En su segundo día de audiencias, los veinte jueces del alto tribunal escucharon la exposición de una hora y media del abogado Ricardo Rivadeneira, quien presentó un alegato estructurado en cuatro puntos, de los cuales sólo alcanzó a desarrollar uno; el resto de sus argumentaciones lo dejó por escrito.

Rivadeneira centró su exposición en la supuesta inocencia de Pinochet en los casos de secuestros calificados que se le imputan a la «Caravana de la muerte», una comitiva militar que viajó por el norte y sur de Chile en octubre de 1973 y que ejecutó a 72 prisioneros, 19 de los cuales permanecen como desaparecidos.

El jurista dijo que «no hay sospechas fundadas» que vinculen a Pinochet con estos crímenes y que, en cualquier caso, tales delitos fueron cometidos cuando éste era miembro de la Junta Militar, por lo que la responsabilidad no era individual. A partir de este argumento, Rivadeneira insistió en que lo que corresponde es un «juicio político» a Pinochet, ya que los actos que pudo cometer caben dentro de lo que denominó «actos de administración del Estado». «Pinochet nunca emitió una orden de matar y menos de secuestrar a 19 personas», dijo el abogado,

Inmediatamente después de Rivadeneira alegó el primero de los siete abogados querellantes. Gustavo Horvitz refutó a la defensa de Pinochet argumentando que jamás fue posible un juicio político contra el ex jefe militar, toda vez que el mismo día del golpe de Estado de 1973 fue clausurado el Congreso.

Añadió que la complicidad de Pinochet con los crímenes posteriores al golpe militar vienen de antes, con la conspiración para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Relató que los integrantes de la «Caravana de la muerte», incluido su jefe, el general Arellano Stark, actuaron en el centro de Santiago para el golpe de Estado, en las unidades que atacaron el palacio de gobierno. Arellano Stark y sus hombres, añadió, después fueron comisionados para «revisar procesos» y ejecutar prisioneros. También alegaron los querellantes Eduardo Contreras y Alfonso Insunza, quienes intentaron demostrar que los 19 casos de desaparecidos que se imputan a la «caravana» es un delito que continúa vigente mientras no aparezcan los cuerpos.

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