Los que le han visto dicen que Pinochet está tranquilo. Se desconoce si ya han informado al general de lo que es un secreto a voces en todo Chile: por 11 votos contra nueve, los magistrados de la Corte Suprema de Chile han decidido despojarle de la inmunidad parlamentaria, lo que abre la vía para que el juez Juan Guzmán pueda procesarle por su responsabilidad en la desaparición de 19 presos políticos, a los que la Caravana de la Muerte sacó de sus celdas en 1973.

«No tenemos duda alguna de que el fallo de la Corte Suprema será adverso a mi padre», afirma tajante Marco Antonio. «Lo que se ha hecho es un juicio político al Gobierno que él encabezó». Marco Antonio, quien tiene 42 años y acababa de cumplir 17 cuando su progenitor encabezó el golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, es el más enérgico de los hijos del general. Lo curioso es que jamás tuvo vocación castrense. Sin excesiva aplicación, estudió Ingeniería en la Universidad Católica de Valparaíso, estuvo en Estados Unidos perfeccionando el inglés, se matriculó en Administración de Empresas y se ha dedicado siempre a los negocios.

Hasta el 16 de octubre de 1998, cuando los agentes de Scotland Yard irrumpieron en la London Clinic e informaron al general Pinochet que quedaba bajo arresto, Marco Antonio había pasado inadvertido. Ahora es quien lleva la voz cantante en la familia. Fue él quien entró en el Tribunal inglés empujando la silla de ruedas de su padre y es él quien redacta el comunicado que los Pinochet harán público probablemente mañana, cuando las autoridades anuncien el fallo definitivo y se haga oficial el desafuero del ex dictador.

Marco Antonio y sus hermanos consideran que Augusto Pinochet no debe someterse a nuevos exámenes médicos. Creen llegado el momento de que el general tome la palabra, explique su conducta y defienda con vehemencia su actuación pasada. Sus 84 años, su precario estado de salud y las lentitudes y recovecos de cualquier proceso judicial hacen improbable que Pinochet acabe sentado en el banquillo.

Transcurridas casi tres décadas del golpe militar y más de 10 años desde que Pinochet abandonó el Palacio de la Moneda, da la impresión de que muchos chilenos tienen prisa por pasar página. Aunque el tema Pinochet todavía despierta enconadas pasiones y aviva viejas heridas, la noticia de la pérdida de la inmunidad comparte espacio en los medios de comunicación con las andanzas del tenista Marcelo Ríos, con las dificultades del Gobierno para relanzar el empleo y con los reveses del israelí Ehud Barak.

El presidente socialista Ricardo Lagos insistió ayer en que no tiene información concreta sobre la decisión de la Corte Suprema. «A los tribunales hay que dejarlos tranquilos y eso es lo que estoy haciendo», afirmó Lagos. Más locuaz se ha mostrado el ministro Claudio Huepe, quien subraya deseable que se ponga fin a la incertidumbre y se haga público el fallo «cuanto antes».

Ni siquiera los militares, que siguen admirando a Pinochet y le dispensan un respeto casi mítico, manifiestan especial inquietud. El general Ricardo Izurieta canceló el miércoles su asistencia al almuerzo organizado en el domicilio del ex dictador, para evitar que su presencia en La Dehesa pudiera interpretarse como una forma de presión a los jueces.

Por otra parte, las revelaciones de que más de la mitad de los 1.185 desaparecidos durante el régimen militar chileno nunca podrán ser hallados debido a que en su mayoría habrían sido arrojados al mar, según informaciones entregadas por la Iglesia Metodista al gobierno, armaron ayer un gran revuelo en Chile.