El Gobierno ha procurado rebajar el perfil de las afirmaciones de los jefes castrenses, realizadas cuando se aguarda con expectación el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parlamentaria del ex dictador, mientras los defensores de los derechos humanos las han criticado con dureza.
Según los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que se negaron a participar en la mesa de diálogo, las Fuerzas Armadas no tienen una voluntad real de colaborar con la verdad y la justicia.
Por su parte, en los sectores políticos proclives al Gobierno se interpretaron las declaraciones de los militares como un intento de trocar la información sobre los detenidos desaparecidos por un fallo favorable a Pinochet en la Corte Suprema.
La mesa de diálogo, en la que convergieron militares y abogados de derechos humanos, junto a juristas, religiosos, científicos y académicos, logró el pasado junio, después de diez meses de trabajo, un acuerdo orientado a establecer la verdad de los 1.198 desaparecidos durante la dictadura.
En el acuerdo, las Fuerzas Armadas se comprometieron a recopilar durante seis meses información sobre los desaparecidos y los lugares en que pueden estar sus restos, a cambio de mantener en secreto sus fuentes de información, lo que les fue garantizado por ley.
Inmunidad
No obstante, frente a la difícil situación que Pinochet afronta en los tribunales, con la posibilidad de ser procesado si la Suprema decide retirarle definitivamente la inmunidad, ha llevado a los militares a insinuar que un fallo contrario al ex dictador hará callar a quienes tienen información de los desaparecidos.
Quien abrió el fuego de esta controversia fue el jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, quien afirmó que «las situaciones que pueden producirse en el país pueden afectar a la confianza que estamos tratando de generar para que quienes tienen datos sobre los desaparecidos los entreguen».
Más tarde, el comandante del Ejército, general Ricardo Izurieta, sostuvo que «todas las cosas que no generen confianza y un ambiente adecuado para el compromiso que hemos adquirido (...) pueden no ser favorables para la recolección de datos sobre los detenidos desaparecidos».
Más claros fueron los generales retirados, quienes declararon que un fallo adverso a Pinochet «provocará cierta reticencia en entregar antecedentes que conduzcan a aclarar el paradero de los desaparecidos».