Según una encuesta de ámbito nacional realizada por el prestigioso Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), el 52% de los entrevistados aprueba el desafuero del ex dictador, de 84 años, mientras que un 35% lo rechaza y un 13% no opina o declara no estar interesado en el tema.

El estudio también recoge la opinión sobre los opositores desaparecidos durante la dictadura militar, cuestión que un 67% de los encuestados considera «importante» y otro 27% «poco o nada importante».

El sondeo del CERC fue dado a conocer ayer, en unos momentos en que comienzan a desarrollarse las primeras acciones judiciales tras el desafuero del ex dictador, orientadas a su procesamiento por el secuestro de 19 opositores en octubre de 1973.

El juez Juan Guzmán Tapia, a cargo de la mencionada causa junto a otras 157 querellas criminales en las que Pinochet es inculpado, ha instalado un centro de operaciones en las dependencias del Cuartel Central de la Policía Civil en Santiago, asistido por un selecto grupo de investigadores y peritos.

Guzmán ya se ha entrevistado con los abogados del ex general con objeto de preparar el terreno para interrogarlo y realizar los exámenes médicos que ordena la legislación para acusados mayores de 70 años.

Con dicho análisis se determinará si existe deterioro mental del acusado, en cuyo caso podría declarársele no imputable. Pinochet y sus allegados se oponen a los exámenes, por considerar que impediría al ex gobernante probar su «total inocencia» de los cargos que se le imputan.

Hugo Gutiérrez, uno de los principales abogados de la acusación, declaró a este diario que la negativa de Pinochet a realizarse los análisis es «una estrategia para que se consideren sólo los exámenes practicados [durante su detención] en Londres y ser exculpado basándose en ellos». No obstante reconoció que «de conformidad a la Constitución y la ley, Pinochet se puede negar a hacerse exámenes médicos sin que haya ninguna represalia en su contra».

Gutiérrez agregó que una vez que el juez Guzmán interrogue al ex senador vitalicio, pedirá su procesamiento, lo que podría implicar que se le declare reo.