La sentencia fue pronunciada por los ministros Marcos Libedinsky, Luis Correa Bulo, Enrique Cury, Mario Garrido, José Benquis, Oscar Carrasco, Guillermo Navas, Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Enrique Tapia, Eleodoro Ortíz y Jorge Rodríguez.

Los seis votos disidentes corresponden a los ministros Servando Jordán, Osvaldo Faúndez, Ricardo Gálvez, Orlando Alvarez, Humberto Espejo, y el presidente de la Corte Suprema Hernán Alvarez.

El fallo no incluye ninguna recomendación al juez Juan Guzmán, encargado de la causa, la primera vista por la Corte Suprema de las 157 que se han acumulado contra el general (R) desde su arresto en Londres. La opción de no recomendar someterlo a exámenes médicos sorprendió más que la contundencia de la votación, ya que el resultado había sido filtrado desde hace varios días.

En las últimas dos semanas, el Gobierno desplegó un intenso <I>lobby <I>para que los chequeos médicos fueran incluídos, ya que en el oficialismo consideran que el desafuero ya constituye una "sanción moral" de envergadura y que prolongar el caso impediría concentrarse en sacar adelante los compromisos de la mesa de diálogo y abocarse a otras tareas urgentes en el area económica.

Sin embargo, pocas horas despues de la sentencia, el juez Guzmán ratificó que pretende exigir la medida. La duda está en si el senador vitalicio aceptará ese camino o, como vienen advirtiendo sus familiares y abogados, decidirá inclinarse por intentar probar su inocencia en tribunales. A algunos de los cercanos que lo visitaron ayer en La Dehesa, Pinochet les reiteró que no pretende practicarse los tests.

Redactada por los ministros Marcos Libedinsky y Urbano Marín, la sentencia está fundamentada en 53 páginas y 71 considerandos y es considerada mucho más contundente y mejor argumentada que la anterior de la Corte de Apelaciones. Junto con confirmar las "sospechas fundadas" contra Pinochet, el fallo da luz verde a Guzmán para investigar otros delitos además de los 19 secuestros calificados, como homicidios y asociación ilícita.

La repercusión en las Fuerzas Armadas también se ajustó a los pronósticos de los últimos días. Los tres comandantes en Jefe y el general director de Carabineros, Manuel Ugarte, visitaron al senador vitalicio en su residencia en La Dehesa. Horas antes, los cuatro se habían reunido en el despacho del general Ricardo Izurieta, en el quinto piso del edificio de las Fuerzas Armadas. Ahí acordaron las visitas no sólo como un gesto de apoyo hacia la opinión pública, sino tambien como una señal hacia el interior de sus propias instituciones.

La esperada dureza de los militares contrastó con la cautela que adoptó el Gobierno, empezando por el presidente Ricardo Lagos. Por primera vez, el presidente replicó con suavidad a dichos no ajustados al protocolo por parte de un jefe militar, al responder a fuertes palabras del general Izurieta.

En las siguientes páginas, se ofrece una cobertura completa de los entretelones del fallo, su impacto y las alternativas judiciales y políticas que se abren hacia adelante.