FRANCESC RELEA
Santiago
Defensores de los derechos humanos y militares chilenos se sentaron ayer de nuevo, frente a frente, en la segunda reunión de la llamada Mesa de Diálogo, que trata de buscar una salida al problema pendiente de los crímenes cometidos durante la dictadura pinochetista. Para los primeros, se trata de averiguar qué pasó con los miles de detenidos-desaparecidos; para los uniformados, el objetivo es preparar el terreno para una especie de ley de punto final, que acabe con el acoso judicial que sienten desde la detención de Augusto Pinochet.

El camino iniciado el pasado 21 de agosto con la primera reunión de la mesa será largo. De momento, hay algo más que recelo entre los interlocutores (defensores de derechos humanos, miembros de las Fuerzas Armadas, Iglesia y Gobierno, con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, a la cabeza). Verdad, justicia, reparación, perdón y revisión histórica son los principales puntos que se discuten en la mesa.

Hace apenas un año, este diálogo era impensable. Pero después de casi 12 meses de la detención de Pinochet, el inexpugnable estamento militar empieza a sentir los efectos del cautiverio de su comandante en jefe durante 25 años. Las querellas contra el ex dictador suman ya más de 30, y el juez Juan Guzmán dio el mayor golpe a la impunidad al ordenar en junio la detención de cinco altos jefes militares por la llamada Caravana de la muerte, uno de los operativos más siniestros de la dictadura. El magistrado sorteó el decreto-ley de amnistía aprobado por la dictadura al procesar a los inculpados por un delito que no prescribe, como es el de secuestro con agravantes. El Ejército acusó el golpe.