SANTIAGO DE CHILE.- Los únicos gritos que se oyen son los de los niños de la guardería contigua. En la Fundación Pinochet, ubicada en el 2244 de la calle O'Brien, en uno de los elegantes chalés del barrio de Las Condes, no hay signo de vida. El salón de actos, presidido por un cuadro del general en uniforme de gala, está cerrado y vacío. Los despachos permanecen desiertos y la única que sigue al pie del cañón es la fiel Mónica que se encarga de las relaciones con la prensa.Ayer, cuando nos acercamos a verla, estaba reunida con Lucía y Marco Antonio, dos de los hijos del ex dictador, y no quiso hablar de lo que ya es un secreto a voces en el mundo entero: por 11 votos contra nueve, los magistrados de la Corte Suprema de Chile han decidido despojar al general Augusto Pinochet de su inmunidad parlamentaria. Marco Antonio, quien se parece ligeramente a su padre, pero no ha heredado la energía ni el carisma de su controvertido progenitor, tampoco deseaba decir nada. Lo mismo le pasaba a Lucía.
El tiempo transcurrido y las expectativas tantas veces frustradas han terminado agotando hasta a los partidarios más enconados del general. El 16 de octubre de 1998, cuando los agentes de Scotland Yard instados por el juez Baltasar Garzón irrumpieron en la London Clinic y advirtieron a Pinochet que quedaba bajo arresto, hubo conmoción en Chile. Durante los 503 días que el general permaneció recluido en Gran Bretaña, hubo ocasiones en que la gente se echó a la calle. Los fieles, para protestar encolerizados; los enemigos, para exigir a voces su extradición a España. Ahora, cuando por fin se abre la vía para que el juez Juan Guzmán siente en el banquillo al hombre que gobernó con mano de hierro Chile durante 17 años, apenas se percibe emoción en el país.
La sombra del ex dictador
Todo indica que la Corte Suprema hará público su fallo este viernes. A partir de ese instante, Pinochet quedará en manos del juez Juan Guzmán, quien investiga las 154 querellas puestas contra él en Chile. En teoría, el ex dictador podría ser procesado por su responsabilidad en la desaparición de 19 prisioneros políticos, víctimas de la caravana de la muerte. Con ese nombre se conoce a una comitiva, supuestamente dirigida por el general Sergio Arellano, que en octubre de 1973, un mes después del golpe militar, recorrió diversas ciudades «acelerando el procesamiento» de significados militantes izquierdistas. La caravana, que contaba con «poderes superiores», sacó de la cárcel a 75 personas, de las que nunca se ha tenido noticias.
Es muy probable que el Supremo recomiende a Guzmán que, antes de proceder contra Pinochet, se le practiquen los exámenes médicos, físicos y mentales a los que tiene derecho cualquier persona mayor de 70 años. El ex dictador ha cumplido ya los 84 años. Si los análisis determinan que el general está senil será declarado «no imputable» y se daría carpetazo el caso.
A la luz de lo ocurrido, resulta incontrovertible que el antaño omnipotente Pinochet ya no proyecta una sombra muy densa sobre Chile. El ocaso, que comenzó el día de 1989 en que perdió el referéndum convocado por él mismo y donde se preguntaba a los chilenos si deseaban que siguiera en la Presidencia, no se plasmó hasta el 10 de marzo de 1998, cuando entregó el bastón de mando militar al general Izurieta. El gran acelerón llegó con la detención en Londres y con una serie de errores del general, entre los que ocupa lugar destacado su negativa a apoyar al joven Joaquín Lavín como candidato presidencial de la derecha. Lavín, quien estuvo a sólo medio punto de derrotar a Lagos en la primera vuelta, llegó a una conclusión devastadora: para tener futuro en Chile era necesario despinochetarse, olvidarse del pasado y mirar hacia delante.