Publicado en ABC el 5 de agosto de 2000

Crece la tensión en Chile ante la inminente decisión sobre el caso Pinochet

SANTIAGO. Libio Pérez corresponsal

La tensión parece apoderarse de los más altos actores de la política chilena a medida que se acerca la confirmación de que el general Augusto Pinochet perderá su inmunidad parlamentaria, que lo dejará a un paso de afrontar un proceso criminal por el secuestro calificado de 19 prisioneros políticos. Ayer el presidente Ricardo Lagos pidió prudencia en los comentarios al caso Pinochet.

Manifestación en Santiago a favor de que Pinochet sea juzgado. Epa
Manifestación en Santiago a favor de que Pinochet sea juzgado. Epa

Desde la austral ciudad de Puerto Williams, Lagos reclamó cautela a las autoridades de los distintos estamentos en sus declaraciones acerca del fallo judicial y en los pronósticos que se hacen sobre los efectos que provocará el desafuero del ex dictador.

Lagos, aunque culpó a la Prensa de tergiversar las declaraciones de los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para evitar un conflicto prematuro con ellos, apuntó hacia el debate que pronostica que la adversa situación judicial de Pinochet obstaculizará la búsqueda de los cuerpos de los más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

El jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, y el de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, coincidieron el destacar que el desafuero de Pinochet afectará el clima de «confianza» que estableció la Mesa de Diálogo para iniciar la búsqueda de los desaparecidos. La Mesa de Diálogo fue una instancia en la que participaron representantes de las Fuerzas Armadas y abogados defensores de derechos humanos que durante casi siete meses articularon una fórmula legal para recabar datos sobre el destino de los desaparecidos prisioneros.

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, representados por cada uno de los comandantes en jefe de cada institución, se comprometieron a «realizar esfuerzos» por reconstruir la información acerca de los secuestrados que hasta ahora no aparecen. Pero la suerte de Pinochet, dicen los militares, inhibe a quienes podrían estar dispuestos a entregar los datos. La «confianza», a la que aluden los jefes militares, se estaría esfumando.

El ministro del Interior José Miguel Insulza fue enérgico. «No es bueno que las autoridades del Estado hagan comentarios sobre las eventuales repercusiones que el fallo podría tener», dijo, en alusión directa a las declaraciones de los jefes militares.

Los nervios volvieron a tensarse ayer cuando desde muy temprano los veinte jueces de la Corte Suprema comenzaron a llegar al palacio de los tribunales, que además tenía un inusual reforzamiento en su vigilancia policial.

A media mañana el secretario del alto tribunal, Carlos Meneses, se reunió con dos de los abogados querellantes y les confirmó que los jueces siguen redactando el veredicto sobre Pinochet, pero que éste se difundirá el martes.

Juan Bustos, abogado querellante y diputado socialista, dijo tras la reunión con Meneses que «Pinochet está desaforado, sólo falta saber cómo se repartieron los votos». El jurista se refirió así a las múltiples versiones acerca de la votación de los jueces. Ayer, un diario santiaguino que cita dos fuentes anónimas del máximo tribunal asegura que Pinochet perdió su inmunidad por catorce votos contra seis.

FISCALES ESPAÑOLES

Por otra parte, el fiscal general del Estado español, Jesús Cardenal, dijo ayer que los fiscales españoles «están de enhorabuena» ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Chile retire la inmunidad a Augusto Pinochet, ya que esta decisión «nos daría la razón» sobre la competencia judicial a nivel estatal del posible procesamiento.

Cardenal argumentó esta afirmación al apuntar que «los fiscales de España ya manifestaron en su día que los tribunales chilenos eran los únicos competentes para juzgar a Augusto Pinochet». «Por fin los acontecimientos dan la razón a los fiscales españoles», añadió Cardenal, quien también dijo que «los crímenes han de ser juzgados».


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