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Antes de la audiencia prevista para esta mañana, sin embargo, los veinte jueces de la Corte Suprema deberán decidir si el anciano ex jefe militar es sometido a exámenes médicos, tal y como solicitó su defensa jurídica. Ésta alegó que Pinochet no cuenta con garantías de «debido proceso», ya que es incapaz de orientar a sus abogados.
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, anunció que el Alto Tribunal verá este asunto, aunque varios jueces han manifestado que en caso de aprobarse la pericia médica sólo será «para mejor resolver» y que en ningún caso paralizarán las audiencias que se inician hoy y que deben terminar el viernes.
DERECHOS SALVAGUARDADOS
La solicitud fue refutada el pasado 11 de julio por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), un organismo estatal que se constituyó en parte contra Pinochet. La entidad alegó que la Corte de Apelaciones de Santiago, que despojó del fuero parlamentario al senador vitalicio por trece votos contra nueve, ya se pronunció por no hacer los análisis clínicos y que la Corte Suprema no tiene facultades para revisar esa decisión. Argumentó además que Pinochet ha contado con todas las normas del debido proceso y que sus derechos han sido salvaguardados por la Justicia chilena.
Ayer, los siete abogados querellantes también impugnaron la solicitud de la defensa. A los argumentos expuestos por el CDE, los abogados de los familiares de la víctimas de la llamada «Caravana de la muerte» agregaron que ninguna institución chilena se comprometió con la comunidad internacional a no juzgar a Pinochet, refutando así a la defensa, que arguye que Gran Bretaña lo liberó en marzo pasado por razones de salud que impiden que sea procesado en cualquier parte del mundo.
EVITAR EL DESAFUERO
La vista que se inicia hoy es decisiva para la suerte judicial del ex dictador. La defensa ha marcado su mayor apuesta en lograr que el máximo tribunal —cuyo fallo es inapelable— acepte exámenes médicos y por esa vía evitar que sea desaforado y sometido a juicio.
El círculo cercano a Pinochet considera que tiene por delante un escenario más favorable al que había cuando fue desaforado en primera instancia, en mayo pasado. Desde entonces, el Gobierno de Ricardo Lagos y las Fuerzas Armadas han logrado un importante acercamiento tras el pacto emanado de la «mesa de diálogo», que diseñó un camino para recabar antecedentes sobre el paradero de más de mil detenidos desaparecidos durante el régimen militar chileno.
La disminución de tensiones entre el Gobierno y los militares, así como la inminente aplicación de la ley de amnistía cuando se encuentren restos de desaparecidos, hizo que el presidente de la Corte Suprema dijera que «se está viendo una luz al final del túnel». Palabras que fueron interpretadas como la voluntad de los jueces por cerrar con rapidez los problemas pendientes de derechos humanos heredados por la dictadura militar de Pinochet.
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