Editorial Mesa de diálogo: un hito histórico La capacidad de reconocer los errores propios en un pasado turbulento es tan destacable, para el país, como encontrar los restos de los desaparecidos. En algunos casos es la ocasión histórica sumada al voluntarismo de los dirigentes políticos y sociales lo que permite que los países den pasos trascendentales. El acuerdo de la mesa de diálogo -nacida hace 11 meses, agónica en varias oportunidades y reflotada sucesivamente- constituye el más importante progreso en el tema de las violaciones contra los derechos humanos desde que, en febrero de 1991, el Presidente Aylwin presentara al país el informe de la Comisión Rettig. Si en esa ocasión el Estado chileno reconoció y cuantificó el número de víctimas de la violencia política y de detenidos-desaparecidos durante el régimen militar, ahora es la mesa, con una legitimidad incuestionable, la que ha acordado una fórmula para buscar los restos de los desaparecidos. Si Chile logra materializar el espíritu de esta instancia, y los mecanismos rinden frutos, el país podrá comenzar a dejar el pasado atrás y, por primera vez en muchos años, concentrar sus energías en el futuro. Los logros alcanzados por la mesa no dicen relación solamente con los mecanismos que consensuaron para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Si bien fue complejo acordar un mecanismo de búsqueda e información, que ahora queda en las manos de las Fuerzas Armadas y cuyo resultado será evaluado en seis meses más por el Presidente Lagos, cabe destacar también el reconocimiento histórico al que llegaron los miembros de dicha instancia. Tanto los representantes de las distintas ramas de las FF.AA., especialmente del Ejército, como los actores políticos y abogados de derechos humanos admitieron las responsabilidades históricas que le cupo a cada sector en los hechos anteriores al 11 de septiembre de 1973. La capacidad de reconocer los errores propios en un pasado turbulento es tan destacable, para el país, como encontrar los restos de los desaparecidos. No es menor que representantes de posiciones tan antagónicas en la historia reciente hayan sido capaces de sentarse a una misma mesa. Para el Ejército, reconocer explícitamente los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar conlleva una innegable cuota de coraje, a la vez que confirma su deseo de colaborar para que la institución pueda mirar hacia el futuro. Todo esto con el acuerdo de proteger la identidad de los que aporten antecedentes y no vincular institucionalmente a las FF.AA. Los abogados de derechos humanos, por su parte, también exhibieron una loable postura, al arriesgar incluso las críticas de los propios familiares de detenidos desaparecidos. El ejemplo más elocuente, en este sentido, lo ofreció el abrazo que se dieron, al cerrar el acuerdo, la abogada Pamela Pereira ­hija de un detenido desaparecido­ y el general Juan Carlos Salgado, en circunstancias que en la primera sesión de la mesa ella se negó a darle la mano al representante del Ejército. En la concreción de este acuerdo, sin embargo, no sólo fue clave la disposición de los integrantes de la mesa a sentarse a dialogar. Determinante en el curso de la mesa fue el papel del Presidente Ricardo Lagos, quien no esquivó su responsabilidad e intervino directamente para que el proyecto prosperara. Del mismo modo que, en su momento, el Presidente Aylwin se jugó desde su cargo por la Comisión Rettig e intentó, infuctuosamente, hacia el final de su gobierno, impulsar una ley para cerrar políticamente la transición, hoy Lagos ha dado muestras de comprender cuán importante es el rol presidencial en la consecución de acuerdos de esta envergadura. Estrechando lazos con el general Izurieta, La Moneda allanó el camino para que los uniformados aceptaran llegar a un acuerdo, bajo la premisa de que las instituciones castrenses también necesitan hacer su propia transición y delinear un Ejército "post-Pinochet". Esencial en este sentido fue la reunión privada que sostuvieron el jefe castrense y el Mandatario durante el viaje que los llevó a Iquique, para celebrar el 21 de Mayo, y la directa intervención de Lagos en la gestación del acuerdo, a través de sus reuniones con los comandantes en jefe, así como el monitoreo personal con otros miembros de la mesa. Algo muy diferente a lo sucedido durante la pasada administración, etapa en la cual el Presidente Frei delegó en el entonces ministro de Defensa y creador de la mesa, Edmundo Pérez Yoma, la total responsabilidad por el curso que ésta tomara, para no comprometer su figura en un eventual fracaso de la iniciativa. Al no arriesgarse, demostró una ausencia de liderazgo que contrasta con la de su antecesor y sucesor. Hoy el país tiene una oportunidad única para cerrar uno de los capítulos más complejos de la transición: encontrar el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Si bien los escépticos ven esta iniciativa como una instancia más para un dilema histórico sin solución, lo cierto es que el futuro de los acuerdos dependerá de la prontitud con que el Congreso convierta en leyes los puntos clave del documento, de las propias iniciativas internas del Ejército para recopilar la información y de que el mundo político aporte la misma cuota de mesura y apertura al diálogo que demostraron los miembros de la mesa. Lo que durante diez años de democracia la ciudadanía le ha pedido al poder político -ser capaz de dar vuelta la página del pasado- comienza a aparecer como una meta más cercana, sin tener para ello que negar lo ocurrido en la historia reciente.

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