FRANCESC RELEA
En junio de 1998, el juez chileno Juan Guzmán Tapia citó a Patricia Verdugo, autora del libro Los zarpazos del puma y premio nacional de Periodismo de Chile en 1997. La periodista llegó al Palacio de los Tribunales de Santiago y encontró un hombre que sostenía en sus manos el libro, completamente subrayado y marcado. Los dos pasaron largas horas revisando aquellas páginas por las que desfilan testigos de la caravana de la muerte.

"Al principio tenía la sensación de que perdíamos el tiempo. Pinochet era senador vitalicio y no íbamos a conseguir nada", recuerda Verdugo. "Poco a poco, me conmovió la seriedad de aquel hombre. No sé de su pasado judicial, sólo sé que es hijo de un gran poeta chileno. Estoy convencida de que hará todo lo posible, porque está actuando ante la historia, que le está juzgando a él. Pero tiene encima a la Corte Suprema y tantas presiones... Puede que no llegue a ninguna parte, pero lo que ha sucedido ya es grandioso. Y todo gracias a lo que se ha hecho desde España". Lo que califica de grandioso es el reciente procesamiento de cinco militares chilenos de alta graduación ordenado por el juez que hace año y medio aceptó a trámite la primera querella criminal contra el general Augusto Pinochet y hoy instruye una veintena de denuncias contra él por graves violaciones de derechos humanos.

En su despacho de la Corte de Apelaciones de Santiago se acumulan 11 volúmenes con los expedientes. Los dos más gruesos reúnen la documentación sobre la caravana de la muerte, la operación represiva más escalofriante de los inicios de la dictadura. Han transcurrido 26 años desde las matanzas, que costaron la vida de 72 opositores presos en el norte de Chile y de otras decenas en el sur, hasta que la justicia ha empezado a actuar.

El Ejército, poder fáctico por antonomasia en el Chile de todos estos años, ha recibido como un mazazo el procesamiento de dos generales, dos coroneles y un capitán ordenado por el juez Guzmán, que tiene abundantes pruebas que apuntan al líder máximo de la dictadura, el caudillo, el general Augusto Pinochet Ugarte.

Los zarpazos del puma es la investigación periodística más minuciosa elaborada hasta la fecha sobre aquella comitiva que sembró el terror. La estrategia era siempre la misma: el jefe de la misión se presentaba a una guarnición militar con un documento que le acreditaba como oficial delegado del presidente de la Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Pedía las listas de prisioneros y seleccionaba las víctimas. Sus acompañantes realizaban el resto. Un trabajo sucio, repugnante, en el que los elegidos morían a cámara lenta para alargar el sufrimiento.

Aquel delegado de Pinochet era Sergio Víctor Arellano Stark, el general que preparó el golpe del 11 de septiembre de 1973. Hoy está arrestado en el hospital Militar de Santiago y procesado por homicidio con agravantes. Sus lugartenientes eran cuatro oficiales de su Estado Mayor:

Coronel Sergio Arredondo González, detenido y procesado. Pinochet le comunicó personalmente su ascenso a director de la Escuela de Caballería horas antes de la ejecución de 14 prisioneros. Fue agregado militar en Brasil y desempeñó importantes funciones en el aparato exterior de la DINA (policía política de la dictadura). "No lo recuerdo bien, porque ha pasado ya tanto tiempo. Pero es probable que haya ocurrido uno que otro fusilamiento legal. Pudo haber sucedido, pero sacarlo a relucir ahora es sólo por espíritu de revancha", declaró en 1986 al Jornal do Brasil.

Teniente coronel Pedro Espinoza Bravo (hoy general retirado). Cumple condena en la cárcel de Punta Peuco por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington. Procesado nuevamente por el juez Guzmán. Fue jefe de operaciones de la DINA. La justicia estadounidense pidió su extradición después de acusarle, con pruebas, de preparar el atentado. Estuvo en la misión militar chilena en Suráfrica.

Mayor Marcelo Morén Brito (hoy coronel retirado), detenido y procesado. Perteneció a la DINA desde sus inicios. Sus superiores lo definieron como exaltado y violento. Fue comandante del centro clandestino de detención y tortura llamado Villa Grimaldi. Tras el golpe, no tardó en ponerse a disposición del general Arellano.

Teniente Armando Fernández Larios (hoy mayor retirado). Reside en Estados Unidos, en calidad de testigo protegido de la justicia, después de haber sido condenado y haber colaborado en la investigación del asesinato de Letelier, en el que participó. Estuvo en el asalto al Palacio de la Moneda el día del golpe. Miembro de la DINA desde su creación. Está acusado del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats. Guzmán no le ha procesado porque no le ha podido interrogar al hallarse en el exterior.

Estos cuatro hombres constituían el núcleo de la comitiva dirigida por el general Arellano, que viajaba en un helicóptero Puma. Con ellos iban otros dos oficiales, el piloto y dos cabos. Patricia Verdugo inició la investigación en 1986 y terminó dos años después. Quería contar lo que fue y significó la caravana de la muerte, pero no escribir un libro más de derechos humanos. Su reto: "Cómo hacer que me crean los que no quieren saber".

Acudió a los militares que perpetraron o fueron testigos de las matanzas y los que fueron testigos de ellas. De los primeros, ninguno quiso hablar con la periodista -el general Arellano despreció las reiteradas peticiones de entrevista y acabó querellándose por injurias tras la publicación del libro-. Sí hablaron, en cambio, algunos uniformados destinados en guarniciones por los que pasó la comitiva.

Escuchó los testimonios de coroneles, tenientes coroneles, comandantes... Pero faltaba uno. El más importante. El del general Joaquín Lagos, comandante en jefe en aquella época de la Primera División, con sede en Antofagasta. El libro ya estaba cerrado y a punto para entrar en imprenta. El general no accedía a hablar. "Hasta que se produjo el milagro".

Una noche, Patricia Verdugo fue a su casa. Éste es su relato: "Toqué el timbre repetidas veces. No abría nadie. La casa parecía cerrada. Llamé a la puerta de un vecino, que me dijo que estaba seguro de que el general estaba allí. Volví de nuevo al timbre. Finalmente, se abrió lentamente una ventana del segundo piso. Apareció la cabeza de un hombre de pelo blanco. 'General Lagos, necesito hablar con usted. Es muy urgente', grité desde la verja. Bajó, se acercó a mí y me hizo entrar. Tras un breve intercambio de palabras, me dijo: 'Tengo cáncer, hace mucho tiempo que no paso ni un minuto solo. Siempre están a mi lado mi esposa o una enfermera. Hoy es el primer día que no hay nadie y llega usted. Tiene que ser una llamada del cielo. Suba, tenemos 15 minutos para hablar antes de que regrese mi esposa".

El general Lagos no ha vuelto a hablar con ningún periodista. Sólo respondió a las preguntas del juez Guzmán cuando le interrogó el año pasado. Su testimonio es de incalculable valor procesal, porque era la máxima autoridad de la región norte, que fue suplantada por Arellano y su caravana de la muerte. "Le dije que era un canalla, un asesino. Que lo que había hecho merecía que lo fusilara en la plaza pública. Así se lo grité...", declara el general Lagos en Los zarpazos del puma.

Tras la matanza se entrevistó con el comandante en jefe Pinochet, le informó de las ejecuciones ordenadas por la comitiva, le expresó su profundo malestar y le pidió la renuncia. Pinochet le dijo que no hiciera nada y prometió intervenir. Ningún oficial fue sancionado, y casi un año después de los hechos se hizo efectiva la renuncia del general Lagos.

En 1986 respondió a un exhorto judicial y declaró que no pudo hacer nada para investigar todo lo sucedido en su zona jurisdiccional, "porque cualquier acción era actuar contra el Ejército, contra el comandante en jefe [Pinochet]". Lagos admite en el libro de Patricia Verdugo que se quedó muy solo en su denuncia, "porque la gente es muy cobarde".

La periodista no tiene dudas al concluir su investigación: "La caravana de la muerte es el único caso en el que aparece directamente la mano de Pinochet. El general Lagos me despejó cualquier sombra o duda que podía tener al respecto. Fue una misión militar con dos objetivos: aterrorizar al enemigo y sembrar el terror en el interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo entre los comandantes del interior del país. Es lo que la Comisión Rettig define como el endurecimiento de octubre. Fue una operación que se puso en marcha a los 10 días del golpe, cuando ya nadie disparaba un tiro en Chile. Pero ellos, los militares, inventaron el cuento de que el país estaba en guerra. Querían dar un ejemplo para siempre y acabar con un país cuya mayoría apoyaba un proyecto socialista. Querían refundar Chile... Fuimos un conejillo de Indias sangriento, atroz".