comunicación.

Si le pasó al general Pinochet, que nada tiene que ver con los delitos de los que se le acusa, también a nosotros nos podría pasar, porque fuimos miembros de su Gobierno". El general Jorge Ballerino, ministro de la Presidencia y asesor de la Junta Militar durante la dictadura chilena, rehusó una invitación para asistir a mediados de mayo a un seminario internacional en Varsovia. Debían acompañarle Pablo Baraona, ministro de Economía y Minería del régimen militar, y Gonzalo García, ex subsecretario del Interior.

Los tres, en una carta enviada a los organizadores del encuentro, explicaron que la decisión del ministro británico Jack Straw, de dar luz verde al proceso de extradición de Pinochet, les convenció del peligro de salir de Chile.

Éste es el dilema en el que se encuentran 38 altos cargos de la dictadura, militares y civiles, y destacados miembros de la policía política pinochetista, sobre los que pesan graves cargos de violaciones de derechos humanos. La acusación particular en la causa contra Pinochet pidió su auto de procesamiento "en concepto de autores en los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y detención ilegal seguida de desaparición", por el asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria y por el delito de secuestro de un menor, hijo de la española Michelle Peña Herreros.

El juez Baltasar Garzón tiene en su poder las 38 biografías y, aunque hasta el momento no ha dictado ninguna orden de detención, tras el arresto del general la Cancillería chilena les recomendó a principios de noviembre pasado que evitaran salir de Chile. Ésta es la relación.

Gustavo Leigh Guzmán, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y uno de los principales instigadores del golpe del 11 de septiembre. Fue destituido después de un enfrentamiento con Pinochet.

Fernando Matthei Aubel, sucesor de Leigh al frente de la Fuerza Aérea y en la Junta Militar.

Rodolfo Stange, ex director general de Carabineros. Es senador por la X Región.

Santiago Sinclair, jefe del Regimiento de Cazadores en Valdivia tras el golpe; responsable de una matanza de campesinos. Fue vicecomandante en jefe del Ejército y luego senador designado.

César Raúl Benavides Escobar, mano derecha de Pinochet en el golpe, fue ministro de Interior y de Defensa.

Humberto Gordon Rubio, estuvo al mando de la Central Nacional de Investigaciones (CNI) entre julio de 1980 y octubre de 1986. Controlaba centros clandestinos de detención y reprimió las primeras protestas antigubernamentales.

Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) desde su creación a fines de 1973 hasta su desaparición en 1978. Cumple condena de siete años en la cárcel de Punta Peuco por el asesinato del canciller socialista Orlando Letelier.

Fernando Torres Silva, auditor general del Ejército hasta fecha reciente, tuvo un papel determinante en la represión de los años ochenta en su calidad de fiscal.

Hernán Brady Roche, comandante de la guarnición de Santiago. Ordenó el traslado de los detenidos en el Palacio de la Moneda. Varios fueron ejecutados.

Sergio Fernández Fernández, ministro de Trabajo y de Interior en dos periodos (1978-82 y 1987-90). La oposición recuerda sus listas negras de miles de chilenos que no podían entrar en el país. Tras la dictadura fue senador designado y luego elegido con el apoyo de la UDI (derecha pinochetista).

Sergio Onofre Jarpa, ministro de Interior entre agosto de 1983 y febrero de 1985, periodo de protestas en todo el país, que fueron violentamente reprimidas. Envió a numerosos detenidos a los centros de tortura de la DINA. Entró en política con las juventudes nazis. Fue senador de Renovación Nacional, partido del que se apartó en 1997.

Mónica Madariaga, prima de Pinochet, fue asesora jurídica de la Presidencia de la República desde el golpe de Estado y posteriormente ministra de Justicia y de Educación. Redactó la ley de Amnistía que ampara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Miguel Schweitzer Speisky, fallecido. Fue ministro de Justicia en los primeros años de la dictadura y presidente de Consejo de Estado.

Sergio Arellano Stark, general, dirigió la llamada caravana de la muerte, en la que tras el golpe de Estado fueron ejecutados 72 prisioneros políticos.

Sergio Arredondo González, teniente coronel en 1973, fue uno de los ejecutores de los fusilamientos de la caravana de la muerte.

Marcelo Manuel Moren Brito, coronel, alias El Ronco. Integró la caravana de la muerte, fue comandante del centro de detención y tortura Villa Grimaldi y dirigió la brigada Caupolicán de la DINA.

Ernesto Baeza Michaelsen, general, fue director de la policía de investigaciones tras el golpe.

Pablo Belmar Labbé, brigadier del Ejército, en 1994 declaró como inculpado en el caso Soria (asesinato del funcionario español de la ONU Carmelo Soria). Declarado persona non grata en Ecuador. Durante el Gobierno de Patricio Aylwin fue propuesto como asesor militar del Gobierno salvadoreño, que lo rechazó diciendo que no aceptaba torturadores.

Washington Carrasco Fernández, general, destacado miembro de la cúpula golpista. Fue vicecomandante en jefe y ministro de Defensa después de ser la máxima autoridad militar en las provincias de Concepción y Arauco. Como juez militar aprobó y modificó sentencias en consejos de guerra. Responsable de la condena y ejecución de cuatro dirigentes mineros de Lota.

Pedro Espinoza Bravo, brigadier. Era el segundo hombre de la policía política, después de general Contreras. Cumple condena de seis años en la cárcel de Punta Peuco por el asesinato de Letelier.

Eduardo Iturriaga Neuman, general, director del servicio exterior de la DINA, alias Raúl Gutiérrez. Condenado en rebeldía por un tribunal italiano a 18 años de cárcel por el atentado contra Bernardo Leighton, por lo que enfrenta una orden internacional de detención.

Miguel Krasnoff Martchenko, jefe de Estado Mayor de la Cuarta División, dirigió la Agrupación Halcón de la DINA. Su nombre aparece en 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados, entre ellos los españoles Carmelo Soria y el sacerdote Antonio Llidó.

Odlanier Mena Salinas, su nombre es Reinaldo al revés. General, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), fue el primer director de la CNI tras la disolución de la DINA.

Jaime Enrique Orellana Lepe, brigadier del Ejército, presunto integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, a la que se atribuye el asesinato de Carmelo Soria. Fue secretario general de Pinochet.

Javier Palacios Ruhmann, general. Jefe de las tropas que tomaron por asalto el Palacio de la Moneda.

Hugo Salas Wentzel, general, fue jefe de la CNI entre octubre de 1986 y noviembre de 1988. En agosto de 1998 declaró como inculpado en la Operación Albania.

Julio Álvaro Corbalán (alias Álvaro Valenzuela), jefe de la brigada operativa de la CNI cuando era mayor del Ejército. Acusado de organizar el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez e implicado en la Operación Albania, en la que fueron asesinados en junio de 1987 12 miembros del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

René Patricio Quilhot Palma, teniente coronel del Ejército, miembro de la DINA. Acusado del asesinato de Carmelo Soria.

Fernando Laureani Maturana, teniente del Ejército, dirigió la Agrupación Vampiro, dentro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Acusado de la desaparición de los hermanos Andrónico Antequera.

Francisco Ferrer Lima, miembro de la Brigada Caupicán de la DINA. Después de su disolución trabajó en los servicios de inteligencia del régimen militar.

Ricardo Lawrence Mies, teniente de Carabineros en 1974, fue jefe de la Agrupación Águila de la DINA.

Gerardo Godoy García, subteniente de Carabineros en 1974, jefe de la Agrupación Tucán de la DINA.

Manuel Rodríguez, alias Polaco, coronel, en los primeros años tras el golpe investigó a los militares de supuesta ideología izquierdista.

Osvaldo Romo Mena, agente de la DINA, está procesado por más de 20 casos. Protegido por el Ejército, que le ayudó a refugiarse en Brasil. Actualmente cumple condena.

Guillermo Salinas Torres, oficial que perteneció a la DINA y a la CNI. Miembro de la Brigada Mulchén, ha sido citado a declarar en los casos Soria y Letelier.

Ciro Ernesto Torre Sáez, oficial de Carabineros, miembro de la DINA. Diversos testigos declararon haberlo visto en centros de detención y tortura.

Rolf Wenderoth Pozo, oficial del Ejército que integró la brigada Mulchén de la DINA. Está acusado del asesinato de Carmelo Soria.

Virgilio Paz, cubano anticastrista, sicario, fue condenado por la justicia norteamericana por el asesinato de Orlando Letelier. Cumple condena en Estados Unidos.