Un país tranquilo y en plena normalidad espera el veredicto que dará a conocer el próximo martes la Corte Suprema sobre el desafuero del general Pinochet, quien por primera vez se arriesga a ser juzgado por los crímenes cometidos durante los años de su dictadura.
El presidente chileno, Ricardo Lagos, ha destacado en todas sus declaraciones el clima de «normalidad» que se respira en un país cuyos habitantes están más preocupados por el desempleo y la tardanza en la reactivación económica que de un eventual enjuiciamiento del ex dictador.
De hecho, una marcha para protestar por la alta tasa de desempleo congregó el pasado jueves en Santiago a más de 15.000 personas, cifra muy superior al centenar de manifestantes que se reúne cada día en las afueras de los tribunales para apoyar o rechazar el desafuero.
Frente a la conmoción periodística que ha provocado el caso, el presidente Lagos negó ayer que el país esté atravesando momentos «delicados o inquietantes», y subrayó que «las instituciones están funcionando».
El Gobierno considera que el país y su institucionalidad democrática están preparados para recibir y aceptar cualquier fallo, ya que «Pinochet no es un actor relevante en el Chile de hoy, pertenece a otra parte de la historia», indicó Lagos.
El asunto sólo parece preocupar a las cúpulas políticas, los familiares de las víctimas y las Fuerzas Armadas, mientras que para el resto de los chilenos la situación pasa casi inadvertido.