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| El Presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, dijo ayer que planteará al tribunal su idea de comunicar la votación de los veinte ministros apenas ésta se produzca.
(Foto: COPESA)
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Todos quieren ir a los alegatos
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El querellante Hugo Gutiérrez entregó ayer su lista de 41 invitados para ingresar a los alegatos. La nómina está compuesta por familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte y de dirigentes de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos, además de Gladys Marín y abogados de derechos humanos que patrocinan querellas contra Pinochet. También figuran los diputados Gabriel Ascencio, Andrés Palma, Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Fanny Pollarolo y Sergio Aguiló; los pintores José Balmes y Claudio Venturelli; el poeta Volodia Teitelboim el sacerdote José Aldunate y el PC Luis Corbalán, entre otros.
Todos deberán compartir las bancas de la sala con los 12 consejeros del CDE y los 30 invitados de la defensa: los cinco hijos de Pinochet, Pablo Longueira y Alberto Cardemil, el ex auditor Fernando Torres Silva, los generales (R) Luis Cortés Villa, Jorge Ballerino y Guillermo Garín, y su equipo jurídico en pleno.
Por la alta demanda, el presidente de la Corte Suprema deberá hacer una selección de los asistentes, ya que la sala de pleno tiene una capacidad máxima de 70 personas.
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El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, planteará al pleno del máximo tribunal la posibilidad de que una vez que se adopte el acuerdo respecto de la apelación del desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet, se de a conocer el veredicto aún cuando no esté redactado el fallo. Esto, a fin de evitar las especulaciones y presiones que se produjeron en la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que quitó los privilegios procesales al general (R) por 13 votos contra nueve.
Alvarez reconoció que tal planteamiento se topa con la ley vigente, es decir, que los acuerdos son reservados hasta que no se emita y redacte la sentencia. No obstante, la idea que planteará a sus pares del máximo tribunal está contenida en la nueva normativa del juicio oral, sistema en que se dará a conocer la resolución una vez terminada la audiencia.
"Si el pleno me faculta, lo podría hacer, pero es algo que se debe revisar", dijo Alvarez, quien a la vez reconoció que es una situación que requiere de mucho análisis dada la delicadeza del tema.
CORTE AFINA DETALLES
Ayer el pleno de la Corte Suprema acogió la petición de la defensa de Pinochet para aplazar la vista de la causa para el próximo miércoles 12 de julio, así como también dio luz verde a la presentación efectuada por la parte querellante a fin de que sean anexados al proceso de desafuero dos expedientes y un cuaderno secreto del ministro Juan Guzmán Tapia. Se trata de los dos últimos tomos del proceso, que contienen los careos entre los oficiales encausados por el caso Caravana de la Muerte y que, a juicio de los acusadores, refuerzan su tesis de vincular al general (R) con los 19 secuestros calificados que se le imputan.
La vista de la causa se iniciará el miércoles con la relación del caso -serán en total 14 tomos más el cuaderno secreto de Guzmán- y durante el jueves y el viernes se realizarán los alegatos. El primero en presentar sus argumentos será el abogado de Pinochet, Ricardo Rivadeneira. Luego lo harán los siete abogados querellantes -Carmen Hertz será reemplazada por Gustavo Horvitz- y por último, al igual como fue en el tribunal de alzada, expondrá la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szszaranski.
La audiencias comenzarán a las 10 de la mañana y se prevé que la relación del caso será de unas tres horas. Al igual que la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal fijó media hora para los alegatos de los siete querellantes y el CDE, pero en el caso de la defensa de Pinochet aún se analiza si se le otorgará más tiempo para su exposición, el que no excederá los 60 minutos.
Otra resolución que adoptó ayer el pleno fue no televisar ni transmitir por radio los alegatos. Tal decisión era predecible, ya que en abril pasado, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago casi en su mayoría era partidaria de hacer público el proceso, fue la Corte Suprema la que se lo prohibió.
