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Los veinte jueces del Alto Tribunal se reunieron ayer por espacio de 45 minutos antes de iniciar la audiencia, tomaron el acuerdo de postergar su decisión sobre los exámenes médicos hasta mañana y rechazaron una solicitud de los abogados querellantes, que habían pedido más tiempo para sus alegatos.
La audiencia comenzó con una exposición de los 19 tomos de la causa, más un cuaderno secreto que lleva el juez Juan Guzmán, instructor de las querellas contra Pinochet, a cargo de la relatora de la Corte Suprema, Gloria Chévesih.
En las afueras del Palacio de Tribunales, en tanto, un centenar de partidarios y detractores del ex dictador cruzaban insultos, pero sin que se produjeran incidentes mayores.
El abogado del ex jefe militar, Ricardo Rivadeneira, se mostró esperanzado en que mañana los jueces decidan la realización de los exámenes médicos «como medida para mejor resolver». La defensa de Pinochet apuesta a que una decisión favorable a los análisis clínicos permitirá que la causa quede paralizada o que los jueces acojan su planteamiento de que el anciano no está en condiciones de enfrentarse a un juicio.
POLÉMICA POR LOS EXÁMENES
La solicitud de la defensa fue refutada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y por los siete abogados querellantes, que insisten en que los análisis sólo corresponden una vez se ratifique el desafuero de Pinochet y éste sea inculpado y sometido a proceso. A esta posibilidad se opone la familia del ex dictador, pues la única causa para impedir el procesamiento una vez desaforado es que sea declarado «loco o demente», lo que destruiría su imagen histórica.
Pinochet, en tanto, permaneció ayer en su residencia de Santiago, acompañado por algunos familiares.
El abogado querellante Eduardo Contreras dijo que la exposición hecha por la relatora dejó de nuevo en claro la relación de dependencia de mando que hubo entre Pinochet y el jefe de la llamada «Caravana de la muerte», el general Sergio Arellano Stark. La «caravana» fue una comitiva militar que recorrió varias ciudades del sur y norte de Chile y que en octubre de 1973 ejecutó a 72 prisioneros, 19 de los cuales permanecen como detenidos desaparecidos.
Contreras reiteró que quedó demostrado que Pinochet otorgó facultades especiales al general Arellano y que además estaba al tanto de los crímenes de la «caravana».
No piensa lo mismo Pablo Rodríguez Grez, otro de los abogados de Pinochet. El jurista sostuvo que no hay ninguna prueba que vincule a su defendido con las ejecuciones sumarias de la «caravana».
La audiencia se iniciará hoy con los alegatos de la defensa, para luego continuar los siete abogados querellantes. La representante del CDE cierra las audiencias mañana.
En medio de la batahola del «caso Pinochet» en los tribunales, un juez condenó en primera instancia a prisión perpetua a tres ex altos oficiales de los organismos de inteligencia del régimen militar.
El mayor retirado del Ejército Alvaro Corbalán, director de Operaciones de la Central Nacional de Informaciones, junto al ex oficial Carlos Herrera fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de un carpintero con el que intentaron encubrir el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en 1982.
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