En el edificio de los tribunales se congregaron más de cien integrantes de las entidades de derechos humanos, encabezadas por Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien se manifestó complacida por «el contundente fallo de los jueces» y optimista en que la Corte Suprema ratificará el veredicto.

«CARAVANA DE LA MUERTE»

Pinochet afrontó este proceso de desafuero a petición del juez Juan Guzmán, que investiga 110 querellas criminales en contra del ex jefe militar. Entre estas causas está la investigación por la «Caravana», una comitiva que después del golpe de Estado de 1973 recorrió cinco ciudades del norte y sur de Chile y dejó un reguero de 72 víctimas. De éstas, 19 permanecen como detenidos desaparecidos, lo que permitió al juez Guzmán configurar el delito de «secuestro calificado», figura que no está incluida en la ley de amnistía del régimen militar y que los jueces han interpretado como un delito que sigue cometiéndose mientras no aparezca el cuerpo de la víctima.

El voto de los trece jueces establece que en la investigación de Guzmán hay antecedentes acreditados de que Pinochet actuó como «autor-inductor» de los secuestros cometidos por la «Caravana», al mando de la cual iba el general retirado Sergio Arellano Stark. Este último alto oficial del Ejército portaba un documento suscrito por el propio Pinochet que le daba atribuciones de «oficial delegado» para revisar los procesos «en tiempo de guerra» contra los prisioneros. Aunque el documento firmado por el ex dictador no está en estos momentos incorporado a la causa, su existencia no fue cuestionada por los jueces.

El voto de minoría, suscrito por nueves jueces, dice que en la causa no hay antecedentes suficientes para inculpar a Pinochet y que a éste, además, hay que garantizarle el «debido proceso». Rubén Ballesteros, presidente de la Corte de Apelaciones, dijo ayer que el voto de minoría —en el que se incluye él mismo— consigna que Pinochet debe ser sometido a exámenes médicos para establecer su estado de salud y condiciones para afrontar un juicio, así como «para mejor resolver». El alto letrado agregó que éste capítulo del veredicto deberá ser tomado en cuenta por Guzmán, toda vez que cualquier imputado mayor de 75 años de edad —y Pinochet tiene 84— debe ser evaluado clínicamente para establecer si puede o no ser sometido a juicio.

La defensa del general, que encabeza el abogado Ricardo Rivadeneira, tiene a partir de su notificación —que fue ayer mismo— cinco días para presentar su apelación ante la Corte Suprema, instancia final de veinte jueces que es inapelable.

La abogada querellante Carmen Hertz dijo ayer que el veredicto judicial establece con «contundencia» que hubo «participación criminal» de Pinochet en los delitos que investiga el juez Guzmán, y se mostró optimista en que la Corte Suprema confirmará el fallo del tribunal de alzada.

Otro abogado querellante, Juan Bustos, calificó la resolución como «muy buena» y añadió que algunos jueces hicieron «prevenciones» (acotaciones) al fallo difundido ayer en las que profundizan sobre la «calidad de autor de Pinochet» en los delitos que se le imputan.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno, por su parte, minutos después de conocerse el fallo y a través de su Secretario General (portavoz), Claudio Huepe, afirmó: «Reiteramos nuestro respeto a los fallos de los tribunales y a la independencia del Poder Judicial de forma absoluta, como corresponde en una democracia».

Al mismo tiempo, Huepe recordó que el fallo es sólo una parte de un proceso que debe continuar, por la vía de la apelación, en la Corte Suprema, que es la máxima instancia judicial del país. En este sentido, el portavoz gubernamental pidió a «todos los sectores de la vida nacional» que acaten y respeten la decisión de los tribunales.

«Ojalá escuchemos expresiones de los distintos sectores acatando el fallo que se ha emitido en esta etapa, sin perjuicio de esperar con tranquilidad el fallo definitivo de la Corte Suprema», precisó Huepe.

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