Al menos dos fuentes autorizadas contactadas por este diario confirmaron que el anciano senador vitalicio había sido desaforado. Con toda probabilidad, la votación habría sido de 11 votos a 9, aunque otras fuentes dijeron que la diferencia fue de 12 a 8. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, afirmó escuetamente que el pleno de jueces volverá a reunirse en el transcurso de esta semana, negándose a confirmar públicamente si se había o no votado el desafuero.

Tras cerca de cuatro horas de deliberaciones, los jueces que componen el pleno de la Corte Suprema chilena se negaron a hacer declaraciones a la prensa y abandonaron inexpresivos y silenciosos el Palacio de Tribunales de Santiago. Prolongaron así un tenso suspenso acerca del fallo definitivo e inapelable que deben adoptar en el antejuicio de desafuero parlamentario en contra de Pinochet, de 84 años.

Carlos Meneses, secretario del máximo Tribunal, sólo señaló que la causa estaba «en acuerdo» (es decir, en suspenso), sin precisar si los jueces habían votado o no.

El diario chileno El Mercurio informaba ayer de que la votación se había producido y que el fallo se daría a conocer prontamente para evitar especulaciones y filtraciones.

El lunes, Alvarez había señalado a la prensa que la sentencia sólo se daría a conocer públicamente si existía una diferencia significativa de votos. «Una votación contundente en un pleno de 20 [jueces] sería 15 contra cinco, o 14 contra seis, pero nueve contra 11 no es tan contundente», dijo el presidente del máximo Tribunal.

Consignas e insultos

En las inmediaciones del Palacio, fuertemente custodiado por la policía, más de un centenar de manifestantes, entre partidarios y detractores del anciano ex general, gritaron consignas e intercambiaron insultos desde cerca de las 9.00 horas locales (las 15.00 peninsulares). Al pasar el tiempo, el número de manifestantes contrarios al ex dictador se incrementó significativamente, llegando a más de medio millar.

Entretanto, los partidarios del acusado abandonaban el lugar y se desplazaban hacia la sede de la Fundación Pinochet, situada en un sector acomodado de la capital chilena. Mientras seis miembros de organizaciones de derechos humanos se arrojaron al suelo y se cubrieron con banderas negras y chilenas, los simpatizantes de Augusto Pinochet quemaron banderas españolas. Era una clara y destemplada alusión a la acusación del juez Baltasar Garzón ante los tribunales británicos, que desde el 17 de octubre mantuvo al ex dictador bajo arresto domiciliario en Londres durante más de 500 días. La situación inició discusiones sin precedentes en el ámbito del Derecho Penal Internacional.

El proceso de desafuero en contra de Pinochet ha marcado un hito histórico en la Justicia chilena, sometida a intensas presiones en torno al caso. Por primera vez se procesa a un ex jefe de Gobierno sin recurrir a expeditivos procedimientos de absolución fundados en la razón de Estado.

En el Poder Judicial se tiene clara conciencia del impacto que el resultado de este proceso puede tener en la imagen internacional de la Justicia local. El Gobierno seguía ayer con cierto nerviosismo lo que acontecía en los tribunales, ya que aparentemente no habían prosperado sus esfuerzos para lograr que los jueces no dilataran el conocimiento público del fallo ni las tensiones que genera.

No obstante, el presidente Ricardo Lagos templó los ánimos al declarar que «cuando las instituciones funcionan, el país está tranquilo». Ayer, La Tercera, citando al entorno del ex general, informó de que Pinochet no creía en un dictamen favorable. Afirmó que estaba «decidido» a no aceptar exámenes médicos (que podrían evitar su procesamiento criminal, en caso de que la Corte Suprema lo prive de inmunidad) y a «demostrar su completa inocencia» en relación a los cargos que se le imputan por el secuestro y desaparición de 19 opositores, en octubre de 1973. El diario local agregó que sería «él mismo, a través de una declaración pública, quien comience su defensa».

El prolongado silencio de Pinochet desde su regreso al país, el pasado 3 de marzo, fue atribuido por las fuentes de La Tercera a la necesidad de coherencia con la argumentación de su defensa. Sus abogados señalan que el dictador no está en condiciones físicas de enfrentar un juicio ni mentalmente capacitado para dirigir su defensa.

Apertura de investigación

La Corte Suprema autorizó al juez especial Juan Guzmán, que instruye el caso Pinochet, a investigar los crímenes en Argentina de la policía política del régimen militar chileno, según informaron ayer fuentes judiciales.

La Segunda Sala del máximo tribunal de Chile acogió un exhorto que permitirá al magistrado viajar a Argentina para recabar antecedentes sobre la muerte de 119 opositores al Gobierno de Augusto Pinochet en la llamada operación Colombo, que las autoridades de la época atribuyeron a enfrentamientos, según informa la agencia Efe.

Esta operación marcó el inicio del denominado Plan Cóndor, que supuestamente estableció la acción coordinada de las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur (Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).