E.E
Washington
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha autorizado al juez Baltasar Garzón a tomar declaración en calidad de testigo a Michael Townley, ex agente de la policía secreta del régimen de Pinochet, que participó, entre otros, en el secuestro, tortura y asesinato del funcionario español Carmelo Soria en Chile y en el atentado que costó la vida en Washington del ex canciller y ex ministro de Defensa Orlando Letelier, ambos hechos ocurridos en 1976. Hoy, por otra parte, la Administración de Clinton desclasificará unos 5.000 documentos secretos, casi 20.000 folios, sobre el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Pinochet. Washington, en un gesto de cortesía, enviará a Garzón una copia de todos estos documentos.

El Departamento de Justicia ha respondido positivamente a la propuesta de ampliación de la comisión rogatoria internacional relacionada con Chile, enviada a Washington por el juez Baltasar Garzón el pasado mes de diciembre. Del mismo modo que dicho departamento ha colaborado con la juez argentina María Servini, que investiga el asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires, en 1974, las autoridades norteamericanas han dado luz verde a la petición de Garzón. Tanto la juez argentina como el juez español comparten, entre otros, un mismo objetivo: Michael Townley.

Testigo protegido

Townley es el agente de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que colaboró con las autoridades norteamericanas en 1977 con ocasión del procesamiento del coronel Manuel Contreras y otras personas inculpadas en el asesinato de Orlando Letelier y de su colaboradora Ronni Moffitt, en Washington, el 21 de septiembre de 1976. Townley fue condenado en juicio por el crimen, pero su pena fue reducida y permanece, en situación de testigo protegido, en Estados Unidos.

En la primera misión española, encabezada en enero de 1998 por el juez Manuel García-Castellón, no fue posible interrogar a Townley, quien puede aportar detalles importantes sobre el secuestro, tortura y posterior asesinato, en julio de 1976, de Carmelo Soria, funcionario español de Naciones Unidas que residía en Santiago. Soria fue torturado en la misma casa de Townley, en la capital chilena, antes de ser ejecutado.

Townley solicitó al juez García-Castellón una garantía de inmunidad como condición para declarar, cosa que no se le otorgó. A continuación se acogió a la quinta enmienda para no prestar declaración, ya que lo que podía decir era suceptible de ser utilizado para pedir su extradición. Con posterioridad, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó varias sentencias que impiden utilizar la quinta enmienda para no declarar.