Publicado el 7 de junio de 2000 en LA TERCERA

Editorial
Desafuero de Pinochet

Cuando la Corte Suprema falle el desafuero de Pinochet no sólo estará sellando su destino sino también el fin de la transición. Y también será la oportunidad para que el poder político aporte su cuota a ese objetivo.


La entrega del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que establece el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet, oficializó el resultado de la más trascendental votación judicial de la historia chilena de los últimos 30 años. Pese a que la votación de 13 votos contra 9 fue filtrada con anterioridad, la oficialización del fallo entregó los fundamentos de los magistrados, lo que determinará la apelación, y por lo tanto, la decisión final de la Corte Suprema.

El principal impacto del fallo es que, por primera vez, un tribunal chileno establece que existen "fundadas sospechas" para someter a proceso al senador vitalicio. Este elemento es lo que gatilló la resolución que
-de ser ratificada por el máximo tribunal del Poder Judicial- hará que Augusto Pinochet pierda las prerrogativas que posee, para enfrentar la justicia como un ciudadano común y corriente por el caso "Caravana de la Muerte".

Las argumentaciones del voto mayoritario fueron básicamente tres: existirían dos sospechas fundadas -el general (R) Arellano fue delegado del general (R) Pinochet y el general (R) Lagos declara haber informado a Pinochet de la actuación de la "Caravana de la Muerte"-; no procede establecer un juicio político previo, dado que cuando ocurrieron los hechos Augusto Pinochet no era Presidente de la República, sino presidente de la Junta Militar; y el senador vitalicio tenía la tuición directa de los servicios de inteligencia del Ejército.

El voto minoritario, en cambio, estableció que no existen antecedentes que permitan deducir sospechas fundadas en contra de Pinochet; se inclina por realizar un juicio político previo al proceso en la justicia ordinaria, dado que aunque no fuera Presidente en la fecha investigada,sí tenía la administración del Estado bajo su mando; y no se han cumplido las garantías del debido proceso, pues no fue sometido a exámenes médicos. El voto disidente también dejó en claro que consideraba que con el desafuero de Pinochet se pretendía abrir una causa no sólo contra él,sino también respecto a un período de la historia, por lo cual es un juicio político que no le corresponde a los tribunales.

Es indiscutible el esfuerzo desplegado por la justicia para cumplir con una tarea que innegablemente tiene ribetes políticos, históricos y pasionales. Sin embargo, ahora que la defensa apelará a la Corte Suprema,se acerca el plazo perentorio para que llegue la hora en que el poder político comience a actuar. Cuando la Suprema falle -libre ya de la presión que experimenta la Corte de Apelaciones, cuyos miembros de una u otra forma arriesgan su ascenso a las determinaciones que tomen- no sólo estará sellando el destino de Pinochet sino también, algo íntimamente ligado a éste: el fin de la transición. Y esa será la oportunidad para que el poder político aporte su cuota a ese objetivo.

Cuando se resuelva en forma definitiva el desafuero de Pinochet, la justicia habrá hecho su tarea en el más complejo y emblemático caso. De cierta forma habrá asumido la tarea que el mundo político no fue capaz de hacer en la última década, cuando se intentó negociar un cierre a la transición.

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