Es que ser testigos de un sentido homenaje a propósito de la inauguración de un monumento en memoria de Salvador Allende a pasos de la Moneda y, simultáneamente, apreciar el proceso que condujo al desafuero del general (R) Augusto Pinochet parece, por decir lo menos, un disparate.

Esta situación, que no ha dejado de causar revuelo en nuestro país y el mundo, constituye una paradoja del tamaño de una catedral, porque implica renegar el valor del momento en que el ahora desaforado senador vitalicio intervino para acotar el caos social, político y económico que amenazaba todos los aspectos y niveles institucionales y de convivencia ciudadana. Parece que demasiados chilenos tienen mala memoria.

Hoy el desafuero consuma el propósito de la izquierda chilena de escribir la historia a su antojo y, a su vez, define categóricamente la línea que divide a nuestro país y que hace ver la famosa y escurridiza reconciliación como un anhelo esquivo. Es en este escenario que a la oposición le toca jugar un papel fundamental, terminando con la pasividad y asumiendo el rol que nos corresponde a la hora de reconstituir la verdad histórica. La derecha está llamada a restaurar el testimonio de lo que fueron los años siguientes a septiembre de 1973, con la finalidad única de construir una historia objetiva y no caprichosa.

Aunque no comparto la decisión de la Corte Suprema, tampoco adhiero a las amenazas apasionadas y vaticinios que hablan de hecatombes institucionales y terremotos sociales. Para nada. Sin embargo, es indiscutible que en el desafuero imperó un criterio más político que jurídico. Basta enunciar la ficción legal en torno a los "secuestros" de quienes ya se daba por fallecidos para avalar la fundada sospecha de la manipulación del tema. Tal falacia es sólo un burdo disfraz utilizado para dar curso a un juicio que no se sostenía desde ningún punto de vista y que debilita la credibilidad de los tribunales de justicia.

Independiente de las arbitrariedades existentes en el modo de operar, lo concreto es que quien lideró la insurrección que salvó a Chile del caos profundo en que se encontraba en 1973, es también el artífice de la democracia que hoy gozamos. No hay que olvidar que se trata de uno de los pocos -si no el único- presidente que, en forma voluntaria, citó a la ciudadanía a las urnas.

Hoy estamos frente a un Chile polarizado, capaz de alarmar a quienes han vivido en carne propia la evolución que le ha permitido despegar. Pero resulta que, además, podemos darnos cuenta que vivimos en un mundo que está al revés, que desconoce méritos y aplaude errores. Basta con mirar el perímetro cercano a nuestro capitalino Palacio Presidencial y ver honrado a quien liquidó nuestra institucionalidad, mientras un anciano de 84 años es crucificado en vida por haber tenido la convicción y amor suficiente como para salvar a su país.