«Presentamos un recurso de apelación para que se enmiende el agravio cometido con el fallo» de primera instancia, dijo Gustavo Collado, abogado de Pinochet. El Tribunal de Apelaciones de Santiago resolvió el lunes retirarle a Pinochet su inmunidad como senador vitalicio no electo, cargo que ostenta desde 1998.

Si el Tribunal Supremo ratifica el fallo, Pinochet tendrá que enfrentarse a 113 querellas -tres nuevas fueron interpuestas ayer en el Tribunal de Apelaciones de Santiago- por violaciones de los derechos humanos durante el régimen que estableció de 1973 a 1990. Para Collado, uno de los abogados del ex dictador, «no existe ningún antecedente, no existen indicios, ni sospechas de participación alguna del senador Pinochet en los cargos que se le imputan».

El desafuero se basa en la participación del general retirado como «autor inductor» en una misión militar de exterminio, la caravana de la muerte, que recorrió el país después del golpe de 1973, fusilando a más de 70 personas.

3.000 desaparecidos

Sus abogados y partidarios aceptan que Pinochet pudo tener responsabilidades políticas, pero jamás penales en esos asesinatos. Según un informe oficial, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron durante el régimen militar.