La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile rechazó ayer con dureza el acuerdo firmado por el Ejército, abogados de derechos humanos y el Gobierno para dar con el paradero de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet cuyo destino se desconoce, porque entiende la asociación que ese acuerdo supone la entrada en vigor de una ley de punto final encubierta.
El acuerdo de la Mesa de Diálogo establece que los militares tienen un plazo de seis meses, prorrogables, para entregar información sobre el paradero de los disidentes políticos de la dictadura cuyo rastro se perdió cuando cayeron en manos de la Policía Secreta de Augusto Pinochet.
La presidenta de AFDD, Viviana Díaz, lamentó este hecho y dijo que «el acuerdo no nos representa porque es una ley de punto final encubierta sobre el tema de los detenidos desaparecidos y por eso no lo respaldaremos».
Díaz se mostró escéptica con la posibilidad de que los militares proporcionen información sobre el destino de los desaparecidos. «No lo han hecho en 26 años y si no se les garantiza impunidad, no lo van hacer ahora tampoco».
Uno de los abogados querellantes en el caso de la caravana de la muerte, Hugo Gutíerrez, acusó al Gobierno de estar «de alguna manera violando la Constitución Política» al otorgar a los militares la responsabilidad de investigar el paradero de las víctimas de la dictadura cuando es una atribución propia de los tribunales. Incluso interpretó el acuerdo como un salvavidas para Pinochet y los responsables de violaciones a los derechos humanos, algo que ha sido descartado por el presidente de Chile, Ricardo Lagos.