Ministros confirmaron por 13 votos contra 9 el retiro de privilegios procesales Corte de Apelaciones oficializó el desafuero de Pinochet Por primera vez, un tribunal chileno establece que hay "fundadas sospechas" para someter a proceso al senador vitalicio. Aunque el tema de los exámenes médicos no está en la sentencia, 15 ministros se pronunciaron sobre ellos: los nueve que votaron en contra del desafuero,y otros seis que recomiendan a Guzmán practicarlos apenas la causa vuelva a sus manos. Ana María Sanhueza Razones para oponerse No hay pruebas: los ministros que votaron en contra del desafuero señalan que no existen -en el proceso- antecedentes que permitan deducir sospechas fundadas en contra de Pinochet. Dicen que el oficio mediante el cual se nombra oficial delegado al general (R) Arellano Stark no establece que debía ordenar ejecuciones fuera de los procesos existentes. Y en relación a las declaraciones del general (R) Lagos, dicen que sus afirmaciones no están acreditadas en el proceso, y de ser ciertas, se refieren a hechos posteriores a los presuntos secuestros, por lo que no cabe "sospecha de coautoría por inducción". Juicio político: el voto de minoría considera que aunque Pinochet no haya sido Presidente de la República hasta 1974, al encabezar la Junta Militar, era el jefe del Estado, por lo que es necesario realizar un juicio político en su contra -a través de una acusación constitucional- antes de abrir un proceso en la justicia ordinaria. Exámenes médicos: para los ministros que apoyaron la defensa del senador vitalicio no se han cumplido las garantías del debido proceso,pues el general (R) no fue sometido a exámenes médicos. Argumentos de mayoría Dos sospechas fundadas: el voto de mayoría hace alusión al hecho de que el general (R) Sergio Arellano Stark fue delegado del general (R) Augusto Pinochet y se refiere a las declaraciones del general (R) Joaquín Lagos, quien dice que le informó al ahora senador vitalicio de los hechos perpetrados por la denominada Caravana de la Muerte en Antofagasta y Calama. No procede juicio político: los ministros desvirtúan este argumento de la defensa del senador vitalicio, señalando que Pinochet no era Presidente de la República cuando ocurrieron los hechos, pues sólo era presidente de la Junta Militar. Jefatura de los servicios de seguridad: Los ministros dicen que Pinochet "tenía la tuición directa de los servicios de inteligencia del Ejército", pues argumentan que era "público y notorio" que el general (R) era, al mismo tiempo, jefe de la Junta y comandante en jefe del Ejército. Confirman secuestro calificado: los ministros vuelven a confirmar la tesis del juez Juan Guzmán respecto de que mientras no aparezcan los cuerpos de los detenidos desaparecidos, el delito debe ser tipificado como "secuestro calificado". Después de 13 días se informó oficialmente el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desaforó al senador vitalicio Augusto Pinochet. Aunque la decisión se conoció el martes 23 de mayo, los 22 ministros recién ayer dieron su resolución de retirarle -por 13 votos contra 9- los privilegios procesales al general (R). A favor del desafuero se pronunciaron los ministros Carlos Cerda, Milton Juica, Juan González, Hugo Dolmetsch, Lamberto Cisternas, Alejandro Solís, Gabriela Pérez, Jorge Dahm, Adalís Oyarzún, Jaime Rodríguez Espoz,Sonia Araneda, Haroldo Brito y Sergio Muñoz. Los dos últimos, en sendas prevenciones, llegaron incluso a estimar que se investigue a Pinochet como presunto autor de los delitos de la Caravana de la Muerte, que es la tesis que reiterarán los querellantes ante la Corte Suprema. En contra votaron el presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, y los jueces Raquel Camposano, Alfredo Pfeiffer, Sergio Valenzuela Patiño,Domingo Kokisch, Cornelio Villarroel, María Antonia Morales, Juan Araya y Raimundo Díaz, quienes estimaron que no hay pruebas contra el general (R), que no están dadas las condiciones para un debido proceso y reiteraron su postura de realizar exámenes médicos, coincidiendo con la defensa de Pinochet. Más allá de los argumentos a favor y en contra, la resolución tuvo un sello histórico. Por primera vez, un tribunal chileno estableció que existen "sospechas fundadas" sobre la participación, ya sea como autor,cómplice o encubridor, del general (R) Pinochet en delitos cometidos durante el régimen militar. A pesar de este elemento nuevo, las reacciones ante el fallo fueron mesuradas. Las autoridades de Gobierno, instruidas por el Presidente Ricardo Lagos, optaron por mantener la estrategia no dar señal de injerencia sobre los jueces. Fue el ministro del Interior, José Miguel Insulza, el responsable de comunicar al Presidente la decisión de la Corte, la que hasta ayer era analizada en detalle por funcionarios de Palacio. En el Ejército sólo hubo una escueta declaración de su jefe de comunicaciones, coronel Pedro Pablo Bustos: "El Ejército no comentará,por ahora, la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, pues la opinión pública ya conoce el sentimiento de la institución a través de las palabras que ha pronunciado en los últimos días el comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, en sus inspecciones a unidades militares". Izurieta ha dicho que el Ejército está "dolido" por la situación que enfrenta el ex comandante en jefe. Y se espera que ese mismo malestar se manifieste mañana en Arica durante la conmemoración del Día de la Infantería. El general ya utilizó el año pasado esa ceremonia para expresar molestia ante la detención de Pinochet en Londres, y en el Gobierno no descartan que lo vuelva a hacer. Según fuentes cercanas a los militares, una claúsula de las nuevas reglas del juego entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas es que éstas protesten -aunque siempre con previo aviso- cada vez que requieran desagraviar al senador vitalicio. EL FALLO La resolución tiene 55 páginas, divididas entre la sentencia (el voto de mayoría, de 22 hojas) y el fallo de los disidentes, de 28 cuartillas. Cuenta con la prevenciones de Brito, Cisternas y Muñoz que argumentan sus razones para desaforar a Pinochet . Por la disidencia Raquel Camposano,Cornelio Villarroel -quien fundamentó su voto en contra por el estado de salud y el respeto al debido proceso- más María Antonia Morales y Juan Araya, quienes plantearon que no hay pruebas que constituyan fundadas sospechas. La argumentación de los 13 ministros que aprobaron el desafuero contempla viejas disputas del caso Caravana. La primera tiene que ver con el decreto que designa al general (R) Sergio Arellano Stark como oficial delegado del comandante en Jefe del Ejército ante los tribunales militares en tiempo de guerra. La otra se refiere al testimonio del general (R) Joaquín Lagos, quien dice que informó a Pinochet de los hechos acaecidos por la comitiva de Arellano en Antofagasta y Calama. Estos fueron esgrimidos como elementos centrales en los alegatos de la mayoría de los siete querellantes y el CDE, y acogidos por los ministros del voto de mayoría. Y aunque en la sentencia no se mencionan los exámenes médicos, 15 de los 22 jueces finalmente sí lo hicieron, directa o indirectamente. Junto a los nueve del voto disidente, que señalaron la necesidad de verificar el estado de salud de Pinochet antes del desafuero abordan el tema otros seis ministros que desaforaron. Son Milton Juica,Gabriela Pérez y Sonia Araneda, quienes recomendaron a Guzmán practicar los exámenes, mientras Jaime Rodríguez, Juan González y Adalis Oyarzún opinaron que se debía "instruir" al ministro de fuero que los solicite "como actuación previa a cualquier diligencia". Aunque las razones médicas no permitieron a la defensa evitar el desafuero, los votos que se pronuncian por acogerlas muestran que la salud de Pinochet será discusión clave en la Corte Suprema.

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