El duro alegato de la acusación personada contra Augusto Pinochet en el proceso por la muerte de 19 personas en la denominada caravana de la muerte puso fin ayer al proceso de revisión en la Corte Suprema de Chile de la retirada del fuero parlamentario que hacía al ex dictador chileno inmune a los procesos penales abiertos contra él por los crímenes atribuidos al régimen militar que encabezó.
El presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, informó que el próximo martes los 20 magistrados que integran el máximo tribunal chileno se reunirán para dialogar sobre el fondo del asunto y acordar un fallo que podría hacerse público dentro de dos semanas, ya en el mes de agosto.
En la segunda y última jornada de los alegatos, el abogado acusador Juan Bustos señaló ante el pleno de magistrados que existen presunciones fundadas en el proceso de la caravana de la muerte que permiten constatar la participación del general Pinochet como autor «mediato», es decir, autor inductor, de los delitos que se le imputan.
'Caravana de la muerte'
El jurista aseguró que Pinochet estaba al mando de la caravana de la muerte ya que era el jefe de la Junta de Gobierno en virtud de un decreto ley que le otorgó todas las facultades jurisdiccionales para ordenar las diligencias del general Sergio Arellano Stark, responsable directo de la temida misión militar.
Agregó Bustos que los integrantes de esta misión militar se desplazaron por distintas ciudades del país en uniforme de guerra, realizando procedimientos militares sumarísimos en los cuales se secuestro y ejecutó a las víctimas. Después, tal como consta en el proceso, donde están acreditados los delitos de secuestros, no se abrió ningún proceso administrativo contra Arellano Stark, quien incluso fue ascendido tras las acciones ejecutadas. Y Pinochet, insistió el acusador, fue informado por lo menos en dos oportunidades de las actividades que realizó la caravana de la muerte.