«Hemos sido muchos los españoles amigos y admiradores de Chile que hemos opinado claramente en contra» del arresto de Pinochet, aseguró Fraga. Tras recordar que precisamente él fue el primero en oponerse desde España al procesamiento de Pinochet, por lo que recibió numerosas críticas, el presidente gallego insistió en que «el deseo de España en este terreno es el de invertir en afecto, comprensión y cooperación con Chile. Lo demás es una pura anécdota que incluso tiene algunos caracteres humorísticos».

Fraga, antes de partir hacia Chile, donde inició ayer una visita de tres días (el primer viaje oficial de un cargo público español desde que estalló el caso Pinochet), mantuvo un encuentro con el ministro de Exteriores, Josep Piqué, para que le definiera la actual postura del Ejecutivo ante Pinochet.

En España no se hicieron esperar las reacciones a sus palabras. La secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Teresa Fernández de la Vega, dijo que Fraga «siempre acaba diciendo lo que piensa el PP».

El secretario general de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Touriño, señaló que «a Fraga le traiciona su condición de ex ministro de una dictadura y por esta razón no asume que la democracia exige que los atentados contra la vida y los derechos humanos tengan su reparación».

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, dijo que las palabras de Fraga son la confirmación de que el Gobierno realizó «un doble juego, que era respetar la independencia de los tribunales y colaborar con ellos, pero en el fondo nunca apoyó» la actuación de Garzón.

Por su parte, Diego López Garrido, secretario general de Nueva Izquierda, declaró a Europa Press que el PP debería puntualizar «de inmediato» las declaraciones de Fraga porque, a su juicio, han puesto en evidencia la actuación del Gobierno y dijo sentir «estupefacción» por esas «sonrojantes» manifestaciones.

Walter Riesgo, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile (donde Fraga pronunció un discurso tras opinar de Pinochet), aseguró que si el ex dictador llega a ser juzgado en su país, los empresarios chilenos mantendrían «la misma lealtad» y la misma «beligerancia» mostradas durante los 503 días en los que estuvo retenido en Londres. Añadió que su obligación es la de «ser patriotas» con un Gobierno -el de Pinochet- que les «devolvió las empresas nacionalizadas por otro Gobierno marxista», en referencia al de Salvador Allende.

Mientras tanto, en Chile se ha desatado la polémica por el acuerdo al que llegó el pasado martes la Mesa de Diálogo (integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, abogados de derechos humanos y miembros de la sociedad civil) para localizar los restos de más de 1.000 desaparecidos durante la dictadura, según informa Claudio Betsalel.

La información, según se pactó, será recabada internamente por los militares sin revelar la identidad de los informantes, lo que imposibilitaría en la práctica la acción de los tribunales en su contra.

El acuerdo ha generado una inédita división en las filas del centroizquierda y en las organizaciones de derechos humanos. Mientras una de sus principales artífices, la abogada Pamela Pereira, hija de un detenido desaparecido, ha negado tajantemente que el convenio implique un carpetazo a las violaciones de derechos humanos, en gran parte de sus antiguos compañeros de lucha se ha instalado un ácido escepticismo. Hugo Gutiérrez, uno de los abogados querellantes en el caso Pinochet, rechazó «categóricamente» el entendimiento con los militares, definiéndolo como «una ley de punto final encubierta».