La defensa de Pinochet ya confirmó que presentará una apelación de dicha resolución ante el máximo tribunal chileno el próximo viernes. La apelación se basará en los mismos argumentos utilizados en la primera instancia, como la ausencia de pruebas sobre la responsabilidad penal de Pinochet y la falta de garantías de un proceso justo. Ricardo Rivadeneira, abogado del equipo defensor, calificó de «débiles y livianos» los argumentos esgrimidos por los jueces del Tribunal de Apelaciones.

Mientras, fuentes citadas por el matutino El Mercurio aseguraban que Pinochet experimentaba una «profunda depresión» por el dictamen judicial. Su hijo Marco Antonio ratificó el mal estado de ánimo de su padre al afirmar: «Me imagino que estará bajoneado [deprimido], tenía esa remota esperanza de que el fallo no le sería tan adverso».

Por su parte, Pablo Longueira, presidente de la ultraconservadora y poderosa Unión Demócrata Independiente, señaló que «no tiene sentido apelar», porque «no hay ninguna posibilidad de que [Pinochet] tenga un juicio justo».

Una vez que los abogados defensores presenten la apelación, el pleno del Tribunal Supremo deberá estudiarla y fijar la fecha de nuevos alegatos. Fuentes judiciales consultadas por este diario prevén que el proceso será agilizado, teniendo en cuenta su fuerte carga política.

Posible revocación

En cuanto al resultado final, las apuestas son poco claras. Frente al evidente optimismo de los abogados querellantes, la defensa tiene confianza en que el máximo organismo judicial revocará el fallo del Tribunal de Apelaciones, lo que cerraría el proceso penal contra Pinochet y la consideración de su participación personal en los hechos imputados, aunque no la investigación.

Un elemento clave sobre el que tendrán que dirimir los jueces del Supremo es si los delitos considerados, cometidos en 1973, pueden ser cubiertos por la ley de amnistía que la propia dictadura promulgó en 1978, o si se estaría ante un escenario de prescripción, es decir, de expiración del plazo para aplicar sanciones.

No obstante, en los últimos meses ya ha habido una tendencia en el máximo tribunal que sentaría jurisprudencia en el sentido de aceptar la figura de «secuestro calificado» aplicada por el juez instructor Juan Guzmán, quien lleva prácticamente todas las 110 querellas criminales en contra de Pinochet.

En este sentido, mientras no sean hallados los cuerpos de los 19 detenidos desaparecidos en la operación de exterminio conocida como Caravana de la Muerte, situación que se imputa al ex dictador, se los consideraría como objeto de secuestro y el delito no prescribiría.