Ninguna disidencia o protesta fue tenida en cuenta durante las 34 horas de maratoniano debate que deja especialmente a las Fuerzas Armadas con la palabra, por lo menos durante seis meses, en una de las cuestiones más sensibles de los derechos humanos: conocer el paradero de 1.100 desaparecidos.
Si bien el Ejército ya se ha puesto el «parche sobre la herida» al dejar constancia en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos de que no tiene la información requerida, ha manifestado también su disposición a buscarla. Apenas se supo el abrumador acuerdo en el Congreso, el representante del Ejército en la Mesa de Diálogo y firmante del acuerdo final de esta instancia, el general Juan Carlos Salgado, declaró que los mecanismos de «búsqueda de información» se realizarán con la máxima reserva, «ya que se trata de motivar y proteger a los informantes».
Sin embargo, lo más paradójico en este asunto es que los disidentes del acuerdo nacional son precisamente los familiares de las víctimas de la dictadura. Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y la de ejecutados políticos no están dispuestas a aceptar este acuerdo por temer de que pueda convertirse en una «ley de punto final». Con este planteamiento se opusieron a la Mesa de Diálogo, causaron graves incidentes en el Congreso y se entrevistaron con el presidente socialista Ricardo Lagos.
Sin embargo, estas organizaciones han quedado un poco aisladas en esta larga lucha, porque todos los sectores políticos quieren lograr «un acuerdo ahora» para terminar la transición democrática y avanzar en las reformas constitucionales.
CERRAR LA TRANSICIÓN
Por ello se escuchó a los portavoces de partidos antagónicos hablar el mismo idioma. Mientras el presidente de Renovación Nacional, el pinochetista Alberto Cardemil, opinó que el acuerdo significa que «aquí empieza a producirse el cierre de la transición», el ministro de Interior, el socialista José Miguel Insulza, que fue perseguido durante el régimen militar, dijo que el proyecto no era una ley de punto final ni una intromisión en la Justicia sino que busca «cumplir con una obligación de Estado»: encontrar a los detenidos desaparecidos.
Por el contrario, para Viviana Díaz, presidente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, «la ley de reserva de identidad se asemeja a un perdonazo de seis meses para quienes tienen información sobre nuestros parientes».
Para los políticos, sin embargo, el punto de la paz es el que más interesa hoy a todos los sectores. A la derecha, porque piensa que por este camino puede llegar a resolver el caso de los desaparecidos para poder abandonar definitivamente su pasado pinochetista. Al Gobierno, porque podría abrir una vía para concretar las necesarias reformas políticas. Al Ejército, porque desea dar comienzo a una nueva época en su historia. Al sector económico, porque todo el confuso ambiente actual le está impidiendo planificar sus inversiones.
La ley será ley si la iniciativa no sufre tropiezos. No hay que olvidar que las agrupaciones disidentes la han impugnado por anticonstitucional en un tribunal santiaguino, que aún tiene que resolver la cuestión. Tampoco debe dejarse de lado el escepticismo de los chilenos en esta materia. El 63,6 por ciento no cree que las FF.AA. hagan esfuerzos reales para encontrar detenidos desaparecidos, según reveló una encuesta del diario «Las Últimas Noticias».
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