| Sábado, 22 de julio de 2000 |
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Según señaló el presidente del máximo tribunal, Hernán Alvarez, hasta el martes no se iniciarán las deliberaciones, las cuales podrían prolongarse hasta dos semanas antes de resolver un fallo inapelable referido a la implicación del ex dictador de 84 años en la desaparición de 19 opositores entre septiembre y octubre de 1973, presuntamente ejecutados en el contexto de una operación de exterminio de mayor envergadura conocida como Caravana de la muerte. «Esta situación la vamos a abordar con la prudencia y profundidad que requiere una materia de tanta trascendencia y complejidad [...] Muy posiblemente la vamos a dejar madurada dentro de la próxima semana, de manera que esperamos que en la semana siguiente tengamos ya una resolución sobre el fondo», dijo Alvarez. Entre tanto, la resolución sobre la solicitud de la defensa de exámenes médicos a su cliente, estrategia que busca eximirlo de proceso por incapacidad física y mental, podría tener lugar el mismo martes.
Pinochet no estuvo presente en la última sesión de apelaciones, ya que la ley no lo obligaba a asistir. En su intervención del pasado jueves, la defensa se esforzó por descartar su responsabilidad penal en los hechos imputados y centró su alegato final en la ausencia de un «debido proceso» (norma que establece que quien no está en condiciones de defenderse, en este caso por deterioro físico y mental, no puede ser sometido a proceso). El abogado Ricardo Rivadeneira señaló que los 19 presos políticos desaparecidos fueron ejecutados y no secuestrados, por lo que corresponde aplicar la Ley de amnistía dictada discrecionalmente en 1978 por la propia dictadura. Agregó en su argumentación que la responsabilidad por los crímenes cometidos recae en la Junta Militar de la época y no en su defendido.
Los abogados acusadores rechazaron ayer este alegato, e intentaron demostrar la «autoría mediata» de Pinochet en los hechos, apoyándose en un fallo de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró que existen «sospechas suficientes» para encausar al ex dictador por secuestro.
En caso de que la Corte Suprema confirme dicho dictamen, Pinochet perdería su fuero y se enfrentaría a las 147 querellas que existen en su contra.
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