Pinochet fue desaforado por la Corte Suprema el martes pasado, el fallo está siendo redactado, pero la votación se mantiene en el más estricto secreto. Todas las versiones indican que Pinochet perdió por doce votos contra ocho, pero eso sólo se confirmará el martes, cuando los jueces den a conocer su veredicto inapelable.

El mayor impacto del desafuero, sin embargo, podría producirse entre los militares en retiro, donde está la mayoría de los oficiales que participaron en la represión durante los 17 años de la dictadura de Pinochet. Estos, según han adelantado algunos generales en retiro, se sentirían inhibidos de aportar antecedentes para localizar a los más de mil desaparecidos, si Pinochet es desaforado y sometido a proceso. «No habría ninguna garantía de que se aplique la ley de amnistía, asunto que además no está explícitamente señalado en el acuerdo de la mesa de diálogo», dijo un retirado oficial.

PROCESOS CONTRA MILITARES

Cuando Pinochet estaba detenido en Londres por una orden judicial dictada por el juez español Baltasar Garzón, el Gobierno del entonces presidente Eduardo Frei logró sentar en una misma mesa a representantes de las Fuerzas Armadas, abogados de derechos humanos y delegados de distintas iglesias con el propósito de disolver la tensión generada por el arresto del ex dictador y de estructurar una fórmula para buscar a los detenidos desaparecidos. La idea apuntaba, en el fondo, a cerrar los procesos contra los militares y superar uno de los principales escollos de la transición.

En mayo pasado, la «mesa de diálogo» acordó un mecanismo. El presidente Ricardo Lagos logró sacar adelante una ley de «secreto profesional» que garantiza el anonimato para quienes den información sobre el destino de los desaparecidos. Y hubo un implícito: una vez localizados los cuerpos, los jueces aplican la ley de amnistía dictada por el régimen de Pinochet en 1978.

El general Ríos dijo que el compromiso de la «mesa de diálogo es tratar de generar una suerte de confianza» para quienes tienen información sobre los desaparecidos, pero que la confirmación del desafuero de Pinochet «puede afectar esa confianza».

Algo parecido puede pasar con los mecanismos para canalizar los datos sobre los desaparecidos. El miércoles, un pastor evangélico, Enrique Vilches, dejó en la oficina de partes de La Moneda un sobre con información sobre 780 desaparecidos y añadió que el 60 por ciento de los cuerpos jamás serán recuperados. El hecho preocupó al Gobierno, pues todavía no tiene «aceitados» los mecanismos para verificar los datos.El pastor evangélico, además, levantó sospechas. No participó en el acuerdo de la «mesa de diálogo», actuó al margen de las otras iglesias y, como si fuera poco, tiene antecedentes policiales por tráfico de oro. Aún así, el Gobierno no tiene otra alternativa que traspasar los datos a la Corte Suprema.

El desafuero de Pinochet produjo un fuerte desánimo en su familia. Marco Antonio Pinochet, el hijo menor del ex dictador, dijo que prefiere ver a su padre «que muera defendiendo su inocencia a que la historia lo recuerde como desaforado, culpable y demente». El portavoz de la familia reiteró que su padre no se someterá a exámenes médicos, única posibilidad que le permitiría ser eximido del juicio por homicidios y secuestros calificados.

PROBAR SU INOCENCIA

La ley establece que todo inculpado mayor de 70 años debe ser examinado clínicamente para establecer si puede comparecer ante los tribunales. La legislación exime de juicio si el inculpado es considerado «loco o demente». A esto la familia de Pinochet se niega, pues afectaría a su imagen histórica «y jamás podría probar su inocencia», dijo el menor de los Pinochet.