Con satisfacción y mucha cautela recibió el Gobierno el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet . Desde un principio La Moneda movió todos sus canales de comunicación con la Corte Suprema para dejar en claro su posición favorable a la medida. De ahí, la alegría. Pero fuentes de gobierno reconocen que el fallo abre "escenarios complejos". De ahí, la preocupación.
La primera señal de inquietud surgió antes que se dictara la resolución. La Moneda recibió informaciones de que el fallo no incluía instrucciones de proceder de inmediato a realizar exámenes médicos. Pese a que ese tema lo despejó anoche el juez Juan Guzmán, al anunciar que pedirá el chequeo de salud, no se despejaron las aprensiones en el oficialismo.
"Hubo un error de apreciación, no sólo en el gobierno sino también en el Ejército. Desvalorizamos los pasos y la actitud del general (R) en todo esto y, a fin de cuentas, quien dirige la orquesta es él y Guzmán. Todos los escenarios y las operaciones que se puedan prefijar corren el riesgo de irse al tacho de basura si Pinochet se niega a hacerse los exámenes médicos", recalcaron fuentes de gobierno.
Ahora, La Moneda ya fijó la línea de tratar de bajarle el perfil al caso. La idea es insistir en que las preocupaciones de los chilenos van por otro lado, y que las elites políticas y empresariales de la derecha están sobrestimando la importancia del problema.
En esa línea estuvieron las declaraciones del presidente Ricardo Lagos, a quien se le otorgó la vocería exclusiva del tema. En La Moneda, aseguran que los comentarios realizados a la prensa por las ministras de Educación, Mariana Aylwin, y de Mideplan, Alejandra Krauss, constituyeron una "fea salida de libreto".
Esa cautela está en sintonía con el accionar gubernamental respecto de los jueces a lo largo del proceso, ya que los contactos se realizaron con especial cuidado. Fuentes de La Moneda aseguraron que el flujo de información desde y hacia el Palacio de los Tribunales fue "bastante irregular", a veces intenso, otras esporádico, empleando para ello diversos canales, todos informales.
"Hubo que hacer uso de personas, incluso familiares de miembros de la Corte Suprema. Nunca se designó oficialmente a nadie", afirmó un funcionario de gobierno. Entre los operadores, se mencionó al subsecretario del Interior, Jorge Burgos, dueño de sólidos contactos desde que se desempeñó como jefe jurídico del Ministerio del Interior en el gobierno de Patricio Aylwin. Consultado por La Tercera, Burgos señaló que no intercambió mensajes con los jueces.
Lo que está fuera de duda es que, a nivel de gabinete, el tema quedó en manos de los ministros Alvaro García, José Miguel Insulza y José Antonio Gómez, y de los equipos asesores y jurídicos de las carteras Secretaria General de la Presidencia, Interior y Justicia.
En este último ministerio un equipo de tres especialistas eran los encargados de preparar informes sobre los escenarios posibles para cada una de las etapas, tarea en la que también colaboró el Consejo de Defensa del Estado. Pero La Moneda desechó conformar un comité de crisis formal para seguir el proceso del desafuero.
Como pocas veces antes, los operadores tenían "la cancha rayada de antemano", recalca uno de los ministros del área política. "Había que actuar con total correspondencia entre lo que decía Lagos en el sentido de que había que dejar actuar a los tribunales de justicia en paz", aseveró. "Era impensable montar un lobby directo con los supremos. Todo se sabe al final, más aún cuando los ojos de un sector de la oposición esperaban sorprender al gobierno presionando a los supremos".
Por lo mismo, aseguran en el Ejecutivo, la operación política realizada por el gobierno debió acelerar el paso y frenarse de acuerdo a las circunstancias.
De hecho, afirman en La Moneda, en la reunión el Comité Político del lunes, a horas de que se conociera el fallo, la mayor parte del tiempo lo ocupó el análisis de la visita del presidente electo de México, Vicente Fox -quien se iba ese mismo día- y el problema del desempleo. Sólo al final trataron la difusión del texto de la Corte Suprema.
Para entonces, el gobierno aún no sabía si los supremos recomendarían
expresamente al ministro Guzmán el realizar los exámenes a Pinochet de inmediato.
Bajo la tutela directa del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, tres funcionarios de esa cartera junto a un grupo de abogados del Consejo de Defensa del Estado, exploraron dos posibles salidas jurídicas, que terminaron desechadas.
"Lo único que se acordó fue que el gobierno haría una declaración única que sería leída por el ministro Huepe", indicó una fuente de Gobierno.
