Por una parte, una vez finalizada la sesión, el propio presidente de la Corte Suprema Hernán Alvarez puntualizó que el plenario se volvería a reunir el próximo viernes y aclaró que los magistrados consideraron que no era prudente dar información alguna, porque las resoluciones sólo adquieren vigencia "cuando están firmadas".

El presidente del máximo tribunal hizo estas breves declaraciones visiblemente molesto cuando los periodistas le sorprendieron en el momento en que abandonaba el Palacio de los Tribunales por una salida lateral. Minutos antes, el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, había dicho que por acuerdo del plenario, el presidente no daría ninguna versión de lo acordado en la extensa reunión.

Asimismo, si bien algunos de los jueces admitieron con lacónicas respuestas que se había producido la votación, el juez Guillermo Navas manifestó que esta no se había realizado.

Por otra parte, el abogado querellante en la causa, Hugo Gutiérrez aseguró que la resolución existía, pero que los ministros habrían hecho un pacto de silencio hasta que se redactase el fallo.

En medio de este confuso escenario, medios de prensa consignaron que ciertamente se habría votado y que Pinochet habría sido desaforado por 11 votos contra 9.

Si la versión de la votación se confirma, los magistrados deben entregar sus apreciaciones por escrito, en base a las cuales, la relatora Gloria Ana Chevesich hará un primer borrador del texto definitivo del fallo, el que será redactado después que los diferentes jueces estudien el señalado borrador y le den su aprobación definitiva o sugieran las modificaciones que estimen pertinentes.

SESION DEL PLENO

Según se especuló, dicho rechazo a los tests y el veredicto de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace dos meses acogió el desafuero, constituyen serios indicios de que Pinochet podría ser privado de la inmunidad que lo protege desde que se convirtió en senador vitalicio, el 11 de marzo de 1998, al día siguiente de entregar el mando del Ejército que ocupó durante un cuarto de siglo.

El tribunal de alzada, en un fallo difundido el 5 de junio, determinó que existen "sospechas fundadas" de que Pinochet ordenó la misión de la "Caravana de la Muerte", una comitiva militar que recorrió el país y fusiló a 74 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del cruento golpe que lo instaló en el poder por 17 años, hasta 1990.

Si la Corte Suprema ratifica ese criterio, Pinochet quedará expuesto a ese proceso, junto a otras 154 querellas acumuladas hasta ahora que lo responsabilizan por más de 3.000 muertes y desapariciones de opositores a su régimen.

Situado ante un fallo adverso, el tema de los exámenes médicos puede volver, sin embargo, al primer plano, porque de acuerdo con las leyes chilenas los procesados mayores de 70 años deben someterse a esos exámenes. Pero Pinochet, que en noviembre próximo cumplirá 85 años, no parece dispuesto ahora a demostrar el deterioro de su salud, según declaraciones de los abogados de su defensa.

El jurista Pablo Rodríguez, del equipo que asesora a Pinochet, admitió que la ratificación del desafuero equivale a una condena histórica por las violaciones de los derechos humanos que se le atribuyen. "En consecuencia, lo único que cabe es demostrar que él no ha tenido participación alguna en eso", agregó Rodríguez, en una entrevista que publicó este domingo La Tercera.

La nueva postura de la defensa de Pinochet representa un difícil cambio de estrategia, luego de que en la Corte de Apelaciones sus abogados invocaron una amnistía dictada en abril de 1978, para liberar a Pinochet de una sentencia por los fusilamientos de la "Caravana de la Muerte".

El jurista Ricardo Rivadeneira, que también integra la defensa, admitió entonces que los fusilamientos fueron "homicidios", pero afirmó que se cometieron dentro del período de la amnistía. Al desechar tal argumentos, los jueces consideraron los casos de 19 de las víctimas de la "Caravana" cuyos cuerpos nunca aparecieron, lo que conformaría un delito de "secuestro permanente" que no se extingue en el tiempo.