La Moneda, martes 13 de junio, 13.00 horas El pacto más esperado de la transición El acuerdo final sobre derechos humanos no sorprende por su contenido, ya que sus tesis habían sido ampliamente debatidas en la última década. La gran hazaña consiste en el respaldo de los principales sectores políticos y sociales del país. Las bases del problema Cifras: De un total de 3.197 víctimas del régimen militar reconocidas por el Estado, 2.095 estarían muertas, mientras que 1.102 aún se encontrarían desaparecidas. Esta última cifra es rebatida por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) que afirma que actualmente 1.197 víctimas seguirían bajo la condición de detenidos desaparecidos. Marco legal: La entrega de información por parte de las FF.AA. sobre los más de mil desaparecidos será fundamental no sólo para los familiares de las víctimas sino por sus dimensiones legales ante el nacimiento de la llamada tesis Guzmán o del secuestro calificado -de carácter permanente mientras no aparezcan los cuerpos- que destronó la tradicional aplicación automática de la ley de Amnistía. Ante este escenario la entrega de información sobre el destino de los desaparecidos resulta vital para los procesados, ya que sólo en ese momento se pueden establecer las fechas de muerte, y, por lo tanto definir si pueden ser considerados homicidios amnistiables por haber ocurrido entre 1973 y 1978. Esta doctrina, confirmada tanto por la Corte de Apelaciones como por la Suprema, se ha transformado en una impredecible excepción para la Amnistía y en el principal objeto de críticas por parte de la derecha y de los uniformados que la consideran una ilusión jurídica. Por una de esas ironías de la historia, en un martes 13 se firmó el acuerdo más buscado por los chilenos en la última década: un pacto sobre derechos humanos con la rubrica del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, de los abogados defensores de las víctimas, de las principales instituciones religiosas y con la venia de los partidos de la Concertación y de la Alianza por Chile. Antes de cumplir los 100 días de gobierno, ayer a las 13 horas, el Presidente Ricardo Lagos pudo reunir a representantes de todas esas entidades en La Moneda para anunciarle al país la noticia, generada en la misma madrugada del martes 13 por los miembros de la mesa de diálogo. El pacto logrado no impresiona tanto por su contenido, ya que sus tesis habían sido discutidas en numerosas ocasiones a lo largo de la última década. Su valor está en el apoyo transversal a sus postulados. En síntesis, éstos son el compromiso de los militares de recabar información sobre los desaparecidos, manteniendo sigilo de las fuentes; el compromiso implícito de que se aplique la Ley de Amnistía una vez conocido el paradero o la fecha de defunción de los desaparecidos; y una condena al uso de la violencia política en todos sus géneros, entre otros puntos. Por eso la ceremonia realizada ayer en La Moneda se caracterizó por la diversidad de los invitados, entre los que se incluyó al ex abanderado de la oposición, Joaquín Lavín, invitado por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, cerca de las 11 de la mañana. Los ausentes fueron otros: los familiares de los detenidos desaparecidos que ya han manifestado su rechazo al acuerdo de la mesa y algunos personeros del PS, que en privado, han explicitado sus reparos. LOS PERSONAJES CLAVE Pero, en lo que se refiere a personajes, son tres los que tuvieron el principal protagonismo en lo que se considera el último capítulo de la transición iniciada tras la derrota del general Augusto Pinochet en 1988: el Presidente Ricardo Lagos, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, y la abogada de derechos humanos Pamela Pereira. Lagos logró lo que sus dos antecesores no pudieron conseguir al hacer suya las tesis de Pamela Pereira, que prevalecieron en el acuerdo final, y -más importante aún- lograr que éstas fueran aceptadas por el general Ricardo Izurieta y los demás timoneles de las Fuerzas Armadas y de Orden. Uno de los episodios decisivos para el desenlace ocurrió en el piso 22 del Ministerio de Defensa, el lunes 2 de junio, cuando almorzaron Lagos, Izurieta, el ministro de Defensa, Mario Fernández, el almirante Jorge Arancibia (Armada), el general Patricio Ríos (Fach) y el general Manuel Ugarte (Carabineros). A la hora de los reconocimientos, Lagos incluyó una mención especial al ex ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, creador de la mesa en el último semestre del año pasado, en medio de las tensiones provocadas por la prolongada detención de Pinochet en Londres. Lagos le hizo justicia a Pérez Yoma por sobre el ex Presidente Eduardo Frei, a quien agradeció haber "aceptado crear la mesa de diálogo", una forma elegante de mostrar que no fue su obra. En realidad, se trató de un gesto generoso: la verdad histórica muestra que Pérez Yoma armó la mesa pese a la resistencia de Frei y su círculo más cercano. De hecho, el ex Mandatario sólo la legitimó varios días después. La mención especial a Pérez Yoma también se justificaba porque, si bien abandonó la mesa de diálogo al traspasar el cargo a Mario Fernández, los grandes conductores de los trabajos fueron integrantes del equipo que formó durante su gestión en Defensa. El propio Fernández fue uno de ellos, además del ex subsecretario Luciano Fouillioux. En todo caso, la mesa produjo el histórico acuerdo cuando todo indicaba que terminaría sus labores sin resultados concretos. En las siguientes páginas, se relata paso a paso cómo se gestó el pacto, el papel de sus principales personajes, las claves del texto aprobado y análisis respecto de su impacto para el país.

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