Izurieta dice que al ex dictador lo juzgará "la historia, no sus contemporáneos"

MANUEL DÉLANO, Santiago
El comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta, expresó ayer la solidaridad de su institución con el ex dictador Augusto Pinochet, al sostener que la situación judicial de su ex jefe, a quien la Corte de Apelaciones de Santiago le acaba de retirar la inmunidad, es comparable con el "sacrificio heroico" que ha caracterizado a los soldados de esta rama en la historia. Las declaraciones las hizo Izurieta en Arica, a 2.000 kilómetros al norte de Santiago, durante la celebración del Día de la Infantería, el arma a la que pertenecía Pinochet.

Refiriéndose al espíritu de sacrificio que caracteriza a los soldados, Izurieta puso como ejemplo a Pinochet, quien "con sacrificio asume el juicio que se le está llevando". Agregó que, como otros grandes hombres, el destino del ex dictador consiste en "esperar el juicio de la historia y no el de sus contemporáneos". A pesar que con sus declaraciones Izurieta contrarió directamente la petición del Gobierno, de que los funcionarios públicos no comenten el fallo, sus palabras sugieren una resignada aceptación del destino procesal del ex dictador antes que un desafío.

En cuanto al trabajo de la mesa de diálogo entre abogados de derechos humanos y representantes de las Fuerzas Armadas, que ayer se reunió analizando dos propuestas de acuerdos para establecer mecanismos de búsqueda de los detenidos desaparecidos, Izurieta dijo que el Ejército está dispuesto a contribuir para superar el pasado, aunque "siempre preservando el honor, la tradición y el papel histórico de la institución". Insistió en lo que ha sido la tesis del Ejército: que las hechos del pasado -léase las violaciones a los derechos humanos- no pueden comprenderse desvinculadas del contexto histórico en que se produjeron.

Por otra parte, el hijo menor del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, sostuvo que su padre prefiere enfrentar un juicio criminal antes de que se le practiquen exámenes médicos para demostrar que se encuentra demente senil o que padece locura temporal, como una vía de salida al cerco judicial en el que se encuentra atrapado. Según declaró a la televisión local, el único camino que le queda a su padre es ir directamente al juicio y no apelar a la Corte Suprema la decisión de retirarle el fuero, pues se trata de un proceso "político". "Hay una presión tremenda política, indudablemente por parte del Ejecutivo", dijo Marco Antonio.

Si la Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones, para iniciar el proceso criminal contra Pinochet, de 84 años, el juez Juan Guzmán debe someterlo previamente a exámenes médicos, por ser mayor de 70 años. En la legislación chilena no basta con que la salud de un acusado sea delicada, sino que la evaluación médica debe determinar que está loco o demente para que el proceso se suspenda. Pero la familia del general no está de acuerdo con este camino. "No acepto eso, porque no está en él", afirmó Marco Antonio Pinochet. Además, si se llega a la parte médica, "mi padre nunca va a tener la posibilidad de demostrar que no es culpable de lo que se le está acusando". Previamente, en la mañana de ayer, 52 generales en retiro, acompañados por un grupo de mariachis y directivos de la Fundación Pinochet, visitaron en su domicilio en Santiago al ex jefe del Ejército, para manifestarle su apoyo. Un grupo de siete mariachis le interpretó su ranchera favorita, El rey, que en una de sus estrofas dice: "No tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey".

Al término de la visita al primer infante de la patria, un título honorífico que le concedieron durante la dictadura a Pinochet, el director de la Fundación, general retirado Luis Cortés Villa, afirmó que éste dedicó su padecimiento al país, y que si ello permite la unificación de los chilenos, bienvenido sea. "Se va a defender con lo que pueda y hasta el último", sostuvo el ex vicecomandante del Ejército, general Julio Canessa.

Mientras tanto, el abogado de la familia del ex jefe del Ejército general Carlos Prats, asesinado junto con su esposa por agentes de la DINA (policía política de la dictadura) en 1974, en Buenos Aires, informó que entre el 28 y 30 de junio la justicia chilena interrogará a tres ex agentes de este organismo, dos de ellos altos oficiales, inculpados en este crimen, a solicitud de la juez bonaerense María Servini de Cubría.

[La subasta de 175 medallas de oro acuñadas durante el Gobierno que encabezó Pinochet alcanzó una recaudación de unos 20.000 dólares (3.600.000 de pesetas), informaron ayer los encargados del acto. Los beneficios pasarán a las arcas fiscales, informa Efe].

Querella de la familia Alsina

EL PAÍS, Barcelona
La familia del sacerdote catalán Joan Alsina anunció ayer que presentará una nueva querella contra el general Augusto Pinochet en los tribunales chilenos por el asesinato del religioso en 1973. La primera querella fue presentada en octubre de 1991, pero fue sobreseída en enero de 1993 en virtud de la ley de amnistía de 1988. Tras el anuncio de la pérdida de inmunidad del ex dictador, la familia Alsina ha decidido volver a los tribunales y lo hace con el apoyo de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, el Colegio de Abogados y la Asociación Juristas sin Fronteras.

El sacerdote Alsina era jefe de Personal del hospital San Juan de Dios en la capital chilena, Santiago, cuando fue arrestado y asesinado, el día 19 de septiembre de 1973.

Ignasi Pujades, biógrafo de Alsina, considera que la responsabilidad del asesinato es de Pinochet como autor mediato, pues "el Ejército chileno está fuertemente jerarquizado". El asesinato de Alsina es el único, según Pujades, en que "el homicida, Nelson Bañados, ha confesado públicamente los hechos".

• Texto completo del fallo de la Corte de Apelación de Santiago

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