Las Fuerzas Armadas, el Gobierno y abogados de Derechos Humanos firmaron en la madrugada de ayer un histórico acuerdo en el que los militares se comprometen a entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos en un plazo de seis meses, un cuarto de siglo después de los hechos. El acuerdo fue firmado a las 02.59 de la madrugada de ayer y remitido inmediatamente al presidente de la república, el socialista Ricardo Lagos. El mandatario chileno será el encargado de explicar al país los alcances del histórico escrito en una ceremonia que se realizará en el palacio presidencial de La Moneda.
En el documento, suscrito por los integrantes de la llamada Mesa de Diálogo, los militares reconocen explícitamente la existencia de detenidos desaparecidos y las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El acuerdo encarga a los militares la tarea de reconstruir, de manera confidencial, la información que permita dar con el paradero de los desaparecidos. Para ello contarán con un plazo de seis meses, prorrogables por otro período igual. Tras ese plazo, Lagos deberá evaluar el éxito o fracaso del mecanismo. El acuerdo advierte de que una vez hallados los cuerpos será posible iniciar un proceso judicial que trate de averiguar por quiénes y cómo se cometieron esos delitos.
El texto firmado contiene tres partes: una sobre el contexto histórico que rodeó el golpe militar de 1973, los mecanismos para establecer el destino de los detenidos desaparecidos y una declaración de intenciones cuyo objetivo es que la sociedad chilena comprenda que los hechos ocurridos no pueden volver a repetirse.
La Mesa de Diálogo se constituyó tras la detención de Pinochet. Por iniciativa del Gobierno del ex presidente Eduardo Frei y con el respaldo de Lagos, en la instancia participaron abogados de derechos humanos, representantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas y de las iglesias. La instancia no estuvo ajena a duras críticas por parte de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes temen que el tratado firmado propicie una ley de punto final. Lagos, por su parte, ha insistido en que no respaldará una ley que deje en la impunidad a los responsables.
«Ganar tiempo»
Para los analistas políticos locales, el acuerdo logrado tras once largas horas de negociación explica el intento de los militares de descomprimir la situación que viven a raíz del desafuero de Pinochet. Para muchos se trata de «ganar tiempo» y dar una señal a la Corte Suprema, que en los próximo días confirmará o rechazará la pérdida de inmunidad del ex dictador. Augusto Pinochet está acusado por su responsabilidad en el secuestro y homicidio de diecinueve víctimas en el llamado caso Caravana de la Muerte.
Además parece ingenuo que los militares puedan entregar información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos en un plazo de seis meses y después de 25 años de lo ocurrido. Según informaciones que obran en manos de organizaciones humanitarias, el 70% de los cuerpos fueron dinamitados o lanzados al mar.
La diputada socialista chilena Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende, dijo que el resultado del trabajo de la Mesa de Diálogo debe ser canalizado a los tribunales y no convertirse en una ley de punto final.
«Es algo sospechoso»
La parlamentaria subrayó que, a su juicio, la Mesa de Diálogo no tenía prisa por terminar su trabajo, por lo que es sospechoso que lo haga cuando en los tribunales se está viendo el caso de Augusto Pinochet.
Por su parte, el abogado Ricardo Rivadeneira, uno de los defensores de Augusto Pinochet, comentó que el acuerdo «puede ayudar a despejar el clima para una solución adecuada» de la situación de su cliente, que la semana pasada fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La defensa del ex dictador apeló el fallo ante la Corte Suprema, que según señaló Rivadeneira, «resolverá en derecho» y en esa perspectiva, «lo seguro es que se revertirá el primer fallo y el senador Augusto Pinochet no será desaforado».