Publicado el 5 de junio de 2000 en EL PAÍS DIGITAL
La Corte de Apelaciones de Santiago, a favor del desafuero
de Pinochet
ERNESTO EKAIZER, Madrid
La Corte de Apelaciones de Santiago ha dado a conocer hoy lunes
de forma oficial, a través de una notificación a las acusaciones, al Consejo
de Defensa del Estado y a la defensa del ex dictador el contenido del
fallo favorable al desafuero por 13 votos contra 9, según ya había anunciado
EL PAÍS el día 24 de mayo. Así mismo, se ha notificado también el contenido
del fallo de la minoría, contrario al desafuero de Pinochet.
La defensa del ex dictador ya ha anunciado que presentará un recurso
de apelación contra el desafuero dispuesto por la Corte de Apelaciones
de Santiago antes la Corte Suprema de Chile. La defensa tiene cinco días
para presentar su recurso. La Corte Suprema celebrará, una vez presentado
el citado recurso, una nueva vista en la que comparecerán la defensa del
ex dictador, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y los abogados
de la acusación. Una vez que la Corte Suprema resuelva se conocerá la
suerte definitiva del desafuero. La Corte Suprema puede revocar la decisión
de la Corte de Apelaciones de Santiago. Según la ley chilena, el fallo
de la Corte Suprema no es recurrible.
La Corte de Apelaciones de Santiago dispone en su fallo favorable al
desafuero que existen indicios racionales para imputar al general Pinochet
su participación en los hechos de la llamada caravana de la muerte,
acaecidos a primeros de octubre del 73, donde fueron ejecutados 73 personas,
de los cuales han quedado sin aparecer los cuerpos de más de la mitad.
Esta desaparición de los cadáveres ha dado pie a que uno de los miembros
de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez Juan Guzmán Tapia, que
instruye las querellas contra Pinochet, calificara los hechos como secuestro
calificado, una figura de tipo penal que no está amparada por la ley de
amnistía dictada por la dictadura de Pinochet.
Sospechas fundadas
El fallo de la mayoría de 13 jueces de la Corte de Apelaciones
de Santiago sostiene que están acreditados los hechos y que existe
"sospechas fundadas de la participación" del general
Pinochet en los hechos de caravana de la muerte, únicos
por los que se ha pedido su desafuero.
Unos de los jueces de la mayoría han presentado también
matizaciones (prevenciones en la jerga legal chilena). Es el caso del
juez Sergio Munoz, para quien los hechos acreditan también la participación
de Pinochet "en calidad de autor".
Los nueve magistrados que han votado contra el desafuero de Pinochet,
por el contrario, sostienen que no existen sospechas fundadas sobre su
paricipación en los hechos. Algunos magistrados, en sus prevenciones
invocan también el estado precario de salud del ex dictador y la
posible violación de su derecho a un juicio con todas las garantías
("debido proceso") que implicaría su procesamiento.
Exámenes médicos
La Corte de Apelaciones de Santiago, por otra parte, señala respecto
a distintos argumentos de la defensa de Pinochet , entre los cuales se
encuentran la petición de exámenes médicos, que éstos
asuntos "deben ventilarse con mayor propiedad dentro del litigio
penal y ante el juez competente".
La defensa de Pinochet planteó en su alegato ante la Corte de Apelaciones
que se hicieran exámenes médicos antes de resolver sobre el desafuero,
petición que fue rechazada antes de comenzar la vista del desafuero a
finales del mes de abril.
Fuentes jurídicas chilenas estimaban hoy lunes que quizá la "operación"
pueda consistir en que la Corte Suprema, por iniciativa propia, decida
el desafuero en su momento y acto seguido recomiende al juez Guzmán
la realización de exámenes médicos; otra alternativa
es que la Corte Suprema, que puede hacerlo, ordene exámenes médicos
como cuestión previa antes de entrar en la cuestión de fondo
del desafuero.
Fuentes próximas a la familia de Pinochet insisten en que el ex dictador
no acepta proponer que se le declare "loco" o "demente", dos palabras
contempladas como eximentes de responsabilidad penal en el Código de Procedimiento
Penal chileno, sino incapaz de defenderse por su estado de salud, lo cual,
de llevársele al banquillo, vulneraría su derecho a un proceso con todas
las garantías.
