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Un alto jefe militar chileno advierte contra el desafuero a Pinochet
El juicio dificultaría la búsqueda de desaparecidos MANUEL DÉLANO,
Santiago
Sin que exista todavía un texto de la resolución de los jueces, las reacciones han sido lentas, y pese a que no es descartable un gesto solidario de los uniformados con el ex dictador, una réplica castrense sólo ocurriría después de que el fallo sea comunicado a las partes. Los jueces del Tribunal Supremo se encontraban ayer redactando el fallo, que según lo que ha trascendido desaforó a Pinochet por once votos contra nueve, aunque algunas fuentes sostienen que la diferencia en favor de los querellantes fue incluso superior. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, afirmó ayer que el fallo se hará público el próximo martes. "El fallo va a existir cuando esté firmado por todos los ministros (jueces) y solemnizado" como señala la ley, añadió. Así las cosas, los anti pinochetistas no han descorchado aún el champaña y sólo lo pusieron a enfriar, y los partidarios del ex dictador no han clamado todavía abiertamente contra la "politización" de la Justicia. Ninguno de los jefes militares alteró ayer su agenda: mientras el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, partió al norte del país, su colega de la Armada, el almirante Jorge Arancibia, encabezó un consejo naval, y el jefe de la Fuerza Aérea fue al Parlamento a reunirse con la Comisión de Defensa del Senado, como estaba previsto; y la posibilidad filtrada a la prensa de un almuerzo conjunto de todos ellos más el jefe de Carabineros con Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, en la residencia del general en el exclusivo barrio La Dehesa, finalmente no se concretó. El general Ríos apuntó a una de las pocas herramientas que tienen los militares para presionar: el acuerdo de la mesa de diálogo, según el cual las Fuerzas Armadas se comprometieron a recoger información para ayudar en la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, con una garantía legal de reserva de las fuentes, que también se hizo extensiva a las Iglesias y la masonería. Ríos planteó ayer que un eventual desafuero de Pinochet podría afectar a la colaboración que darían quienes tienen la información sobre lo que ocurrió con las víctimas, y la generación de un clima de confianza "con quienes vistieron uniforme y que pudieran tener antecedentes sobre detenidos desaparecidos". Si la colaboración de los militares en retiro con el acuerdo era difícil antes del desafuero de Pinochet, después se tornaría mucho más difícil, estiman en círculos castrenses, algo con lo que coincide también la derecha. Sin embargo, los abogados especializados en derechos humanos creen que las Fuerzas Armadas sí tienen información sobre el destino de las víctimas y éstas se comprometieron solemnemente a entregarla. Un pastor evangélico llevó ayer hasta La Moneda una lista según la cual un 60% de los cuerpos de los detenidos desaparecidos no podría ser encontrado, según militares en situación de retiro. Nueva posibilidad En los círculos cercanos al ex dictador se exploró ayer una nueva --y desesperada-- posibilidad para intentar abortar el fallo de desafuero. El ex vicecomandante en jefe del Ejército, general Rafael Villarroel, sostuvo que cinco de los magistrados de la Corte Suprema habrían prejuzgado al fallar con anterioridad sobre los crímenes de la caravana de la muerte respecto de otros acusados, para impugnarlos por haber participado en el pleno de 20 jueces que le quitó la inmunidad a Pinochet. ERNESTO EKÁIZER
La advertencia previa, lanzada el lunes por el presidente de la Corte, Hernán Álvarez, de que únicamente se anunciaría el resultado en caso de ser "holgado" --en concreto: mayoría amplia de 14 votos contra 6 o 15 contra 5--, llevó en la tarde del martes a pensar que el desenlace había sido muy ajustado, de 11 votos a favor del desafuero y 9 en contra. Y que por ello, precisamente, se había optado por no hacerlo público, en línea con la idea del presidente.
Sin embargo, fuentes judiciales dijeron ayer que en el libro de actas de la Corte Suprema sólo figura que los 20 magistrados (ministros) adoptaron un acuerdo. Los abogados querellantes comprobaron, según declararon algunos de ellos a éste periódico, que no existe constancia de la votación como tal en el citado libro.
La fórmula de informar que el pleno había terminado "en acuerdo", es decir, pendiente, fue utilizada para mantener el hermetismo del fallo. Sin embargo, éste se rompió al admitirse por el secretario de la Corte que, en efecto, la votación había tenido lugar.
Como ocurre en los tribunales de España, un fallo es tal en Chile cuando está debidamente redactado y firmado. Legalmente, no hay un acuerdo hasta que se da a conocer el fallo propiamente dicho.
Fuentes judiciales de Chile aseguran que la votación mayoritaria del pasado martes favoreció el desafuero (anulación del fuero parlamentario que protege a Augusto Pinochet frente a la justicia penal). Pero ahí se detienen. Cuando se entra a indagar por el resultado, los interlocutores cierran la boca.
Ayer, no eran pocos los juristas para los cuales el martes pasado quizá el resultado a favor del desafuero había sido más amplio que el 11 contra 9 anticipado. Sin embargo, también vaticinaron que hasta que se conozca el resultado --el fallo escrito--, puede, teóricamente, haber cambio de posiciones. "Lo que sabemos es que la victoria del desafuero será como mínimo de 11 contra 9; pero el margen podría ser mayor", dijo una fuente consultada.
Pero la ausencia de confirmación ha aportado, también, cierto optimismo de última hora en la defensa de ex dictador. El abogado Ricardo Rivadeneira se mostró ayer confiado en que el fallo será de carácter "jurídico", esto es, favorable a su cliente.
Aunque tampoco existe confirmación oficial, ha trascendido que el fallo de la mayoría --a favor del desafuero-- será redactado por Mario Garrido Montt, un penalista de reconocido prestigio.
El penalista fue uno de los inspiradores de la interpretación según la cual la no aparición de los cuerpos de 19 ejecutados, sobre los 72 asesinados, en la llamada caravana de la muerte --causa en la que se ha desaforado a Pinochet-- supone un delito permanente susceptible de ser encuadrado en la figura de "secuestro calificado". Esta interpretación, precisamente, permitió sortear la aplicación de la Ley de Amnistía adoptada por el propio Pinochet en 1978.
La táctica del presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, que contó con el apoyo de la mayoría, ha sido la de evitar un impacto informativo con la noticia a fin de dar tiempo a todas las partes, especialmente al ex dictador, al Ejército y al Gobierno, para digerir el fallo al que han tenido acceso, según testimonios fiables, a fin de perfilar sus respectivas estrategias inmediatas. Los magistrados han actuado echando agua al vino. Al vino del desafuero. |
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