Los militares tratan de forzar un pacto sobre los casos de violación de derechos humanos

FRANCESC RELEA
Buenos Aires
Reina la inquietud en las filas de los militares chilenos ante el despertar de la acción de la justicia contra las violaciones de derechos humanos durante la dictadura pinochetista. La acumulación de pruebas, la reapertura de sumarios y los posibles juicios se han convertido en la base de las tertulias. El cuerpo de generales de Carabineros concluyó ayer la cuarta reunión que celebran altos jefes militares de distintas fuerzas en poco más de una semana. El motivo de tanto cónclave siempre es el mismo: los procesos contra oficiales, la reinterpretación del Decreto-ley de Amnistía y el caso Pinochet.

Primero fueron los cuatro comandantes en jefe (Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Carabineros) quienes se reunieron la semana pasada con los senadores militares designados. El lunes, los 39 generales de todo el país fueron convocados por el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, a una reunión extraordinaria, de la que no tenía conocimiento el Gobierno. Un día después, los comandantes en jefe se reunieron de nuevo para debatir la propuesta del almirante Jorge Arancibia, jefe de la Marina, de crear un organismo compuesto por un grupo de "hombres grandes y hombres buenos", con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el tema de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura.

El almirante explicó su propuesta a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Por último, el miércoles y el jueves se celebró el denominado consultivo nacional del cuerpo de Carabineros (23 generales), en el que se abordó la cuestión de los derechos humanos y la detención del general Augusto Pinochet en Londres.

El jefe de Carabineros, general Manuel Ugarte, señaló que "para cualquier iniciativa que tienda a la unidad de los chilenos, al reencuentro y a la reconciliación, Carabineros va a estar disponible".

La temperatura del malestar de los uniformados aumentó la semana pasada a raíz del paso dado por el juez Juan Guzmán Tapia, que dictó auto de procesamiento contra cinco oficiales de alta graduación por su participación en la Caravana de la Muerte, un operativo represivo de la dictadura que costó la vida a casi un centenar de opositores en distintos puntos de Chile. El juez Guzmán instruye la veintena de querellas presentadas en el último año y medio contra Pinochet.

Al tiempo que el Ejército trata de evitar la reapertura de este tipo de procesos contra militares, el presidente Eduardo Frei hizo sus primeras declaraciones sobre el tema, en las que dejó clara su postura de respetar la autonomía del poder judicial.

Respeto a los tribunales

"Tenemos que aprender en nuestros países a respetar el Estado de derecho. No es responsabilidad del Gobierno, ni del poder Ejecutivo, ni siquiera del poder Legislativo ir, interceder o, digamos, participar, o hacer cualquier movimiento que no respete a los tribunales de justicia", dijo el mandatario chileno.

Frei descarta, de este modo, cualquier tipo de acuerdo para dar carpetazo al tema de los derechos humanos. El jefe de Ejército planteó recientemente ante sus hombres que si se pretende juzgar a los militares debería hacerse lo propio con los políticos que, en su opinión, llevaron a Chile a la situación de ingobernabilidad que provocó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El general Izurieta justificaba así la rebelión de Pinochet. En plena efervescencia del nerviosismo castrense, los dos directivos de la editorial Planeta detenidos el miércoles por publicar El libro negro de la justicia chilena, de la periodista Alejandra Matus, siguen en la cárcel, acusados del delito de infracción de la Ley de Seguridad del Estado. La defensa del gerente general, Bartolomé Ortiz, y del editor general, Carlos Orellana, confía que la Corte de Apelaciones de Santiago revoque hoy el auto de procesamiento y decrete la libertad de los detenidos. El juez ha fijado una fianza de 500 dólares para cada uno.

Las reacciones por este atentado a la libertad expresión continúan. El portavoz del Gobierno de la Concertación, Jorge Arrate, calificó de vergüenza lo ocurrido. Antonio Martínez Poblete, directivo del Grupo Santillana, subrayó que es la primera vez que se encarcela a editores, aunque la Ley de Seguridad siempre ha estado presente "como una especie de censura fantasma". "Si seguimos así, acabarán procesando a los lectores. Esto es un ascenso en la Inquisición", añadió.

Un grupo de escritores chilenos formado por Jorge Edwards, Carlos Frans, Arturo Fontaine y Gonzalo Contreras condenó ayer la detención de los directivos de Planeta.