Publicado el 14 de julio de 2000 en EL PAÍS DIGITAL
Altos funcionarios civiles de la dictadura de Pinochet coordinaron la represión
Dirigía la "acción antiterrorista y antisubversiva"
MANUEL DÉLANO,
Santiago
El Ministerio del Interior de Chile dirigía toda la "acción antiterrorista y antisubversiva" de la Central Nacional de Informaciones (CNI, la sucesora de la DINA a partir de 1978) y de las policías de Investigaciones y Carabineros, como de manera eufemística llamaban en la dictadura de Augusto Pinochet a los encargados del combate contra la oposición al régimen militar. Así lo establece un documento de la policía civil de 1985, firmado por quien entonces era su jefe, el general Fernando Paredes -que hoy encabeza el Círculo de Generales en Retiro-, y que reveló el diario en Internet El Mostrador. Este texto viene a ratificar, tal como se sospechaba, que la represión fue una política institucional, en la que también participaron funcionarios civiles del régimen.
El documento es coherente con otro de Interior fechado en 1980, en el que se establece que la Unidad Antiterrorista será empleada por decisión de Pinochet para combatir a la subversión. Ambos textos están en manos de los jueces que investigan asesinatos de opositores cometidos en 1986 (cuatro personas) y en 1987 (Operación Albania, en la que fueron ejecutados 12 militantes izquierdistas), y los abogados querellantes han pedido que Paredes sea citado a declarar.
Según el documento firmado por Paredes, "la dirección política de la acción antiterrorista y antisubversiva será ejercida por el Ministerio del Interior". Agrega que los detenidos por las policías "por delitos de carácter terrorista serán puestos a disposición del Ministerio del Interior". El vínculo de los civiles con la represión está incluso establecido por ley, recuerda el abogado Roberto Garretón, especializado en la defensa de los derechos humanos. La ley que creó la CNI dice que "ésta se relacionará con el Ministerio del Interior", explica Garretón, y que "para cada detenido había un decreto de este ministerio ordenando su arresto e incomunicación. Hay muchos de estos decretos. En el caso de Mario Fernández López, que murió torturado estando detenido, existe un decreto con fecha de un día, firmado por el ministro del Interior de la época, Sergio Onofre Jarpa, y el certificado de defunción indica que murió al día siguiente".
Responsabilidades penales
Sin embargo, de los 70 procesados en los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet sólo 17 son civiles. Se trata de personas de poca relevancia, ex agentes de los aparatos de seguridad. "En los procesos, en general, se ha ido buscando a aquel que ejecutó la orden, la solución final, al degollador, al que puso la bomba, y muy difícilmente se ha llegado más arriba. No se han buscado las responsabilidades penales institucionales, a los que dieron las órdenes generales", afirma Garretón, quien recuerda que "Hitler nunca mató a nadie con sus manos. Lo hacían otros...".
Una de las debilidades de la transición a la democracia chilena ha sido no perseguir la responsabilidad política en la represión de los altos funcionarios de la dictadura, muchos de los cuales integran hoy las filas de la derecha. Quien más ha logrado acercarse a algunos de estos personajes, en su mayoría civiles, es el juez español Baltasar Garzón, al dictar orden de detención contra una treintena de antiguos dirigentes del régimen militar.
